En la Cámara de Diputados de la Nación, esta semana será clave para la sanción de proyectos de enorme relevancia política y económica, aunque existe mucha incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir con el debate del Presupuesto 2025. Lo que sí está confirmado es que se votaría el proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que impide a personas condenadas en doble instancia, ser candidatos a cargos electivos, un proyecto que parece hecho a la medida de la exvicepresidenta condenada por corrupción, Cristina Kirchner.

De acuerdo con el portal Parlamentario, este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, diputados buscarán dictaminar para poder ir al recinto. Sin embargo, aparecen trabas a la sanción del proyecto que impulsa el oficialismo en la Cámara baja, por los reclamos de los gobernadores que no están siendo escuchados por la Casa Rosada.

Si el oficialismo consigue un dictamen y el proyecto queda habilitado para su votación, se convocaría al jueves 21 para lograr la media sanción.

Pero en el día previo, habrá un debate áspero y una posible votación que sería histórica: el Pro y La Libertad Avanza solicitaron una sesión especial el miércoles 20 para tratar finalmente el proyecto de ficha limpia. Desde las 12 se trataría el proyecto que, de convertirse en ley, impedirá a Cristina Kirchner ser candidata en 2025, a escasos días de confirmarse su condena por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez.

Respecto del proyecto de ficha limpia, hay cuatro dictámenes. El de mayoría, suscripto por el oficialismo y bloques de la oposición “dialoguista”, es decir el PRO, la UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y el bloque Creo, establece la prohibición para que se postulen a cargos nacionales, personas condenadas por corrupción (en primera instancia y ante la cámara de apelaciones)

El texto del dictamen mayoritario establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

En el proyecto se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria tiene un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia (triple instancia) e incorpora los delitos económicos. Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi, del Frente de Izquierda.

Por otra parte, si se consigue el dictamen del Presupuesto este martes, entre el jueves y la madrugada del viernes, tendría media sanción el proyecto del Presupuesto 2025. Para el mismo día la oposición espera realizar la sesión “prorrogada” del martes pasado, en la que se intentó dar media sanción al proyecto para modificar la ley 26.122 que regula el funcionamiento de los DNU y la anulación del DNU 846/24 de canje de deuda.

Pero ambos temas están correlacionados: si hay acuerdo con el Presupuesto 2025, como pretende la Casa Rosada y algunos gobernadores, se caerá la segunda sesión para limitar la ley que permite al presidente Javier Milei, gobernar por medio de DNUs y para derogar el decreto que permite al gobierno renegociar la deuda externa sin cumplir con la ley de administración financiera. Por el contrario, si no hay acuerdo con el Presupuesto, se realizará esa sesión que podría volver a caerse gracias al apoyo que obtuvo Milei por parte del PRO, la UCR oficialista, diputados peronistas “con peluca” y que legisladores responden a partidos provinciales.

Es que algunos de los diputados que responden a gobernadores decidieron no dar quorum a la sesión para tratar proyectos que limitan el poder de Milei –hasta la fecha firmó 46 DNUs, entre ellos el 70/23 de desregulación de la economía–, con la promesa del gobierno de acceder a los planteos de reformas del Presupuesto 2025 y avanzar con el debate y la media sanción.

Sin embargo, estaría mutando la postura de los gobernadores que necesitan el presupuesto y convencieron a los diputados necesarios para impedir el quórum. El oficialismo confiaba en tener el dictamen el jueves pasado, pero fracasaron las negociaciones y los gobernadores se mostraron muy molestos porque ninguno de los planteos que hicieron sobre la coparticipación fue concedido.

De hecho, diversos medios nacionales aseguran que el Gobierno de Milei no cede en materia de obras, cajas previsionales, ATN (Aportes del Tesoro Nacional), funcionamiento de la ARCA (exAFIP) Por tal motivo, el jueves no hubo dictamen.

En consecuencia, los gobernadores pretenden llegar a la reunión de Presupuesto y Hacienda prevista para este martes a las 15 con algún avance en los acuerdos. La oposición dialoguista quiere que se sancione el Presupuesto, mientras que el gobierno nacional no parece muy interesado en el tema, porque de no haber sanción, se podrá prorrogar el Presupuesto 2023 (prorrogado este año), lo que le permitiría a Milei, más discrecionalidad en el manejo de los recursos.

Sin embargo, si no hay dictamen martes o miércoles y vencen los tiempos, los gobernadores que mandaron a sus diputados a respaldar al gobierno sobre la reforma de la ley 26122 y el DNU 846/24 podrían avalar que haya quorum en la sesión del jueves y la oposición avanzaría contra los DNU de Milei.

En la convocatoria para la sesión del miércoles, el temario incluye un proyecto que establece el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el que restituye el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior, promovido por Cambiemos durante esa gestión y derogado por el expresidente Alberto Fernández.