Avanza la investigación en la causa por los cuadernos de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, con una importante novedad: un exfuncionario indagado confirmó los sobreprecios en medicamentos y los arreglos con algunas droguerías.
Mientras Diego Spagnuolo intentaba este lunes embarrar la cancha con un peritaje privado que dice que fueron editados y manipulados los famosos audios donde se lo escucha describir la estructura de corrupción en la ANDIS y el reparto de porcentajes hacia altos funcionarios de la Casa Rosada, en los tribunales de Comodoro Py era indagado un hombre clave del organismo, el primero el romper una suerte de pacto de silencio mantenido hasta ahora.
Según informó el diario Página/12, se trata de Roger Edgar Grant, un exfuncionario que al aceptar contestar preguntas, confirmó la hipótesis del fiscal Franco Picardi según la cual la adjudicación de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en favor de un puñado de droguerías estaba digitada, así como la ejecución de los pagos y los sobreprecios.
Este exfuncionario, según pudo reconstruir Página/12, Grant apuntó a quien era su jefe, Daniel Garbellini, extitular de Acceso a los Servicios de Salud, y dijo que hacía lo que él le pedía. Es decir, apuntó a su superior en un intento de sacarse de encima responsabilidad. Asimismo, Grant contó que fue Garbellini quien lo llevó a ANDIS, donde fue nombrado el 11 de junio de 2024 como Coordinador de Gestión de Urgencias (dentro de Acceso a la Salud).
Grant y Garbellini habían trabajado juntos en la obra social OSPSIP, la del personal de Seguridad. Lo cierto es que, en base a lo que reflejan los chats entre ambos, al igual que los mensajes entre el propio Grant y el empresario lobista Miguel Ángel Calvete, la fiscalía lo mostró como un ejecutor de las maniobras que se investigan.
“Sabía quiénes iban o no a cotizar, manejaba los tiempos del proceso, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no a cotizar, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema y se interiorizaba sobre quiénes habían ‘podido’ cotizar”, sostuvo la fiscalía. Agregaba que además de “concretar los direccionamientos ordenados por Daniel María Garbellin”, figuraba en los cuadernos de Calvete.
Ante el juez Casanello y el fiscal Picardi, Grant declaró que Garbellini le señalaba cada cosa que tenía que hacer, y que él hacía, como a quiénes invitar a cotizar y a quiénes adjudicar, relataron a este diario allegados a la investigación. Por ejemplo, en uno de los diálogos que constan en la causa Garbellini le indica “el lunes dar de alta esta droguería en el sistema”.
Grant le informa luego que la puso “para la próxima compulsa” agrega los números de tickets y que “está en cotización, próximo a adjudicar”. En otro diálogo, ante consultas de su jefe, le dice que faltaban cotizar Disval y Hemipharm y le aclara que en las “especiales” solo había cotizado Génesis S.A, vinculada –entre otros—a Pablo Atchabahian, quien durante el gobierno de Mauricio Macri ocupaba el lugar de Garbellini. Las “especiales” eran compulsas truchas donde solo había cuatro droguerías ya determinadas: Génesis era una de ellas, y las otras Profarma S.A, New Farma SA y Floresta SA.
En los cuadernos de Calvete –ligado a múltiples droguerías- se encontró, entre otras cosas, una anotación del 4 de septiembre de este año que dice: “llamar (…) Roger por precios”. Calvete se vinculaba tanto con Spagnuolo como con Garbellini. Grant dijo que a Calvete se lo presentó su jefe.
Garbellini, más complicado
La semana pasada declaró también Eduardo Nelio González quien, aunque no contestó preguntas, también apuntó contra Garbellini. Relató que había llegado a ANDIS con una forma de trabajar que él no compartía y que por eso lo dejaron solo en una habitación haciendo trabajo administrativo. Su cargo, sin embargo, era clave: director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS (desde el 12 de junio de 2025, aunque previamente se habría manejado de manera informal).
