El amparo que dictó la jueza en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín (Buenos Aires), que preside la Dra. Martina Isabel Forns, contra la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad que impulsa el gobierno ultraderechista de Javier Milei, constituye “un respiro”, pero no la solución a la crisis que sufre el organismo, cuyos trabajadores siguen en incertidumbre y con riesgo de perder su fuente laboral.
En diálogo con LT4 y Agencia Hoy, el secretario gremial del sindicato de trabajadores viales, Aldo Ayala explicó que la medida suspensiva por seis meses, resulta un alivio, aunque no la solución de fondo que reclama el sector. Al respecto, Ayala aclaró que siguen trabajando para que el Congreso declare nulo el decreto 461/2025 firmado por el presidente liberticida Milei, y porque se declare la emergencia vial nacional.
En diálogo con LT4 y Agencia Hoy, el secretario gremial del sindicato de trabajadores viales, Aldo Ayala explicó que la medida suspensiva por seis meses, resulta un alivio, aunque no la solución de fondo que reclama el sector. Al respecto, Ayala aclaró que siguen trabajando para que el Congreso declare nulo el decreto 461/2025 firmado por el presidente liberticida Milei, y porque se declare la emergencia vial nacional.
Dejando en claro que el sindicato al que pertenece también se presentó ante la justicia contra la disolución de la DNV, pero el juez se declaró incompetente, Ayala consideró que este fallo que suspende el decreto por 6 meses, “es por lo menos un respiro para todos los trabajadores en cuanto a lo que se viene hablando, que es la cesantía o el pase de disponibilidad de los agentes.”
El vocero presidencial Adorni anunció que el gobierno nacional apelará el fallo y Ayala aclaró que no está al tanto de los pasos legales a cumplirse. “Creemos que es una bocanada de oxígeno más para los agentes que eran los que estábamos preocupados por la incertidumbre como trabajador. Nosotros veníamos realizando nuestras tareas por más que salió el decreto. Como no había un trámite administrativo, seguíamos trabajando como Dirección”, aclaró Ayala.
En cuanto al plan de lucha de los trabajadores de la DNV, el referente sindical subrayó que tienen que “seguir trabajando para tratar de conseguir que en ambas cámaras (del Congreso de la Nación) se derogue el decreto. Esto también da un puntapié inicial a lo que nosotros veníamos trabajando con anterioridad que era declarar la emergencia vial”, detalló Ayala, insistiendo en que esa declaración permitiría al organismo, “volver a tener su presupuesto y poder trabajar normalmente”
Repreguntado, Ayala remarcó que desde la publicación del decreto 461/25 recibieron el apoyo de otros trabajadores y gremios estatales, que están en situaciones similares y de los que pertenecen al INTA, al INTI, a la Agencia de Seguridad Vial, la CNRT (Comisión Nacional Reguladora del Transporte), y de autoridades provinciales.
En cuanto a los efectos de la disolución de Vialidad que impulsa el gobierno liberticida, Ayala explicó: “somos un organismo puramente técnico. Lastimosamente nos vimos afectados a una decisión política. Se nos ha demonizado, se ha dado a conocer datos totalmente erróneos en cuanto a lo que hacemos, la tarea administrativa y técnica que hacemos. Si bien es cierto que en algunos lugares del país se encuentran en mal estado las rutas nacionales, también hay que (pensar) lo que podría llegar a pasar sin la presencia de la Dirección Nacional de Vialidad”, puntualizó.
“Hoy en día el país cuenta con 40.000 kilómetros de rutas, solo 9.000 son concesionadas, quiere decir que el resto (31.000 kilómetros) no son rentables para una empresa privada. Entonces sí o sí tiene que tener la presencia del Estado y es a través de la Dirección Nacional de Vialidad”, enfatizó Ayala, añadiendo que en Misiones, hay 140 agentes repartidos entre Posadas, Oberá, Irigoyen, Iguazú y otros “campamentos” de Vialidad.
Al respecto de la labor que desarrollan los trabajadores misioneros de la DNI, Ayala precisó: “No hay que olvidarse que por parte de administración nos hacemos cargo del mantenimiento, mejoramiento, conservación de lo que es la ruta nacional 101, desde Irigoyen hasta Iguazú en la que está la parte de Parque Nacional”, y “la ruta 14 también es todo por parte de administración”, detalló Ayala.
“Continuamos a lo largo del tiempo igual. Los muchachos seguían realizando las cuadrillas de colocación de señalamientos; los que hacían mantenimiento y conservación también; las balanzas siguieron trabajando; todo aquel operativo que tenía que salir a recabar datos, también salía. O sea, seguimos realizando nuestra tarea. Con la incertidumbre de por ahí volver o recibir alguna mala noticia”, subrayó Ayala.
Cabe recordar que a partir de la asunción del gobierno liberticida de Milei, la DNV fue prácticamente desfinanciada y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), es retenido y desviado a otros fines distintos de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, que es la asignación específica, establecida por ley para ese canon.
En el marco de las facultades delegadas que le confirió la Ley Bases al gobierno de Milei –un proyecto votado por la mayoría de los diputados nacionales que responden a gobernadores– la administración nacional decidió disolver numerosos organismos nacionales, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad.
