Los diputados nacionales por
Misiones, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz
participaron en dos intervenciones clave en el Congreso Nacional, donde
expresaron disidencias, plantearon mociones de orden y fijaron posición en el debate
por la Ley de Imputabilidad de Menores.
En primer lugar, los cuatro
legisladores del misionerismo manifestaron una disidencia al dictamen de
mayoría sobre uno de los proyectos en tratamiento, dejando en claro su
desacuerdo con algunos puntos específicos de la redacción propuesta.
Posteriormente, Herrera Ahuad
impulsó una moción de orden y respeto en el recinto, cuestionando el clima de
confrontación que se vivía en la Cámara y la dificultad para escuchar a los
oradores. Expuso la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de escucha,
especialmente en su caso particular, ya que padece hipoacusia y solo puede oír
correctamente a quien tiene el micrófono habilitado. Sus pares misioneros
respaldaron el planteo y subrayaron la importancia de sostener un ámbito
institucional que permita escuchar todas las visiones antes de fundamentar el
voto.
Más adelante, los diputados se
refirieron a la Ley de Imputabilidad de Menores como una “ley de grandes
oportunidades para la Argentina”, al considerar que apunta a resolver problemas
de fondo. Señalaron que, si bien todos los bloques coinciden en la necesidad de
bajar la edad de imputabilidad, cada espacio sostiene su propio enfoque
discursivo y metodológico.
En ese sentido, mencionaron que
países como Chile y Brasil han implementado medidas similares bajo gobiernos de
distinto signo político, lo que demuestra que no se trata de una discusión
ideológica, sino de una herramienta de política pública vinculada a la
seguridad y a la protección integral de derechos.
Los legisladores misioneros
insistieron en que la norma no debe limitarse a una mirada punitiva o
exclusivamente judicial, sino convertirse en una herramienta para la sociedad,
con recursos concretos destinados a la prevención del delito y a la asistencia
de jóvenes con problemas de delincuencia juvenil y consumos problemáticos.
Uno de los puntos centrales de su
postura fue la necesidad de garantizar financiamiento para la implementación
efectiva de la ley. Herrera Ahuad, Arrúa, Vancsik y Ruiz cuestionaron la
práctica de aprobar normas sin asegurar previamente los recursos presupuestarios
necesarios para que las provincias puedan cumplirlas.
Advirtieron que, en su redacción
original, el proyecto no contemplaba la realidad de distritos como Misiones, ya
que estaba pensado principalmente para casos resonantes en grandes centros
urbanos. Por ello, desde el bloque misionerista trabajaron para incorporar el
financiamiento indispensable, sosteniendo que sin ese respaldo económico la ley
sería de imposible cumplimiento para las provincias.
Finalmente, aclararon que la
iniciativa no busca encarcelar a los menores como primera instancia, sino
ofrecer herramientas de prevención y asistencia multidisciplinaria, en línea
con experiencias que ya funcionan en Misiones a través de centros especializados
que abordan la problemática desde una perspectiva integral.
