El viernes pasado ingresó por Mesa de Entradas de la la Cámara de Representantes de Misiones, un escrito que formula una denuncia formal y solicita la apertura de juicio político contra la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en su carácter de ministra y presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Y quien presentó el pedido dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Ing. Sebastián Macías, es el extitular de la Dirección General de Rentas (recientemente renombrada Agencia Tributaria de Misiones) Miguel Arturo “Pimpi” Thomas, con patrocinio letrado.
Según fuentes consultadas, el inédito pedido de juicio político contra la titular del STJ, que impulsa quien fue por años, el hombre fuerte del ente recaudador en Misiones, estaría vinculado a una interna política dentro de la Renovación, donde un sector está impulsando un armado para disputar poder a Carlos Rovira y Hugo Passalacqua, con vistas a las elecciones del 2027.
“Pimpi” Thomas fue titular de la DGR entre 1999 y 2019, y fue el artífice de la llamada “Aduana Paralela” en Misiones. Amigo de la infancia de Rovira, estuvo al frente del ente recaudador provincial durante los 8 años de la gestión del ingeniero y conductor de la Renovación (1999 – 2007), en los 8 años del exgobernador Maurice Closs (2007 – 2015) y en la primera gestión del actual gobernador Hugo Passalacqua (2015 – 2019) Su hermano Oscar Thomas, fue director general de la Entidad Binacional de Yacyretá entre 2003 y 2015.
De acuerdo con una publicación del periodista Gabriel Fuste Padros, el escrito no busca matices, al plantear “Formula denuncia. Pide juicio político” y el planteo central sostiene que la falta de resolución judicial efectiva debilita los mecanismos de control del poder. Curioso planteo si se toma en cuenta que por años, esa denegación de justicia terminó favoreciendo a la gestión de Thomas en Rentas.
El pedido de juicio político contra la titular del STJ Venchiarutti, se origina en un expediente relacionado con un derecho previsional de retiro, inicialmente reconocido y luego revocado por la Dirección General de Rentas mediante un acto administrativo, lo que motivó el inicio de acciones judiciales. A partir de allí, según informó MisionesCuatro, el escrito describe un derrotero procesal signado por remisiones, conflictos de competencia y ausencia de una decisión de fondo.
La denuncia señala que el expediente llegó al Superior Tribunal de Justicia y que, pese a reiteradas presentaciones y pedidos de pronto despacho, permanece sin resolución definitiva con el transcurso de los años. En ese contexto, se habla de “retardo y privación de justicia”.
Uno de los ejes más sensibles del planteo apunta a una supuesta contradicción en decisiones atribuidas a la Presidencia del STJ. Se menciona una providencia firmada por la propia Venchiarutti Sartori que ordenaba “continuar la causa según su estado”, seguida posteriormente por otra resolución, fechada el 30 de agosto de 2023, que dispuso remitir las actuaciones al tribunal de origen, lo que —según el denunciante— habría frustrado la posibilidad de una solución definitiva.
El escrito detalla además una cronología de actuaciones recientes: un pedido de pronta resolución presentado el 23 de octubre de 2024; una reiteración del reclamo el 14 de agosto de 2025, invocando expresamente la “privación de justicia”; y una última actuación registrada el 6 de noviembre de 2025 en el sistema SIGED, vinculada a un requerimiento administrativo, sin que ello haya derivado en una definición de fondo.
El pedido de juicio político se fundamenta en la Ley IV N° 15, artículo 30, que considera falta grave la mora judicial injustificada, en relación con los deberes procesales de los magistrados previstos en el Código Procesal provincial, según detalló el periodista Gabriel Fusté Padrós. De acuerdo con el periodista, en el escrito, Thomas no pide “que fallen a favor”, sino que se reconozca algo más grave para la vida pública: que la mora judicial injustificada, en términos normativos, es en efecto, una falta grave.
Esto expone claramente al funcionamiento del STJ, que lleva décadas sin fallar en contra de los intereses del gobierno renovador. Es que, si el máximo tribunal provincial puede sostener durante años un expediente sin ninguna sentencia, se deniega el derecho a la justicia y los afectados no pueden acudir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En otras palabras, se cae en la inseguridad jurídica. Más aún, la denuncia de Thomas apunta al incumplimiento de la función de todo poder judicial en un sistema democrático y republicano: poner límites al Poder Ejecutivo, cuando este se excede en sus facultades.
Que sea el propio “Pimpi” Thomas quien impulse la denuncia, más allá del reclamo por su jubilación, no es un dato menor. No se trata de un ciudadano de a pie, sino de un exfuncionario que conoce la evolución patrimonial de la mayoría de los actores de mayor peso económico en Misiones, en las últimas décadas. Y una presentación así, que seguramente será bloqueada en la Legislatura, sienta un precedente y podría condicionar a la titular del STJ. Sobre todo, si es que cambia la conformación de la Cámara en 2027.
