Provinciales
Emergencia Alimentaria en Misiones: Sin licitación pública, Desarrollo Social abonó más de $80 millones por leche en polvo
La empresa beneficiada es Consultora Cataratas SA, que vendió al ministerio, 86.300 unidades de 800 grs. de lácteos deshidratados en junio y septiembre del 2021, según lo indicaron los decretos 1921/24 y 1826/24. No hubo convocatoria a licitación y los pagos se concretaron por un reconocimiento de pagos, unos 3 años después de emitidas las facturas.
En otro episodio de compras a proveedores del Estado
provincial, sin licitación pública y con una importante dilación en los pagos,
el Ministerio de Desarrollo Social de Misiones pagó más de $80 millones por 86.300
unidades de 800 gramos de leche en polvo que fueron adquiridas a la empresa
Consultora Cataratas SA en junio y septiembre del 2021, en el marco de la
Emergencia Alimentaria.
Según consta en dos decretos firmados a fines de agosto y
principios de septiembre del 2024, por el gobernador Hugo Passalacqua, el
estado provincial se reapropia al ejercicio financiero del año pasado, las
compras que hizo el ministerio en 2021, durante la gestión de la exministra
Benilda Dammer.
El decreto Nº 1921, del 4 de Septiembre de 2.024, que apareció publicado en el Boletín Oficial N° 16.274 de este viernes, sostiene que se
reconoce “de legítimo abono” y se reapropia al ejercicio financiero 2024, “la
suma de $ 75.060.000,00 (…), a favor de la firma CONSULTORA CATARATAS S.A.,
C.U.I.T. N° 30-71023261-6, por la adquisición de 80.000 (ochenta mil) unidades
de Leche Entera en Polvo por 800 Grs., entregados en carácter de Refuerzo en el
ámbito de la Emergencia Alimentaria”.
Según el decreto, este refuerzo se concretó “en virtud de la
urgencia de asistir a las distintas Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro,
Organizaciones Comunitarias, Voluntariado Comunitario, y Población Carenciada
con un alto grado de Vulnerabilidad Social de la Provincia de Misiones, durante
el mes de Septiembre de 2.021”.
Como suele darse con este tipo de instrumentos legales,
contiene sólo dos artículos y el 2° artículo autoriza “a la Dirección del
Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a liquidación y pago de
lo dispuesto en el artículo anterior, y efectuar el cargo a la partida del
presupuesto vigente”.
De manera casi idéntica, en el Boletín Oficial N° 16.273 de la víspera, aparece otro decreto que beneficio a Consultora Cataratas SA. Se trata
del Decreto N° 1816, firmado el 27 de Agosto de 2.024. También consta de dos
artículos y el 1° de ellos “reconoce de legítimo abono” y “reapropia al
Presente Ejercicio Financiero la suma de $ 5.859.945,00 (…), por la adquisición
de 6.300 (seis mil trescientas) unidades de leche entera en polvo por 800 grs.,
durante el mes de Junio de 2.021 (…)”.
En este caso, la compra se concretó en el marco del Programa Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, “creado por Ley Provincial XIX - N° 73 de Emergencia Alimentaria (…)”. Cabe aclarar que esta ley está en vigencia hasta el 30 de septiembre del 2025.
El 2° artículo del decreto 1816/24 autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Desarrollo Social a proceder a la liquidación y pago de lo dispuesto”.
En total, por estos dos decretos vinculados a compras por contratación directa a proveedores de Desarrollo Social, se pagaron $80.919.945, por 86.300 unidades de paquetes de 800 gramos de leche deshidratada, lo que da un promedio de $937,65.
Si bien el precio de cada paquete de 800 gramos de leche en
polvo, parece irrisorio en este momento, en septiembre del 2021, el valor de
mercado era muy diferente. De acuerdo con la Agencia de Noticias Tierra Viva,
en base a datos del INDEC, el paquete de leche en polvo entera de 800 gramos
costaba $593,73 en septiembre del 2021.
Es decir, por esta compra concretada en tiempos de la
exministra Dammer, se habría pagado cada paquete de leche en polvo con un
sobreprecio del 157,92%. Sin embargo, el pago termina concretándose tres años
más tarde, en el contexto de la invocada “emergencia alimentaria”.
Como suele ocurrir, el decreto no brinda ninguna explicación sobre los motivos por los cuales no se realizó una licitación pública. Los montos exceden el máximo previsto para las compras directas o adquisiciones sin licitación, según lo estipula la Ley de Contabilidad General. Pero lo más llamativo es que se invoca la ley de emergencia alimentaria vigente hasta fines de septiembre del 2025, para reapropiarse de un gasto concretado hace más de tres años.