Dos abogados presentaron una denuncia penal contra el
ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger,
para que se investigue su actuación en un contrato por más de $114 millones
vinculado a la Cancillería.
La presentación fue realizada por José Lucas Magioncalda y
Juan Martín Fazio, quienes solicitaron que intervenga la Justicia federal ante
una presunta omisión en la publicación de información que, según sostienen,
debía difundirse en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA).
El planteo gira en torno a la contratación de la Asociación
Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para brindar capacitación en inglés al
personal del Ministerio de Relación Exteriores, en el marco del Plan
Estratégico de Capacitación 2025-2027.
Según publicó Noticias Argentinas, la constancia de
presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las
13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto “DENUNCIA
PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.
En el escrito, los denunciantes -que pidieron ser
identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política
del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la
construcción de una alternativa política moderada”- solicitaron también que se
investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y
directiva de la entidad adjudicataria.
La presentación menciona que la Subsecretaría de
Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026
(DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a
la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por
$114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de
capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan
Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
Los denunciantes consideran que no se cumplió con un
requisito clave de transparencia previsto en la normativa vigente.
Según el texto, la propia disposición consignó que de la
Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y
Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del
decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y
publicación de actuaciones en el sitio del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.
En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en
los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y
negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión
pública porque fue noticia en distintos medios que la denuncia menciona
expresamente.
En la presentación también introdujo un antecedente: se
aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes”
y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada
dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en
el sitio de la OA.
La denuncia llegó luego de una investigación periodística de
Noticias Argentinas que reveló la adjudicación de $114.044.133 a la entidad
dirigida por Rouillet y el posterior cruce público: el canciller Pablo Quirno
negó irregularidades, afirmó que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018”
y sostuvo que, por existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de
integridad con intervención de OA y SIGEN.
Fuente: NA
