La reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ordenada por el presidente ultraderechista Javier Milei, cuya hermana, Karina Milei, está sospechada de quedarse con un retorno del 3% en las contrataciones del organismo que presidía Diego Spagnuolo, fue duramente cuestionada por una referente del sector de los prestadores precarizados en salud y educación. Según el Boletín Oficial, la disolución de la ANDIS y su absorción por el Ministerio de Salud, fue ordenada por del Decreto 942/2025.
En diálogo con LT4, Jazmín Kinder puso de relieve que esta medida implica una reorientación profunda de las políticas públicas, además de un intento de ocultamiento del escándalo por las coimas revelado por los audios de Spagnuolo. Según Kinder, que el Ministerio de Salud de la Nación absorba las funciones de la ANDIS, conlleva a concebir a la discapacidad únicamente como una cuestión de salud, lo que viola tratados internacionales firmados por Argentina, que conciben la problemática de manera integral, teniendo en cuenta los aspectos educativos y sociales de la integración de las personas con discapacidad.
Con la disolución de la ANDIS, ordenada por decreto presidencial, “quedan más dudas que certezas”, sostuvo Kinder, quien planteó que esta medida va en línea con las resoluciones de este gobierno, que, por ejemplo, discrimina a las personas con discapacidades cognitivas, al considerarlos “idiotas”
“Al disolver la ANDIS, que tenía a su cargo la totalidad de las políticas públicas de discapacidad y dejarla bajo el ámbito del Ministerio de Salud, nos dicen que toman a la discapacidad solo como una cuestión de salud. Cuando la discapacidad es una cuestión transversal a toda la vida que involucra aspectos sociales, aspectos educativos, aspectos de transporte, laborales. O sea, no se reduce la discapacidad solamente a una cuestión de salud”, alertó Kinder.
En esta línea, la referente de los precarizados del sector de discapacidad consideró: “el gobierno está tomando una postura que es ajena al modelo social de la discapacidad y que se distancia de todos los tratados internacionales a los cuales había adherido nuestro país con anterioridad”.
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Por otra parte, Kinder planteó dudas o reparos sobre lo que sucederá con los predios de la ANDIS, con los trabajadores de la agencia y con la propia ley nacional de emergencia en discapacidad, que fue sancionada y Milei incumple. “¿Qué va a pasar con los predios, por ejemplo, los predios que hay de la ANDIS en la ciudad de Buenos Aires? ¿Para qué van a quedar? ¿Se van a vender? ¿Qué va a pasar con la ley de emergencia de discapacidad?”, enfatizó.
“Una de las grandes responsables de que se cumpla esa ley era ese organismo”, recordó Kinder y aclaró que en la Agencia, ya estaban dándose numerosos despidos de trabajadores.
“¿Y qué va a pasar con el escándalo (de las coimas)? Porque si por el escándalo supuestamente cierran la ANDIS, pero sigue Karina Milei en el centro del poder político ¿cuál es el sentido? Me parece es más tratar de poner el escándalo bajo la alfombra”, fustigó.
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Repreguntada sobre que planea hacer el colectivo en discapacidad frente a esta nueva medida del gobierno ultraderechista contra el sector, Kinder contó que el mismo 30 de diciembre, cuando se anunció oficialmente la disolución de la ANDIS, se hizo una asamblea vía Zoom, con un centenar de personas y resolvieron llevar adelante una serie de acciones de visibilización.
Para empezar, el colectivo del sector de discapacidad definió sumarse a la marcha de los jubilados en el Congreso, en CABA, el próximo miércoles 6 de enero. “Esa misma semana, tenemos otra asamblea donde vamos a trazar por ahí alguna cuestión más específica”, detalló Kinder, insistiendo en que, pese a la fecha, se mantuvo masividad en la reunión virtual del sector.
En cuanto a si la disolución de la ANDIS, pone en peligro las prestaciones, Kinder trazó un duro panorama. “Se supone que no (corren riesgo) pero ya han dado algunos indicios, sobre todo para lo que son las prestaciones educativas. Durante el mes de septiembre tuvimos un aumento muy inferior de lo que mencionaban en la ley de emergencia en discapacidad, que todavía está sin cumplirse”, contó la referente.
Esa recomposición salarial –según Kinder– debió ser del 60 o 70%, según lo estipulado en la ley que fue vetada por Milei e insistida por el Congreso. Sin embargo, “se hizo un aumento diferenciado lo que son prestaciones de salud y lo que son las prestaciones educativas”, detalló Kinder, señalando que el aumento fue de menos del 30% para estas últimas y del 35% para todas las demás.
Tal discriminación salarial a prestadores en discapacidad, “no nos parece inocente, porque justamente las prestaciones educativas que son el módulo de maestra de apoyo, la maestra integradora y demás, son las prestaciones más masivas y más caras, entre comillas. Y es un tipo de prestaciones que la CGT como sector que maneja obras sociales, hace rato quiere sacarse de encima”, denunció Kinder.
“Hace bastantes años vienen hablando de que no quieren sostener más estas prestaciones por lo caras que son y porque no hacen a la salud. Niega el concepto de salud integral donde está incluida la cuestión educativa y la cuestión social, que hacen a las prestaciones educativas. Entonces, en medio de un contexto en el que el gobierno está negociando con la CGT la reforma laboral, no me parece inocente que le hayan dado un guiño a la CGT aumentando, menos la prestación de maestro de apoyo”, fustigó la docente.
Y sumó otro dato sobre la situación: “En definitiva, el aumento fue de menos de 100 mil pesos. Estaban 307 mil y subió a 399 mil en tres cuotas”.
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En paralelo, las obras sociales con problemas financieros, o directamente intervenidas, demoran durante meses los pagos a los prestadores en el sector de discapacidad. “Hay obras sociales en ese momento que están intervenidas y eso dificulta mucho los pagos. Por ejemplo, lo que es IOSFA y la obra social de la policía federal. Son obras sociales que tienen muchísimos atrasos, pero por las intervenciones que tienen de parte del Estado. Y bueno, sabemos que la IOSFA está medio que en quiebra. Entonces, es muy incierto el panorama”, alertó.
Resumiendo sobre la cuestión, Kinder explicó: “no creo que directamente dejen de abonar las prestaciones, pero sí pasan muchas cosas que ponen en peligro las prestaciones, como por ejemplo esta cuestión del ANDIS, que decidía el directorio de prestaciones básicas, que dirimía los aumentos”, alertó.
Por último, Kinder apuntó a otra cuestión que hace a los prestadores de servicios a familias con discapacidad: la reforma fiscal que prevé el gobierno ultraderechista, eliminando el monotributo, justamente, la figura laboral que predomina en el sector. “Yo no creo que ningún prestador pueda sostener el pase (del monotributo) al régimen autónomo, porque se encarecería mucho”, dijo.
Y amplió: “no es solamente la cuota lo que encarecería de los aportes que están en el mínimo de 100 mil pesos por mes, sino que se empieza a tributar IVA, ganancias y un montón de cuestiones más que realmente dificultan muchísimo la prestación del servicio”, enfatizó Kinder, quien aclaró que “la retribución por la prestación del servicio no (se paga) todos los meses”.