Nelio González deslizó que tenía manejos cuestionables y aclaró que a Calvete lo conocía con anterioridad, de hecho habían conformado juntos la sociedad Proveedora Integral de Supermercados Chinos SRL. Un mundo muy pequeño.
Este martes debe declarar Luciana Ferrari, quien había sido entre 2018 y 2019 directora de Prestaciones Médicas. Al momento de la investigación trabajaba en Laboratorios Roche, de donde habría sido desvinculada. Tenía, desde el año pasado, una clave para acceder al sistema de ANDIS. También será indagado Federico Santich, gerente y accionista de Profusión SRL, pero estaría vinculado a Profarma S.A, firma donde se encontraba cuando fue allanada. Hay mensajes que dan cuenta de su relación con Calvete y de que le transferían millones para Profarma S.A.
Los audios del escándalo
La utilización de los audios como el puntapié que motivó una denuncia que luego dio inicio a la causa –jurídicamente se llama “noticia criminis”– ya fue cuestionada y las nulidades planteadas fueron rechazadas tanto por el fiscal Picardi como por el juez Casanello. Esa discusión está en la sala II de la Cámara Federal, que pronto podría firmar un fallo.
Pero el planteo, encabezado por la familia Kovalivker de la droguería Suizo Argentina, apuntaba más bien a denunciar violación a la intimidad pese a que en un comienzo habían pedido peritar los audios. Con algo más de tres meses de retraso, lo que intenta ahora la defensa de Spagnuolo, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, es decir que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, editadas y manipuladas con inteligencia artificial y que hubo escuchas ilegales también.
Ya era evidente que tenían al menos algunos cortes, porque no se escucha al interlocutor, que sería más de uno. No niega tampoco que la voz sea la de Spagnuolo, porque el mismo peritaje que aportó no puede determinarlo. Igual pide excluir los audios, como “fruto del árbol envenenado” y sobreseer al extitular de ANDIS.
Como es conocido, Picardi no invocó ni se basó en los audios en su extenso dictamen que derivó en 15 indagatorias que comenzaron la semana pasada a exfuncionarios de la gestión “libertaria” y anteriores, así como empresarios y lobistas. Analizó gran cantidad de documentación obtenida en allanamientos, mensajes recuperados de celulares –incluso de alguno que había sido borrado como el de Garbellini—y hasta operaciones bancarias. Aún algunas defensas están expectantes de lo que ocurra en la alzada.
Allí también se analiza, por pedido de los Kovalivker, si esta causa es cosa juzgada, según otro expediente del año pasado que fue archivado.
El abogado de Spagnuolo encargó un peritaje a Miguel Ángel de la Torre Guijarro, perito tecnológico experto en acústica forense, que dirige una empresa española llamada Graudio Forensics SL. La defensa sostiene que la grabación del audio se desarrolla en diferentes contextos comunicativos y condiciones ambientales.
Según el escrito de D’Alessandro, al principio de la grabación, la conversación se desarrolla en un recinto cerrado compatible con una cafetería o restaurante. Es realizada por uno de los interlocutores allí presentes. A partir del minuto 1:44, el audio presenta características acústicas diferentes, compatibles con una conversación telefónica.
La grabación muestra solo a uno de los interlocutores. Dice que no mantiene continuidad y presenta un total de 18 cortes compatibles “con la edición y manipulación intencionada con posterioridad al proceso de registro”. “También se han identificado otros artefactos o eventos electroacústicos de corta duración, compatibles con errores en la propia edición y manipulación del audio”.
Hay una conversación telefónica, afirma, donde se detecta una “voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial con una estimación de probabilidad del 65 por ciento”. “No obstante, la falta contenido y contexto al no disponer de toda la secuencia conversacional y resto de hablantes dentro del discurso, no permite tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada”, aclara el texto.
Ese es el espíritu del peritaje que, difícilmente sea una herramienta que le permita a Spagnuolo, como parece intentar D’Alessandro, mejorar su situación penal.
Fuente: Página/12
