Prosigue el verdadero festín de contrataciones directas multimillonarias en el Ministerio de Salud Pública que preside Héctor González, por servicios tercerizados en hospitales y efectores de la cartera sanitaria. Por medio del decreto 639/2025, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el pasado 9 de abril, la empresa Servicios del Litoral SRL, cobró más de $332 millones por los servicios de limpieza integral prestados en el primer trimestre del año. Este decreto apareció en el Boletín Oficial N° 16.375 publicado este viernes 13 de junio.

Dado que no hubo licitación pública, es de esperarse que esta firma propiedad del empresario sanpedrino Ramón Fonseca, también facture por los servicios tercerizados en lo que resta del año. De tal forma, sólo por estas labores tercerizadas, rozarían los mil millones de pesos en 2025. Y Fonseca sería cercano al exgobernador y actual presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad, a quien conoce de San Pedro, donde el médico y exministro de Salud inició su carrera como funcionario público –fue director del hospital sanpedrino.  

Como en otros decretos similares, se empleó las excepciones previstas por la Ley de Contabilidad General, para eludir las licitaciones públicas. Todo esto no sería posible sin la anuencia o complicidad de la Dirección de Contabilidad General y del Tribunal de Cuentas de Misiones.

Empresa tercerizada que estaría ligada al poder político, facturó casi $60 millones sin licitación pública

El decreto N° 639/25 consta de dos decretos. El decreto 1° reconoce “el gasto desde el 1° de Enero de 2.025 y hasta la fecha del presente Decreto” y prueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar una CONTRATACIÓN DIRECTA a partir de la fecha del presente Decreto y hasta  el 31 de Marzo del corriente año, con la firma ‘SERVICIOS DEL LITORAL S.RL’, para la provisión del Servicio de Limpieza Integral, destinado a los siguientes efectores y por los montos detallados a continuación y de conformidad con la propuesta de fs. 02/19 y Cláusulas Particulares de fs. 39/68, encuadrando el procedimiento en los Arts. 44° y 85°,  apartado 3, inc. d) y su último párrafo, de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”

El monto total abonado por el MSP a Servicios del Litoral SRL es de $ 332.968.647,69. Y en el decreto se detallan las sumas pagadas por la limpieza de cada efector involucrado en esta contratación directa, tanto mensualmente como trimestralmente. Entre los que muestran un abono mayor, se destacan el Samic de Eldorado ($158.146.460,28); el Hospital de San Vicente ($38.053.405,62); el Hospital Monoclínico de Geriatría ($26.944.647,54) y el Hospital de Apóstoles ($16.387.387,95)

El Artículo 2° del decreto 639/25 es una formalidad y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a liquidar y pagar las sumas que demanden el mismo, a favor de la firma citada en el artículo 1° (…),” con cargo en la partida de Servicios no Personales del Presupuesto provincial en ejecución.

Tercerizada que estaría ligada al poder político, facturó más de $150 millones por contratación directa

¿Qué dicen los artículos de la Ley VII – N° 11 invocados por este decreto 639/25 para justificar la contratación directa? El artículo 44° de la Ley precisa: “El funcionario o agente de cualquier dependencia del Estado, en sus distintos poderes, que realizara compra o gastos en contravención con lo dispuesto en el Artículo anterior, o de las disposiciones de esta Ley, leyes especiales, decretos o reglamentaciones que fijan el trámite pertinente, responde personalmente del total autorizado o gastado en esas condiciones, siempre que el gasto no haya resultado en beneficio de la Provincia (…)”.

“En este caso la autoridad superior en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos de la Constitución y Descentralizados podrán optar por disponer del gasto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se hiciere acreedor. En la jurisdicción del Poder Ejecutivo, tal atribución será ejercida por el funcionario superior en jerarquía al autorizado para aprobar el gasto incurso en la irregularidad”, completa este artículo, que sólo establece que quien autoriza el gasto sin licitación pública, es responsable de la operación.

Salud Pública pagó $150 millones por contratación directa para un servicio de viandas

En tanto, el artículo 85° de la Ley de Contabilidad General, en su inciso “d” dispone que podrá evitarse la licitación pública “cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación”

Y el último párrafo de este artículo de la norma establece que “las causales de excepción para realizar contrataciones directas que así lo requieran, deberán ser razonadamente fundadas, bajo responsabilidad exclusiva de la autoridad con competencia para contratar que las invoca. Esta autoridad, ejerce así la facultad excluyente de determinar el mérito, oportunidad o conveniencia del acto”, precisa el mentado artículo 85° de la Ley de Contabilidad General.

Como puede verse, no hay argumentación que avale la contratación directa, sino que sólo se enuncia que la medida se enmarca en las excepciones de la ley VII – N° 11. Es decir, no se especifica cuáles fueron las “circunstancias imprevisibles” que justifican semejante contratación directa. Más aún, teniendo en cuenta que esta empresa Servicios del Litoral SRL, viene acumulando contrataciones directas y reconocimientos de legítimo abono desde hace años y por cifras que, acumuladas, superan los miles de millones.

Según fuentes consultadas, existiría un vínculo personal entre Fonseca y Herrera Ahuad, relación que se mantuvo inclusive cuando el actual diputado provincial era gobernador de Misiones. De comprobarse una relación personal entre ambos, al menos durante el mandato del médico al frente del Ejecutivo provincial, Herrera Ahuad sería sospechoso, prima facie, de los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “negociaciones incompatibles” y hasta “tráfico de influencias.”

Oberá: La empresa que despidió a empleados de limpieza, cobró al menos, $245 millones por contrataciones directas con el Estado