El caso del embarazo producto de violación de una niña de 12 años de edad, que se conoció en Bernardo de Irigoyen esta semana y conmociona a la provincia y al país, fue analizado por el abogado penalista Eduardo Paredes, para esto muestra que gran parte de la población vive en exclusión social y económica, y que Misiones muestra niveles de desarrollo comparables a los de países africanos.
Este caso que se conoció porque la familia de la víctima, proveniente de Andresito, solicitó ayuda para construir una precaria vivienda en Bernardo de Irigoyen. La situación fue difundida por la organización Solidarios Sin Fronteras y publicada por Misiones Online.
Con el caso repercutiendo en medios provinciales y nacionales, ya intervino el Ministerio de Salud Pública, la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo de Rosana Franco, el Programa Provincial de Salud Integral del Adolescente, a cargo Nadia Lunge, y las autoridades municipales, pero sin que ninguna área del Estado garantice el acceso al derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
La directora del Área de Niñez y Familia de Bernardo de Irigoyen, Romina Cunha, confirmó en declaraciones a MOL, que se trata de un embarazo de 14 semanas y, que “la hermana de 15 años ya es mamá y está en concubinato. Su madre tiene 31 años y también fue madre muy joven. Es una familia que ve esto como algo natural, cultural diría yo”, sostuvo la funcionaria municipal.
Consultado por LT4 sobre el caso, Eduardo Paredes remarcó que la niña, “hasta cumplir 13 años, toda relación (sexual) que tenga, aunque sea ‘consentida’, siempre es violación. La ley y el código civil también considera que no tiene capacidad de prestar consentimiento (a los 12 años de edad)”, insistió el penalista, planteando que esto es independiente de la edad de la persona que embarazó a la niña. “Hasta los doce años esta niña ha sido violada”, subrayó Paredes.
Sin embargo, Paredes enfatizó que el caso no debe analizarse, únicamente, en un plano penal. “Un caso como este nos pone delante de la realidad de la provincia, porque la provincia está llena de discursos falsos, forzados, de utilización de la niñez. Nos toca acá como un argumento central para utilización pública, política, de propaganda político-partidaria, como fue el caso Kiczka”, fustigó Paredes, que representó al acusado de tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil, Sebastián Kiczka,el hermano del exdiputado provincial Germán Kiczka.
Para el abogado, este caso remite a otro en los que intervino como abogado, cuando defendió a María Ovando, la tarefera que fue acusada de homicidio agravado por el vínculo, porque enterró a su hija que había fallecido en un contexto de desnutrición, en una zona semi rural de Colonia Mado, en 2012. “Fui abogado, hace ya 13 años en el caso María Ovando. Se hizo un estudio que se consiguió de Naciones Unidas sobre la zona norte, la zona de Misiones, que tiene tasas de africanización”, planteó.
“El caso de las niñas madres es la realidad de Misiones, (los casos) de niños de bajo peso, niñas madres, (en los) que el Estado no se hace cargo, quizás porque no puede, porque estructuralmente la provincia está en el cuarto mundo, en el tercer mundo, muy profundo. Es la realidad de Misiones”, insistió Paredes.
En esta línea, el abogado apuntó contra la incongruencia de los discursos oficiales del gobierno provincial y la realidad de la exclusión social. “Esto nos pone frente al absurdo, cuando uno entra a esta provincia viviendo de Corrientes, que dice ‘provincia Start Up’”, ironizó Paredes, para quien Misiones padece una “estructura de niñas madres, de niños que nacen con bajo peso”.
De acuerdo con Paredes, el caso de la niña embarazada de 12 años de edad, “no es una excepción, esto es una regla bastante conocida. En el caso de María Ovando, tenía 12 niños que vivían en situación (de exclusión) Las hijas de María Ovando, esas niñas son todas madres hoy. Esa es la realidad. Ya tienen hijos a los 13, 14 años, y van a seguir reproduciendo lo que se llama la pobreza estructural, porque tenemos una provincia con una estructura de exclusión muy grande, estructuralmente muy difícil de cambiar, no importa el Gobierno Nacional que esté”, advirtió el abogado.
“Esa es la realidad de Misiones. Es lo mismo cuando vemos que hay jornadas para evitar el trabajo infantil. Eso es todo un discurso que no va a tener nunca aplicación en la realidad, porque la estructura social de la provincia que no cambia. Hace 20 años tenemos el mismo gobierno, pero tampoco, no sé si hubiese cambiado con otro. Estructural. Esa es la realidad de la provincia, es que hay que asumirla”, machacó Paredes, insistiendo en que más allá de las cuestiones legales y filosóficas del caso, la cuestión central es la estructura social de la provincia.
Repreguntado sobre si se debe considerar la “decisión” de la niña respecto de si continuar o no con el embarazo producto de violación, Paredes explicó que existen figuras penales que habilitan la interrupción legal del embarazo. Haciendo un repaso por el fallo Fal de la Corte Suprema, del 2012, que determinó que “toda violación, si a la mujer le produce algún tipo de daño psíquico, podía ser interrumpido”, Paredes insistió en que al tratarse de una niña, no existe consentimiento de una relación sexual.
“Acá esto es producto de un delito. Partamos ahí. El tema es la voluntad de la niña, si se respeta o no. Jurídicamente podría no respetarse por ser una niña, porque no tiene capacidad de consentimiento. Y si no le damos esa capacidad de consentimiento para tener relaciones sexuales, y por lo tanto es violación, siguiendo esa línea de razonamiento, obviamente que no se debería tomar en cuenta lo que ella piensa, pensar en su futuro (de la niña) e interrumpir la embarazo”, reflexionó.
“Es un tema más complejo. Yo creo que la niña no debe dejar de ser escuchada, pero hay herramientas jurídicas para interrumpir el embarazo”, comentó Paredes, planteando que esto es así porque una niña “no tiene capacidad de consentir”.
“Si el Estado considera que no tiene capacidad de consentimiento, pues siguiendo esa línea de razonamiento se puede interrumpir (el embarazo). Es una cuestión más filosófica, pero legalmente sí se puede interrumpir”, insistió Paredes, sobre el debate legal que se abre con la decisión del Estado provincial y municipal de avalar que esta niña continúe con la gestación.
De acuerdo con Paredes, la cuestión penal de este caso, es decir, determinar quién fue el autor del abuso sexual, no es lo más relevante. “Lo que muestra este caso es el grado de exclusión de esta provincia y es estructural. El tema penal es muy secundario. Lo que acá hay que ver es cómo seguimos con esto que es histórico en la estadística de Misiones de las niñas madres.”
