La promesa era simple y
contundente: un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía y, a
partir de 2025, empezar a respirar. Pero la realidad argentina bajo el gobierno
de Javier Milei llegó a noviembre con otra postal: actividad estancada, salarios
licuados, jubilaciones en retroceso, más informalidad, más endeudamiento
familiar y una sensación de fragilidad que atraviesa todo, desde el changuito
del supermercado hasta la economía de las provincias, como Misiones.
Después del rebote de la segunda
mitad de 2024, cuando la actividad económica repuntó más de 8% desde el piso de
abril, el país entró en una meseta incómoda. El EMAE muestra que, lejos de
consolidar una fase de crecimiento, en agosto de este año la economía acumulaba
una caída respecto de diciembre. Es decir: el “ajuste ejemplar” no se tradujo
en un sendero de expansión, sino en un parate que se siente en las fábricas, en
los comercios y en cada pueblo del interior.
El mercado de trabajo sintetiza
la paradoja. La tasa de desempleo formal puede lucir relativamente estable en
los informes, pero los números esconden una tendencia inquietante: crece la
informalidad y se destruyen empleos asalariados de calidad. Desde noviembre de
2023 se perdieron más de 200.000 puestos formales entre privados, Estado y
casas particulares. Al mismo tiempo, casi la mitad de las y los trabajadores
quedaron atrapados en la economía informal, sin derechos ni protección. Es el
modelo del “sálvese quien pueda” como política pública.
En paralelo, el salario mínimo
–referencia clave para millones de trabajadores precarios– permanece congelado
en términos reales y acumula una caída superior al 30% respecto de finales de
2023. Los salarios registrados, aun con alguna recomposición en 2025, siguen
más de 5% por debajo del último mes completo de la gestión anterior, con los
sueldos estatales desplomados más de 14%. No es teoría económica: es el sueldo
que no alcanza, la heladera semivacía, las changas que ya no aparecen.
Los jubilados tampoco escaparon a
la poda. Casi la mitad perdió poder adquisitivo durante la gestión de Milei. La
jubilación mínima, pese a ajustes nominales, vale menos que hace un año y
también menos que en noviembre de 2023. En un país envejecido, con medicamentos
caros y tarifas en alza, se trata de una condena silenciosa a la vejez pobre.
La respuesta de los hogares fue
previsible: endeudarse para comer. El uso de la tarjeta de crédito en
supermercados no para de crecer y, con él, la morosidad bancaria. Las familias
patean hacia adelante lo que ya no pueden pagar al contado, mientras las tasas
de interés y la inestabilidad cambiaria hacen del crédito una trampa. La salida
del cepo y la flotación “entre bandas” prometían estabilidad; el resultado fue
un dólar que ya aumentó cerca del 40% desde abril, alimentando la incertidumbre
y reintroduciendo el miedo a otro sacudón.
No es casual, entonces, que las
encuestas de humor social registren a la economía como la principal
preocupación del 60% de la población. La mayoría siente que está peor que el
año pasado y más de la mitad cree que el año que viene será aún peor, a contramano
del relato oficial de que “lo peor ya pasó”. Cuando el salvataje de Donald
Trump se celebra como tabla de salvación, lo que se exhibe no es fortaleza,
sino fragilidad estructural.
Esta crisis no se queda en los
números de los informes. Golpea con particular fuerza a las provincias
productivas y fronterizas, como Misiones. La desregulación de la yerba mate y
el abandono de toda política sectorial dejaron al pequeño productor a la intemperie:
precios volátiles, secaderos trabajando al límite, cooperativas endeudadas,
tareferos atrapados entre la estacionalidad y la pérdida de programas de
sostén. El producto que da identidad a la provincia sufre las consecuencias
directas de un modelo que cree que “el mercado solo” resolverá décadas de
asimetrías.
El comercio misionero también
vive la recesión en carne propia. En las grandes ciudades y en el interior se
multiplican los locales vacíos, las reestructuraciones, los retiros
“voluntarios”, los contratos que no se renuevan. La pérdida de poder adquisitivo
de los asalariados, la caída del turismo de compras y el encarecimiento
relativo frente a Paraguay y Brasil generaron una combinación explosiva: menos
ventas, más despidos, más incertidumbre para las familias que dependen del
comercio, uno de los principales motores del empleo privado en la provincia.
