A dos años del inicio de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei, el retroceso en materia de derechos humanos aparece como el resultado de un proyecto político que redefine las funciones del Estado y resigna responsabilidades esenciales frente a la sociedad. El Estado argentino ha consolidado un modelo en el que el control social, prevalece sobre la garantía de derechos humanos.
Esta lectura se desprende del balance anual que Amnistía Internacional realiza sistemáticamente desde hace décadas sobre todos los gobiernos, para monitorear cómo cada administración impacta en la vigencia de los derechos humanos. El informe está disponible, completo, en el siguiente link.
La llamada motosierra se convirtió en un emblema de gestión, aplicada sin evaluaciones de impacto en derechos humanos ni mecanismos de participación democrática, y con efectos directos sobre la vida y la integridad de las personas, advierte el informe de AI, dado a conocer hoy.
Entre 2023 y 2025, el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas y profundizando desigualdades estructurales. Lejos de ser un ajuste uniforme, las áreas vinculadas a la realización de derechos humanos –salud, educación, alimentación, vivienda, agua, ambiente y seguridad social– fueron las más afectadas; mientras que partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas registraron incrementos reales o reducciones mucho menores, alertó Amnistía.
De acuerdo con la ONG, esta asignación diferencial configura un Estado que expande su capacidad represiva, al tiempo que retrae su obligación de brindar protección y justicia social.
“Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir. Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En esta línea, Belski planteó: “El proyecto de país que se está consolidando parte de la premisa de que los derechos humanos son un gasto prescindible y que quienes los defienden son enemigos ideológicos. Pero el verdadero costo será un país más desigual, más injusto y más hostil para quienes ya viven en situaciones de mayor vulnerabilidad: mujeres, personas LGBTTIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades empobrecidas, entre otras”, alertó.
Según el informe, la presente debilidad institucional agrava este escenario: Argentina cumple un nuevo año sin Defensor del Pueblo —cargo vacante desde 2009—, y persisten acefalías en otros organismos clave de control. Paralelamente, aumentan la criminalización de la protesta, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, configurando un clima donde la verdadera libertad se reduce.
El informe aborda de manera integrada los principales desafíos en materia de derechos humanos en el país, incluyendo el aumento de la pobreza y su impacto en derechos sociales, la situación de las personas mayores y el acceso a una jubilación digna, las restricciones a la libertad de expresión y el achicamiento del espacio cívico, la represión de la protesta y la criminalización de la asociación, las prácticas de cibervigilancia, los déficits en transparencia estatal, la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral), las políticas de diversidad, la crisis climática y la situación de personas migrantes y refugiadas, además de un análisis de la política exterior.
