Se agrava el escándalo por la presunta modificación del plan de estudios, la planta orgánica nominal y los ID de horas superiores de la Escuela Normal Superior “Estados Unidos del Brasil”, con la presentación de una ampliación de denuncia ante el Consejo General de Educación, formulado por la profesora Romina Paul.
Esta docente viene denunciando una serie de irregularidades graves en las que habrían incurrido el Director de Educación Superior, Luis Oviedo, la interventora de la Escuela, Nerea Babi y la vicerrectora Marta Pavluk (turno tarde), con el objetivo más o menos explícito de impedirle que asuma como vicerrectora (turno noche), un cargo que le correspondería por padrón.
Asimismo, según indicó Paul a Agencia Hoy, está reclamando las horas en las que fue designada Pavluk, pese a no tener alcance de título, es decir, las horas del 3° “B” de “Ciencias Naturales”, que fueron creadas y no se las ofrecieron –pese a que la denunciante sí cuenta con alcance de título– con la presunta anuencia o complicidad de la interventora Babi.
Este viernes, Paul presentó una ampliatoria de una denuncia en la que acusa a las mencionadas Babi y Pavluk, junto con la coordinadora pedagógica Gloria Fernández, de “vulneración de derechos, hostigamiento y violencia laboral”. Las presentaciones ante el CGE forman parte de los trámites números 18156/25 (“Solicitud – agregar al trámite N° 14552/25”), 18150/25 (“Solicitud – revisión de la resolución N° 4075/25”) y 18135/25 (“Informes – irregularidades tramite N°16338/25”) presentados entre el 16 y el 18 de julio.
En el marco del Trámite 18156/25 iniciado hoy, la profesora Paul expuso en una nota a la titular del CGE Daniela López, que fue docente titular de la escuela en cuestión (CUISE 3702) hasta el 12 de junio y que presenta “formalmente la ampliación para ser agregada a la denuncia laboral previamente registrada bajo el trámite N° 14552/25, relacionada con las irregularidades administrativas detectadas en la conformación de la planta funcional de la institución educativa (Normal Superior EEUU del Brasil)”
“Esta documentación complementaria tiene como objetivo aportar nuevos elementos probatorios y precisiones que refuerzan los hechos expuestos en la presentación inicial, solicitando se incorporen al proceso investigativo en curso”, expone Paul en la presentación que ingresó en el CGE este viernes.
De acuerdo con Paul, “la violencia laboral por medio de la vicerrectora Marta Paviuk con derivaciones administrativas negligentes y sistemáticas, en congruencia con apoyo de la interventora Nerea Babi, quien fundamentó sesgadamente al departamento de legales y por lo cual surge la resolución N° 4074/25, que ambas faltan a la verdad y manifiestan un mal desempeño de funcionarias públicas”,
En esta línea, Paull expone que para brindar “explicitud a lo actuado, adjunto informe y pruebas del hostigamiento que no solo Marta Pavluk lo realiza, sino también sus conniventes Gloria Fernández, Vanesa Espínola y pruebas de las finalidades de la reestructuración donde Marta Paviuk se adjudica horas sin alcance de título con anuencia de la interventora, sin haberme hecho el ofrecimiento”
“(…) He sido vulnerada en todos mis derechos desde la destrucción de mis 19 horas, ocultamiento de horas para ofrecimiento y ocultamiento del cargo de vicerrectoría, que no obstante mi representante legal instruirá una vez culminado mis reclamos ante el CGE, la instancia judicial”, sostiene Paul en la primera parte de la nota de ampliación de denuncia ante el CGE.
Sobre las irregularidades la reestructuración de la Planta Funcional de la Escuela Normal Superior EEUU del Brasil, Paul habla de “implicaciones jurídicas derivadas de la aplicación de la Resolución N°7411/24 y su posterior confirmación mediante la Resolución N°4074/25, que afectan” a sus derechos laborales y agrega: “Se observan las presuntas irregularidades procedimentales, administrativas y sustantivas (…) con especial énfasis en las posibles conductas constitutivas de violencia laboral y hostigamiento hacia la docente reclamante, así como el marco normativo aplicable al caso.”
“El caso tiene su origen en un reclamo presentado por el Gremio SEMAB-CEA en representación de la profesora (Paul), quien alega haber sido perjudicada en su derecho a la titularización como consecuencia de la aplicación de la Resolución N° 7411/24 (…) Como antecedente relevante, el departamento de legales solicitó específicamente a la Directora de la institución, la elaboración de un informe circunstanciado que explicara las razones pedagógicas que justificaran los cambios implementados en la estructura del Profesorado, dado que éstos no se encontraban explicitados en el texto de la resolución mencionada”, describe la demandante en el escrito.
