Una encuesta reciente muestra un aumento en la imagen negativa del gobierno de Javier Milei y abre interrogantes sobre el clima social. Entre la macroeconomía que promete orden y la vida cotidiana que todavía no mejora, la distancia empieza a sentirse.
Hay momentos en los procesos políticos en los que el humor social cambia sin hacer ruido. No hay un día exacto ni un hecho único que lo explique. Simplemente ocurre: la paciencia se va gastando de a poco, como una batería vieja. Un día arranca, al siguiente también… hasta que de repente deja de arrancar.
Los últimos datos sobre la gestión del presidente Javier Milei sugieren que algo de ese proceso podría estar empezando.
Una encuesta de Brújula Social difundida en marzo de 2026 ubica la imagen negativa del gobierno nacional en 54,8%, con un 40,2% de los consultados que califica la gestión como “muy mala”. La valoración positiva alcanza el 37,2%. No es un número despreciable, pero queda claramente por debajo del rechazo. Además, desde septiembre de 2025 el presidente habría perdido cerca de siete puntos de apoyo.
El dato resulta llamativo si se recuerda que apenas unos meses antes, en octubre de 2025, el oficialismo había obtenido una amplia victoria en las elecciones legislativas. La política argentina tiene estas ironías: el electorado puede aplaudir en las urnas y, poco después, empezar a mirar la economía con gesto de auditor.
Según el consultor Juan Adaro, director de Pulso Research, la imagen pública de Milei ha sido “históricamente elástica”. En otras palabras, sube y baja con rapidez, algo bastante lógico en un gobierno que también se mueve a velocidad de montaña rusa.
Parte de la explicación aparece en la distancia entre los anuncios macroeconómicos y la experiencia cotidiana. Desde el Gobierno se insiste en que el orden fiscal y las reformas estructurales sentarán las bases para un crecimiento futuro. En términos técnicos, la promesa es clara: primero el ajuste, después la prosperidad.
El problema es que, mientras ese futuro llega —o se toma su tiempo—, muchas familias siguen lidiando con consumo retraído, ingresos deteriorados y un mercado laboral que se mueve más por sobresaltos que por certezas.
Ese desfasaje aparece reflejado en otro dato relevante de la encuesta: por primera vez desde el inicio de la gestión, quienes responsabilizan al actual gobierno por la situación económica superan a quienes culpan principalmente a la administración anterior. El 46,9% atribuye el escenario negativo a decisiones actuales, mientras que el 41,6% lo vincula con la herencia recibida.
Durante 2024 y buena parte de 2025, la narrativa de la “herencia” funcionó como explicación política del ajuste. Y, en buena medida, la sociedad la aceptó. Pero los datos sugieren que ese argumento empieza a perder eficacia. No necesariamente porque la población haya olvidado los problemas del pasado, sino porque el presente insiste en recordarse todos los meses en el resumen de la tarjeta.
Algo similar ocurre con la percepción sobre las reformas impulsadas por el Gobierno. El 52,7% de los consultados considera que el rumbo del país es incorrecto, mientras que el 33% cree que va en la dirección adecuada. En relación con la reforma laboral, el 53,6% entiende que beneficiará principalmente a los empleadores y el 66,2% cree que los trabajadores podrían resultar perjudicados.
Las expectativas económicas asociadas a esa reforma tampoco son especialmente optimistas: el 56,5% cree que podría derivar en menos empleo y el 56% considera que podría provocar recesión económica. En paralelo, casi la mitad de los encuestados sostiene que el ajuste no se está aplicando donde debería.
La encuesta también sugiere que la clásica “indulgencia social” que acompaña a los gobiernos recién electos —ese período en el que la ciudadanía concede tiempo para ordenar la casa— podría estar llegando a su límite. La paciencia pública tiene algo de crédito bancario: no es infinita y, cuando se agota, empieza a reclamar resultados.
Ese cambio de clima no se percibe solo en los números. También se siente en las provincias, donde la recesión suele tener efectos más visibles que en los gráficos macroeconómicos.
Comercios con ventas más bajas, industrias con menor actividad, familias que recortan gastos y municipios que deben atender más demandas con menos recursos forman parte de una escena que se repite en buena parte del país.
Misiones no escapa a esa dinámica. Como muchas otras provincias, enfrenta los efectos de una macroeconomía que combina ajuste fiscal, retracción del consumo y caída de transferencias. En ese contexto, el gobierno provincial y los municipios deben administrar una ecuación incómoda: menos recursos y más necesidades.
En los últimos meses, algunas decisiones reflejan ese intento de ordenar las cuentas. Una de ellas fue el Decreto 375 firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prohíbe la compra de vehículos para la administración pública provincial hasta diciembre de 2026, con excepciones limitadas para áreas esenciales como salud y seguridad. Una medida de austeridad que, en términos simples, busca que el Estado aprenda a vivir con menos combustible… literal y figuradamente.
Al mismo tiempo, la agenda institucional intenta generar actividad en sectores estratégicos como el turismo. La reciente misión oficial en Perú, vinculada a la promoción del nuevo vuelo entre Lima y Puerto Iguazú y a acuerdos de cooperación turística y cultural, apunta a ampliar mercados en una provincia donde el turismo tiene un peso cada vez mayor.
Sin embargo, incluso con esas iniciativas, el desafío sigue siendo considerable. La recesión nacional impacta en la recaudación provincial y municipal, reduce el dinamismo de la economía local y obliga a reforzar políticas de contención social.
En ese escenario, la política también enfrenta sus propias tensiones. La relación entre dirigentes y sociedad atraviesa una etapa de mayor exigencia y menor tolerancia frente a errores o escándalos institucionales. La reciente denuncia contra el intendente de Caraguatay —que derivó en un pedido del gobernador para que se aparte del cargo mientras avanza la investigación judicial— refleja hasta qué punto la demanda de transparencia empieza a ocupar un lugar central.
La combinación de crisis económica, desgaste político y expectativas insatisfechas configura un escenario abierto. En ese contexto, las encuestas funcionan más como señales de alerta que como profecías.
La historia política argentina demuestra que el humor social puede cambiar rápido, para bien o para mal. Ninguna tendencia es definitiva.
Lo que sí parece claro es que la sociedad empieza a mirar con mayor atención la distancia entre las promesas de transformación y los resultados concretos en la vida cotidiana. Cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, la política suele enfrentarse a una pregunta incómoda.
No si el plan funciona en teoría, sino cuándo empezará a funcionar en la heladera.
