Avanza la investigación judicial para dilucidar responsables de las 173 víctimas fatales de la administración de fentanilo contaminado, la mayor tragedia sanitaria del país, perpetrada bajo la actual administración de los ministros de salud Mario Lugones y de desregulación Federico Sturzenegger y se conoció una nueva e impactante revelación: Laboratorios Ramallo ocultaba resultados de contaminación bacteriológica para no frenar la venta del fentanilo.
La novedad que se conoció de la causa, apunta a una cadena de corrupción sistémica, en la que estarían involucrados Lugones y Sturzenegger como responsables políticos y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el organismo encargado en verificar la seguridad y salubridad de medicamentos y alimentos, en un contexto de desregulación de los controles sanitarios.
Según un informe del periodista Andrés Klipphan en Infobae, la nueva testigo detalló ante el juez Ernesto Kreplak la cadena de negligencia y falsificación. El testimonio describe cómo los protocolos de esterilidad eran acelerados para priorizar la venta, siendo lo más grave la prueba de ocultamiento.
De acuerdo con la publicación del diario Perfil, la testigo relató que, aun cuando los análisis daban positivo para contaminación, “se sabía que se vendían igual”, con la justificación de que “había que vender”.
Los resultados microbiológicos positivos se anotaban en cuadernos que “desaparecían” cuando había rumores de inspecciones de la ANMAT. La desaparición de las pruebas vuelve a poner en foco este caso que golpea al sistema sanitario argentino.
La nueva declaración, sumada a los testimonios previos y a los chats internos incorporados al expediente, fortalece la hipótesis de que las irregularidades no fueron errores aislados, sino un sistema sostenido para mantener la producción, incluso cuando fallaban los controles.
Este descubrimiento se suma a la serie de allanamientos por parte del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal en la provincia de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe. Por caso, el operativo realizado la semana pasada, incautó más de 82 mil ampollas de fentanilo adulterado.
La investigación de Kreplak ya tiene 14 procesados —incluyendo dueños y directores— acusados de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un caso que ya es equiparado a las tragedias de Cromañón y Once.
Más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado, por el que se analizan 173 muertes, se recuperaron en el país durante estos seis meses de investigación tras una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe. En el caso de Misiones, las autoridades provinciales aclararon que ninguna ampolla contaminada llegó al territorio.
En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” y bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevaron varios operativos donde se incautaron más de 82 mil ampollas del opioide alterado.
La causa se inició hace medio año cuando la Justicia comenzó a recibir las primeras denuncias por posibles muertes ligadas al fentanilo, cifra que continuó en aumento. A raíz de los hechos, la ANMAT radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, alertando sobre irregularidades cometidas por alguno de los laboratorios proveedor.
La causa recayó sobre el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, que instruyó profundizar las tareas de investigación. Con el avance de la pesquisa se logró constatar que detrás del opioide adulterado con bacterias se encontraban los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al mega empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra detenido y procesado.
También fueron detectadas 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculadas a la distribución del producto, de los cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos. De este modo, las autoridades judiciales ordenaron allanamientos en los centros de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, los cuales concluyeron con el secuestro de más de 82 mil ampollas.
Todo el material secuestrado quedó al resguardo y bajo custodia en las instalaciones de la ANMAT, así como también fue puesto a disposición del magistrado interviniente.