La construcción, por su parte, es
otro termómetro implacable del ajuste. El freno a la obra pública nacional
paralizó proyectos, dejó a miles de albañiles sin trabajo y golpeó de lleno a
corralones, ladrilleras, transportistas y pequeñas empresas. Lo que para la
macroeconomía son “recortes de gasto” se traduce en barrios donde no llega el
asfalto, en escuelas que no se amplían, en hospitales que no se terminan y en
salarios que desaparecen.
En este contexto, las provincias
tienen poco margen: no controlan la política monetaria, no fijan el tipo de
cambio, no definen el nivel de salarios y jubilaciones. Pero sí pueden –y
algunas lo hacen– actuar como amortiguadores parciales de la crisis. Misiones
viene intentando, con recursos propios, sostener un modelo que cuide la
producción, el empleo y el tejido social frente a una Nación que se retira.
Las exposiciones productivas y
ferias provinciales no son solo eventos en la agenda institucional: funcionan
como motores de una economía que necesita circulación y confianza. La Expo
Eldorado –Feria Provincial del Trabajo–, con más de 300 stands y un movimiento
que integra empresas, emprendedores, instituciones y turismo, es un ejemplo de
cómo el Estado provincial y los municipios salen a “poner afuera el trabajo de
los misioneros”, a generar oportunidades de venta, a dar aire a quienes
producen en un contexto adverso.
Lo mismo ocurre con la Fiesta
Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles, donde el Gobierno
provincial y el municipio resaltan que “no hay nada más argentino que la yerba
mate” y aprovechan para impulsar rondas de negocios, jornadas técnicas y un
movimiento económico que permita que la crisis “no se sienta tanto” en el
comercio local. Allí donde el Gobierno nacional suelta la mano, Misiones
intenta sostener la cadena yerbatera, defender su cultura productiva y cuidar
cada empleo.
Las obras de infraestructura
también cumplen un rol contracíclico. La perforación de pozos de agua en
parajes rurales como Picada Yapeyú, en Guaraní, no es solo una inversión en
derechos básicos: es salud, arraigo, dignidad para casi cuarenta familias de
colonos que ahora pueden proyectar su vida en la chacra, imaginar el futuro de
sus hijos sin tener que emigrar. El pavimento urbano en Puerto Iguazú, con más
de 650 cuadras asfaltadas con fondos provinciales, habla de un Estado que, aun
en crisis, prioriza la movilidad, la seguridad vial, el valor de los barrios y
la integración de una ciudad estratégica para el turismo.
A esto se suman espacios de
articulación público-privada como la Ronda de Negocios +Mercado del sector
hotelero y gastronómico en Iguazú, donde productores misioneros se vinculan
directamente con hoteles y restaurantes. “Que el dinero se quede en la provincia”
no es un eslogan vacío: es una estrategia de supervivencia en un contexto
nacional que expulsa, concentra y castiga a las economías regionales.
Por supuesto, ninguna de estas
iniciativas alcanza para neutralizar por completo el impacto de una política
económica nacional basada casi exclusivamente en el ajuste, la licuación de
ingresos y la desprotección de las mayorías. Pero marcan un rumbo distinto:
mientras la Nación se jacta de reducir el Estado a su mínima expresión,
Misiones apuesta a un Estado presente, que organiza, invierte, articula y
defiende el trabajo de su gente.
El desafío es enorme. La
resiliencia de las familias misioneras, de sus productores, de sus trabajadores
y emprendedores, no puede seguir siendo la excusa para profundizar un modelo de
exclusión desde Buenos Aires. La salida de esta crisis no vendrá de más ajuste
y más mercado “desregulado”, sino de una macroeconomía que vuelva a mirar al
interior y de provincias que, como Misiones, sigan demostrando que se puede
gobernar cuidando la producción, el empleo y la dignidad de su pueblo.
