El escándalo político por la falsificación de documentos públicos, por las que están imputadas, la concejal Lorena Soto –que preside el Concejo Deliberante de Colonia Delicia– y la secretaria del cuerpo Soledad Bustamante, que ya tiene ramificaciones judiciales, salpicó a la gestión de la presidente del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco y el Fiscal Superior de este cuerpo, Luis Álvarez. 

Es que el organismo que controla las cuentas públicas de los municipios y de todo el Estado misionero, estaba al tanto de lo ocurrido en Colonia Delicia desde hace por lo menos 45 días atrás. Así lo reveló el concejal Miguel “toty” Tarnoski, en declaraciones a medios de prensa. Esta revelación golpea de lleno a la gestión de Bianco, y de su fiscal general Luis Álvarez, apuntado como el “comisario político” de la Renovación.

La presidente del HCD de Colonia Delicia, comuna gobernada por el intendente renovador Carlos Wern, decidió este 11 de julio, suspender las sesiones hasta agosto. Argumentó que el libro de actas del Concejo Deliberante fue secuestrado por la Fiscalía de Eldorado, que investiga la denuncia por falsificación de una ordenanza municipal y de una votación del balance que constan en el acta correspondiente a la sesión del pasado 18 de abril.

Los concejales Pablo González y Miguel “Toti” Tarnoski (Frente Renovador), radicaron la denuncia ante el Juzgado Penal de Eldorado por presunta falsificación de documento público, entre otros delitos. Acompañaron la presentación con pruebas para para demostrar que se falsificó una ordenanza de aumento salarial a los empleados municipales, y que se falseó también una supuesta votación del balance presentado por el Ejecutivo Municipal, en la sesión del 18 de abril en el Concejo Deliberante local. Como las firmantes del libro de actas fueron Soto y Bustamante, ambas quedaron imputadas.

Según explicaron los ediles Tarnoski y González, la ordenanza del incremento salarial fue rechazada en la sesión del escándalo, pero luego el intendente Wern, le dijo a los municipales que esa ordenanza había sido aprobada y que debían reclamar a los concejales que la deroguen si quieren mejores aumentos salariales. Es que la ordenanza en aumento no toma en cuenta el exponencial crecimiento de la coparticipación en Delicia, que pasó de $50 millones a $95 millones, por lo que los trabajadores se ven perjudicados por la ordenanza falsificada.

En paralelo, el libro de actas firmado por las renovadoras Soto y Bustamante, sostiene que los concejales votaron el balance de 2023. Pero los denunciantes remarcaron que ni siquiera tuvieron acceso al citado balance presentado por Wern. No obstante, en el acta certificada y enviada a la Municipalidad para presentar ante el Tribunal de Cuentas se asegura que hubo un debate, análisis y posterior aprobación del balance.

Ante los requerimientos de los ediles, Soto respondió por nota que la ordenanza se habría aprobado por error. Empleando una excusa insólita, Soto culpó a Bustamante por la equivocación: la presidente del HCD sostuvo que se decidió enviar a comisión –para su estudio– pero, en lugar de eso, la secretaria del cuerpo la envió al intendente Wern y que “se promulgó automáticamente”. 

La ordenanza presuntamente falsificada, otorgaba un incremento salarial escalonado a los municipales desde abril y en los sucesivos meses. Con la inflación, los montos quedaron muy rezagados y se confirmó la duplicación de los fondos que llegan de la Coparticipación. Wern, que se ahorraba millones con el aumento escalonada, les dijo a los municipales que vayan a presionar a Tarnoski por la ordenanza que no se había sancionado, pero que el intendente promulgó rápidamente. 

Más escandalosa aún es la situación ocurrida con el balance municipal. El acta adulterada con las firmas de Soto y Bustamante, describe una situación que nunca ocurrió en el tratamiento del balance: no existió tal tratamiento porque algunos concejales ni siquiera tuvieron acceso a los números presentados por el Ejecutivo Municipal.

Sin embargo, de acuerdo con Soto, esa acta enviada al Tribunal de Cuentas no debe reflejar exactamente lo que dice el libro de actas de la sesión. De manera insólita, la concejal que responde a Wern opinó que pese a que los concejales ni siquiera leyeron el balance antes de votarlo, en el acta certificada se puede indicar que se analizó y se debatió previamente. Esta postura es contraria a lo que sostiene la normativa vigente, que el Tribunal debería controlar.

No sólo eso, Soto también justificó que no se cumpla con la Ley de Municipalidades, que sostiene que se debe convocar a sesión especial para tratar los balances. Confiada en el fallo del Tribunal de Cuentas que maneja el fiscal Álvarez, la concejal sostuvo que el organismo debe juzgar la irregularidad respecto de la ley de municipalidades.

Sin embargo, la patética crisis institucional que vive el municipio de Colonia Delicia se profundizó aún más esta semana, cuando Tarnoski reveló que Bianco y el Tribunal de Cuentas, están al tanto de todo lo ocurrido con el balance apócrifo y judicializado. “No sabría decir si el tribunal se acercó a la municipalidad. Al Concejo Deliberante no se acercó. Y el tribunal está sabiendo sobre esto. Yo tuve una reunión con la presidenta del tribunal hace aproximadamente un mes y medio, en Posadas, donde he presentado también un escrito relacionado al balance”, reveló Tarnoski días atrás, en contacto con Radio Up.

“Una de las actas tiene contenido falso porque no hemos tenido el balance, no hemos votado positivo, como dice en el acta. Eso hemos dado a conocer al tribunal en forma escrito y también en una reunión que tuve con la presidenta del tribunal. Y hablando del ejecutivo provincial, nadie se contactó con nosotros”, sentenció Tarnoski.

Estas revelaciones ponen en un brete al Tribunal de Cuentas que desde principios de junio conoce de la gravísima situación y no formuló ninguna sanción, ni mucho menos, una denuncia ante la justicia penal. Esta postura de complicidad y anuencia, sería responsabilidad del fiscal del Tribunal Álvarez.

Según fuentes reservadas, este contador, designado por acuerdo de la Legislatura de Misiones en julio del 2020, en la práctica oficia como una suerte de “policía político” que disciplina a los intendentes de la provincia: a través del control de los balances municipales, Álvarez y Bianco, ejercen una influencia considerable sobre todas las gestiones de los jefes comunales. 

Si algún intendente se muestra crítico de alguna medida del oficialismo, el Tribunal empieza a investigar los balances. Por el contrario, si los intendentes están alineados, habría una mayor flexibilidad del Tribunal, al momento de escrutar las cuentas. 

De hecho, este escándalo en Colonia Delicia estaría mostrando que el Tribunal puede llegar a aprobar balances falsificados. Si no hubo ninguna sanción al Ejecutivo de Delicia por presentar un balance “trucho” que no fue debatido y aprobado por los concejales, es posible y hasta probable que lo mismo haya ocurrido –o pueda ocurrir– en otros municipios a lo largo y lo ancho de Misiones.