La semana pasada, en su requerimiento para indagar y detener el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal Franco Picardi describió un complejo entramado de corrupción que involucra el desvío de, por lo menos $37.000 millones, desde el Estado hacia cuatro droguerías, entre ellas la Suizo Argentina.
Esta trama incluye direccionamiento de compras, sobreprecios y posibles coimas por las que 15 empresarios, intermediarios y funcionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, serán indagados en los tribunales de Comodoro Py. Inclusive, se detectaron sobreprecios del 2000% en algunos medicamentos y el fiscal solicitó la indagatoria y detención contra Spagnuolo y otros 14 imputados.
Según publicó el portal El Ágora Digital, la investigación que lleva adelante el juez Sebastián Casanello, se originó a partir de la filtración de audios en los que Spagnuolo detallaba un esquema de coimas que involucra desde la droguería Suizo Argentina hasta el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, así como la participación del subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
El dictamen del fiscal Picardi, presentado tras meses de investigación bajo secreto de sumario, expone en detalle el funcionamiento de lo que define como una organización delictiva que operó sistemáticamente dentro de ANDIS y que quedó expuesta con los audios de Spagnuolo.
La red de coimas perjudicó especialmente a las personas con discapacidad beneficiarias del Programa Incluir Salud, destinado a quienes poseen pensiones no contributivas y carecen de otra cobertura médica. Aunque el dictamen de Picardi no menciona explícitamente los audios filtrados, el fiscal parece haber querido demostrar que no necesita esos audios como prueba para acreditar la existencia del esquema de corrupción.
Esto es clave, porque la defensa de Spagnuolo, encabezada ahora por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito que los audios no eran reales y que sospechaba del uso de inteligencia artificial. Ello pese a que los indicios en el expediente que señalan lo contrario y que dirigentes ultraderechistas como Fernando Cerimedo, ratificaron ante el juez los dichos del exfuncionario.
La causa, caratulada como “Denunciado: Milei Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles” (caso Nro. 158.564/2025), sigue su curso con el levantamiento del secreto de sumario y las citaciones a indagatoria dispuestas por el juez Casanello.
Los 15 citados deberán comparecer ante la justicia para responder por su participación en lo que el fiscal define como “graves hechos de corrupción” que perjudicaron especialmente a las personas con discapacidad, el sector más vulnerable de la población. Está previsto que este miércoles se concrete la indagatoria a Spagnuolo.
Un esquema de corrupción que salpica al macrismo
Según el análisis del fiscal Picardi, ANDIS funcionó como una agencia al servicio de intereses privados mediante un “esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas”. El mecanismo central de la maniobra se implementaba en el Programa Incluir Salud y utilizaba el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) como herramienta de aparente transparencia para ocultar las irregularidades.
La investigación sostiene que estas acciones se lograron mediante “acuerdos espurios” entre funcionarios de ANDIS y personas del sector privado vinculadas a droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Picardi señala que estas personas, de manera coordinada, integraron una organización delictiva para obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida”, en perjuicio de la administración pública y del sector poblacional con discapacidad.
El método distinguía entre compulsas de precios generales y compulsas especiales. Mientras en las generales participaban hasta 15 droguerías, en las especiales solo intervenían cuatro o cinco seleccionadas, lo que permitía inflar precios sin competencia real. A través de esta modalidad, se detectaron sobreprecios que en algunos casos alcanzaron el 115% del valor de mercado.
Al frente de ANDIS se encontraba Spagnuolo, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, cuando renunció poco después de la filtración de los explosivos audios, en los que se lo escucha decir que el 3% de las coimas, iban a parar a manos de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
La investigación revela que Spagnuolo recibió al menos $5 millones en efectivo de parte de Miguel Ángel Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz, supuestamente para financiar un viaje a Israel que finalmente no realizó. En un allanamiento, le fueron encontrados 80.000 dólares en una caja de seguridad, muy por encima de los 25.000 dólares que tenía declarados.
Dentro del organismo, el rol ejecutor principal recayó en Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, desde junio de 2024 hasta agosto de 2025. Garbellini ya había trabajado en ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019, y fue quien ejecutaba las órdenes que llegaban tanto de dentro como de fuera del organismo.
Pero quizás el dato más sorprendente es que una de las figuras centrales del esquema ni siquiera formaba parte de ANDIS. Pablo Atchabahian, exdirector durante el macrismo y actual gerente del Laboratorio Roche, operaba desde afuera dando órdenes sobre qué droguerías debían participar de las compulsas, a cuáles favorecer y a cuáles castigar.
El fiscal encontró en su celular una fotografía que se envió a sí mismo con instrucciones manuscritas: indicaba fraccionar pagos a ciertas droguerías y no pagar a otras seis, calificando al responsable de una de ellas como “bocón”. Atchabahian es hasta el momento el único detenido, con prisión domiciliaria.
