Un alquiler millonario en el que el locador es un funcionario de la justicia federal de Posadas, enciende las alarmas sobre los niveles de institucionalidad que existen en la provincia de Misiones, donde un secretario de la Defensoría Pública Oficial del Ministerio Público ante el Tribunal Oral en lo Criminal de la capital provincial, es el locador del inmueble en el que funciona la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar.

Según consta en el Decreto N° 1620/24, que apareció en el Boletín Oficial N° 16243, publicado el jueves 21 de Noviembre de 2024, en el marco del “expediente N° 7700-118/2024”, sobre la renovación del contrato de alquiler del inmueble en el que funciona la secretaría que preside Marta Ferreyra, se definió aprobar el mismo hasta febrero del 2025. Y uno de los locadores es el secretario de la Defensoría Pública Oficial del Ministerio Pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas, Luis Francisco Errecaborde.

El documento difundido sobre la “renovación contrato de alquiler inmueble Bolívar 1.436 – Luis Errecaborde”, sostiene que “a través del mencionado expediente la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, eleva las presentes actuaciones, relacionadas con la contratación del inmueble para funcionamiento de las oficinas de Despacho de la Sra. Secretaria de Estado, Dirección General Administrativa, Dirección de Asuntos Jurídicos y Área de Prensa dependientes de dicho organismo”.

Las partes del contrato de locación de inmueble, según el decreto 1620/24, son “el Gobierno de la Provincia de Misiones, representado en este acto por la Señora Secretaria de Estado de Agricultura Familiar Marta Isabel Ferreira” y “el Sr. Luis Francisco Errecaborde y la Sra. Silvina Gabriela Oliva (…), en carácter de propietarios (…)”. Y la vigencia del alquiler es “a partir del 1° de Agosto del 2.024 hasta el 31 de Enero del 2.025, con un canon locativo mensual $ 1.174.000,00 (…)”

Según el decreto en cuestión “no existen inconvenientes de orden legal”, y “atento al término de duración del presente Contrato de Locación, los gastos emergentes del mismo incidirán en el Presupuesto Vigente y del año 2.025, por lo que se solicitó la intervención del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos”.

En tanto, “la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha emitido dictamen de su competencia” y el gobernador Hugo Passalacqua decretó aprobar “en todas sus partes el Contrato de Locación del Inmueble suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Misiones, representado por la Sra. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar Marta Isabel Ferreira (…) por una parte y el Sr. Luis Francisco Errecaborde (…) y la Sra. Silvina Gabriela Oliva (…), por medio del cual acuerdan el Contrato de Locación del Inmueble ubicado en calle Bolívar N°1.436 de la Ciudad de Posadas, por la suma mensual de $ 1,174.000,00 (…) durante el período del 01 de Agosto de 2.024 al 31 de Enero de 2.025, de conformidad con lo establecido en el los Artículos 47° Inciso c) y 85° apartado 3 - inciso j) de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”

Por su parte, el artículo 3° del decreto 1620/24 establece “que el Inmueble locado será destinado para el funcionamiento del Despacho de la Sra. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, oficinas de la Dirección General Administrativa, Dirección de Asuntos Jurídicos y Área de Prensa dependientes de dicho organismo.”

Fuentes del fuero local consultadas, admitieron que este vinculo contractual implicaría, como mínimo, que el mencionado secretario de la Defensoría Pública Oficial del Ministerio Pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal, Luis Errecaborde, debería inhibirse de intervenir en cualquier causa que involucre a la secretaría de agricultura familiar o a su titular Marta Ferreira, por conflicto de intereses.

“No debería ser funcionario el locador, pero es usual que pase, deconstruir este tipo de prácticas va a ser muy difícil en Misiones. Si se hila fino es probable que haya varios tipos penales, lo que no hay es instituciones –poder judicial– que persiga estas conductas”, explicó un abogado consultado por Agencia Hoy, sobre las implicancias de este contrato de alquiler, que no es una excepción en Misiones.

Y en estricta reserva, mencionó que en el poder judicial, habría un “montón de inmuebles” que se alquilan y pertenecen a funcionarios judiciales o sus parientes, pero se estaría disfrazando el vínculo, para darle una apariencia de legalidad.

Otra fuente tribunalicia comentó a este medio que el contrato, “es mínimamente sospechoso” y que “por los montos, debería haber una licitación pública”. En tanto, añadió que Errecaborde, legalmente tendría que inhibirse en toda causa que involucre a la secretaria de agricultura familiar Marta Ferreyra o al organismo provincial.