A partir del 1° de enero del 2025, la Policía de Misiones empezará a cobrar un nuevo impuesto creado por una resolución del Ministerio de Gobierno provincial, es decir, sin una ley que avale el canon. Así lo denunció el diputado provincial y nacional (mandato cumplido), Luis Pastori, a través de un crítico documento dado a conocer en las últimas horas.  

“Nos enteramos a través de los medios que a partir del 1° de enero de 2025, la Policía de Misiones comenzará a cobrar un nuevo tributo denominado ‘Tasa Retributiva y Sistema de Estampillado en Certificaciones Policiales Varias’ creadas por una simple Resolución, la N° 619/24 del Ministerio de Gobierno y completada por Disposición N° 1117/24 de la Jefatura de Policía, obvio sin ninguna ley que lo avale”, denunció Pastori.

“Es así que quedan alcanzadas por esta medida trámites como: exposiciones varias, declaraciones juradas, constancia de no emisión de sufragio, certificaciones de firmas, certificación de fotocopias, certificados de residencia a extranjeros, certificados de domicilio, certificados de convivencia, certificados de supervivencia y constancias varias”, amplió el contador público nacional.

De acuerdo con el exdiputado, “el monto a abonar será de $ 1.500 por cada trámite, con ajustes semestrales en enero y julio, a través de estampillas que se deberán adquirir por los medios de pago habilitados.”

En tono crítico sobre esta resolución del Ministerio de Gobierno, Pastori insistió en que la tasa que empezaría a cobrar la Policía de Misiones es ilegal, porque carece de una ley que la respalde. “El principio de legalidad: no hay tributo sin ley, está contenido en los artículos 17, 19, 52 y 75 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional (CN). Este principio es aplicado en las provincias y municipios ya que deben conformarse a aquellos contenidos en la CN y a las propias constituciones provinciales.”

“Una vez más, Misiones da la nota negativa escalando en la ya de por sí excesiva gravosidad de su sistema tributario al imponer al ciudadano una nueva carga por trámites que no debieran cargarse al ciudadano ya atribulado por tantas exigencias de pago y, además, de una manera absolutamente inconstitucional violando toda garantía que es también, un derecho humano”, sentenció Pastori.