Un coordinador de pagos y su red familiar
Miguel Ángel Calvete, representante del Instituto de Consumo Masivo, fungía como el verdadero “director para-estatal de ANDIS”, según la calificación del fiscal Picardi. Además, después de cada reunión con él, Spagnuolo visitaba Olivos (según figura en el registro de visitas a la residencia presidencial). Se detectó 3 veces esta “coincidencia”.
Calvete coordinaba pagos, gestionaba cobros para diversas droguerías y actuaba como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. Era quien se encargaba de gestionar “numerosos pagos indebidos” a diversos funcionarios del organismo.
La investigación reveló que Calvete compartía esta operatoria con su pareja, Guadalupe Muñoz, quien armaba planillas con el detalle de los pagos y participaba activamente en la distribución de dinero. En una conversación interceptada, cuando Muñoz preguntó para quién eran “cinco palos” en efectivo, Calvete respondió: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”, en referencia a Spagnuolo.
Pero el involucramiento familiar no termina ahí. Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel y funcionaria pública con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía desde septiembre de 2024, aparece en conversaciones con su padre que resultan reveladoras.
En un intercambio del 10 de septiembre de 2025, Ornella le pide a su padre que intermedie con Claudio de Ortopedia Alemana, y le dice que si todo sale bien le compra “una lambo, una granja, lo que quieras”. La respuesta de Miguel Ángel Calvete es contundente: “No hace falta…con el 3% a KM [Karina Milei] está perfecto”.
Cuando la justicia allanó su domicilio el 9 de octubre, le fueron encontrados a Ornella Calvete 700.000 dólares en efectivo que no pudo justificar. Días antes le había dicho a su padre que se justificaría diciendo “que se la prestó alguien por si entran acá y me ven con la mossssca”.
La investigación del fiscal Picardi destaca que buena parte de los protagonistas del esquema habían ocupado cargos en ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ya en febrero de 2022, cuando Javier Milei era solo un diputado, Garbellini creó un grupo de WhatsApp llamado “Museo” que integraban Patricio Rama, Mariano Caballi, Matías Palotti y Pablo Atchabahian. El grupo se autodescribía como “familia” y se dedicaba a buscar contactos políticos para volver a la función pública.
En diciembre de 2022, un año antes de las elecciones, comentaban: “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.
En enero de 2024, apenas asumido el nuevo gobierno, Mariano Caballi escribió: “La Agencia la va a manejar Diego Spagnuolo, el abogado de Milei. Hay que llegar a Karina, ella define todo”.
En ANDIS, otros funcionarios clave fueron Roger Grant, Coordinador de Gestión de Urgencias, quien ejecutaba los mandatos de Garbellini sobre qué droguerías participarían de las compulsas, y Eduardo Nelio González, Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, quien cumplía funciones informalmente desde antes de su designación en junio de 2025.
También desde afuera operaba Luciana Ferrari, exdirectora de Prestaciones Médicas durante el macrismo y actualmente empleada del Laboratorio Roche. A Ferrari le dieron usuario y contraseña para acceder al sistema de gestión de ANDIS, pese a no estar designada en el organismo, para que participara en los concursos de precios favoreciendo a las droguerías que distribuían productos Roche.
Las cuatro droguerías favorecidas
Cuatro empresas fueron las principales receptoras de los fondos públicos direccionados: Droguería Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. Según el juez Casanello, Génesis y Profarma se repartieron el 93% de los $30.000 millones en medicamentos en el marco de las compulsas reducidas. Por su parte, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51% en el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados.
Las conexiones entre estas empresas y los funcionarios involucrados son múltiples. Patricio Rama es director suplente de New Farma y tiene vinculaciones con Génesis, dirigida por Andrés Horacio Arnaudo. Rama y Arnaudo son amigos entre sí y de Calvete y Atchabahian.
De hecho, Droguería Génesis adquirió una camioneta Chevrolet Silverado y emitió dos cédulas de autorización para conducir a nombre de Pablo Atchabahian y Patricio Rama.
Por su parte, Alejandro Gastón Fuentes Acosta es presidente de Droguería Floresta, mientras que su pareja, Silvana Vanina Escudero, es presidenta de New Farma. Además, en noviembre de 2021, Patricio Rama le compró el 50% de las acciones de New Farma a Escudero, quien continúa en la firma.
El control sobre estas droguerías era total. Atchabahian se ocupaba personalmente de obtener los certificados para dar de alta a nuevas droguerías en el sistema, y decidía a cuáles “castigar” si no cumplían con lo acordado. En un caso, ordenó a Garbellini que no le pagaran en tiempo y forma a la droguería Dhiemo porque “están jugando mal”.
El fiscal Picardi documentó sobreprecios en múltiples medicamentos de alto costo. El caso más grave es el del Burosumab 20 mg, donde se detectó un sobreprecio del 115%: un medicamento de $21 millones terminó comprándose en $45 millones. El fiscal señala que “el único factor que explica la diferencia fue la deliberada exclusión de oferentes”.
Otros casos incluyen:
Burosumab 30 mg: sobreprecio del 100%
Guselkumab 100 mg: pasó de $3.700.000 a $5.160.000
Selexipag 8 mg: de $11 millones a $15 millones (diferencia de $4 millones)
Epoprostenol 1,5 mg: sobreprecio del 42%
Macintentan: de $5 millones a $9.800.000
De acuerdo con Infobae, el Macitentan utilizado para la hipertensión pulmonar, fue por mucho el caso donde la sobrefacturación parece más evidente. En noviembre de 2024, el principio activo se adjudicó a $411.764 en una compulsa general. Apenas tres días después, en una licitación reducida, la droguería New Farma logró vendérselo a ANDIS a un valor de $8.290.000 la unidad. Se trata de un sobreprecio del 2.013,28%
En tanto, otro caso emblemático mencionado por un productor argentino es el del Keytruda, un oncológico que se compró pagando entre $12 y $16 millones, cuando el producto nacional Pembrox se consigue hoy a $4,5 millones.
Además, cuando fueron allanadas varias droguerías, se encontraron heladeras y estanterías vacías, sin stock de medicamentos, lo que hace presumir que algunas actuaron como prestanombres sin capacidad real de provisión.
El fiscal Picardi identificó dos canales principales para el lavado de los fondos obtenidos ilícitamente. El primero sería Alan Pocoví, hijo del empresario mileísta Marcelo Pocoví y expareja de Zulemita Menem, quien habría blanqueado capitales mediante criptomonedas a través de la aplicación “Neblockshain”. Las transferencias las realizaba Calvete.
El segundo canal sería Sergio Mastropietro, empresario de aviación con larga trayectoria en el grupo SOCMA de la familia Macri y dueño de Baires Fly S.A. Las droguerías transferían fondos a Baires Fly supuestamente por “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves”, cuando en realidad se trataba de disimular el origen de los fondos.
Mastropietro visitó a Spagnuolo en su casa del country “Altos de Campo Grande” el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025, coincidiendo con Calvete y su esposa. Cabe destacar que Mastropietro fue quien presentó al narcotraficante Fred Machado con José Luis Espert, según menciona el fiscal, quien promete seguir investigando esa conexión.
Reuniones secretas y mochilas sospechosas
La investigación del fiscal Picardi se sustenta en múltiples elementos probatorios. En los cuadernos secuestrados en el allanamiento a la casa de Calvete aparecieron nombres de todos los involucrados y el detalle de operaciones. Estos cuadernos funcionaron como un registro de la operatoria ilícita.
Las cámaras de seguridad captaron a Spagnuolo saliendo de la vivienda de Calvete llevando una mochila en su espalda, coincidiendo con las conversaciones sobre la entrega de los $5 millones. En los chats entre Calvete y Muñoz se menciona la necesidad de hallar “un lugar disimulado” para entregar los “cinco palos”.
El libro de visitas del country registró las múltiples visitas de Calvete y su esposa a la casa de Spagnuolo entre junio de 2024 y mayo de 2025, así como las de Mastropietro. También se documentó la visita de Matías Litvanovich, director titular de una droguería, a la casa de Jonathan Kovalivker de la Suizo Argentina, presunto distribuidor de los sobres con las coimas.
En el caso de Garbellini, el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, se detectaron saldos de $4.000.000 en su tarjeta de crédito, muy por encima de su sueldo, y realizó refacciones en su casa de country de tal magnitud que el consorcio le impuso una multa de $22 millones.
Aunque el fiscal Picardi está trabajando en una resolución específica sobre el papel de la droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker, ya se conocen elementos significativos. Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, junto a su padre Eduardo, dueños de la droguería, fueron allanados al inicio de la causa.
Uno de los hermanos fue interceptado cuando intentaba huir con bolsos conteniendo millones en su auto, y otro hermano llevaba 266.000 dólares, mientras se encontró una caja fuerte abierta con restos de lo que parecían haber sido fajos de billetes.
El vínculo de los Menem con los Kovalivker es conocido, y según la investigación, hubo varias visitas del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem al empresario Jonathan Kovalivker en Nordelta. Sebastián Nuner Uner habría sido el nexo entre la Suizo Argentina y ANDIS, constituyendo un vector imprescindible en los negocios que manejaba la familia Kovalivker.