“Esta petición se fundamentaba en la necesidad de contar con documentación probatoria que permitiera el análisis de la cuestión de fondo y la emisión del correspondiente Dictamen Legal. Es importante destacar que la Directora interventora (Babi) de la institución, presentó un informe a fojas 152 donde certifica que la docente Paul cumple con los requisitos establecidos para el espacio curricular de Ciencias Naturales, tanto en su formación académica como en su experiencia profesional, y que su trayectoria ha sido evaluada positivamente por la institución en diversas instancias”, remarca la docente.
“Sin embargo, dicho informe se limitó a describir la situación particular de la docente de forma parcial, omitiendo explicitar las razones pedagógicas que fundamentaron los cambios implementados en la estructura del Profesorado, tal como había sido solicitado expresamente”, denunció Paul en la nota enviada a la directora general del CGE.
En otro tramo saliente de la presentación, la docente explica: “La Resolución N°4074/25 del (CGE) rechaza el reclamo interpuesto por la Confederación de Educadores Argentinos en representación de la profesora Romina Paul. El fundamento principal de dicha resolución es que la docente ‘no se verá afectada y conservará intactos sus derechos según consta a fs.152/156 de lo actuado’. Sin embargo, este fundamento presenta graves deficiencias desde el punto de vista jurídico y procedimental”, aclara la profesora.
Estas deficiencias de la resolución 4074/25, serían según Paul, las siguientes:
*No aborda el objeto central del reclamo: la falta de fundamentación pedagógica de los cambios implementados mediante la Resolución N° 7411/24.
*Omite pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento seguido en la reestructuración de la Planta Funcional.
*No analiza la compatibilidad entre la formación y competencias de la docente y las nuevas asignaciones curriculares a la que fue sometida.
*Desconoce la situación real de la docente, quien según su reclamo, fue despojada de múltiples horas de trabajo (19 horas)
“El análisis del expediente revela que la Asesoría Legal no se pronunció sobre el contenido de la resolución impugnada (N° 7411/24), limitándose a considerar que, según lo informado por la Dirección de Nivel (Superior, a cargo de Luis Oviedo), la reclamante (Paul) no se vería afectada en sus derechos, particularmente en su condición de Delegada Gremial. Este enfoque resulta insuficiente y parcial, ya que no examina los aspectos sustantivos del reclamo”, subraya la profesora.
“Es relevante señalar que el Dictamen Legal N° 723/25 (fs.157) que sirvió de base para la resolución impugnada, no consideró la totalidad de los hechos denunciados ni las consecuencias reales de la reestructuración sobre la situación laboral de la docente”, indicó la denunciante.
De acuerdo con Paul, “un análisis detallado de la documentación presentada por la reclamante revela que, contrariamente a lo afirmado en la resolución, sí existiría una afectación considerable a sus derechos laborales, materializada en:
*Pérdida de Horas de Trabajo
10 horas de capacitación
6 horas de investigación
3 horas de ECO III titulares del primer cuatrimestre
3 horas titulares de capacitación del segundo cuatrimestre
*Reasignación Incompatible
Gabinete psicopedagógico de nivel inicial
Alfabetización inicial del 2B profesorado de educación primaria
Sociología de la educación del 3B
Cambio de ID y denominación de horas
“Adicionalmente, se produjeron cambios en los niveles educativos, trasladando algunas horas a niveles diferentes, lo que podría afectar las condiciones laborales y profesionales de la docente. También se registraron modificaciones en la distribución temporal, con cambios en la distribución cuatrimestral de las horas, alterando la organización laboral de la docente sin su consentimiento”, aclaró Paul.
“Estas circunstancias –prosigue la denunciante– contradicen directamente la afirmación contenida en la resolución de que la docente ‘conservará intactos sus derechos’, evidenciando una incongruencia entre los fundamentos de la decisión administrativa y la realidad fáctica del caso. Esta contradicción constituye un vicio sustancial que compromete la validez jurídica de la resolución y que podría dar lugar a su nulidad por defectos en la motivación del acto administrativo”.
Por otra parte, Paul acusa de Pavluk y a la coordinadora pedagógica Gloria Fernández, de hostigamiento laboral. “Particularmente grave resulta la denuncia de que la reestructuración habría sido utilizada con fines personalistas, favoreciendo a la vicerrectora Pavluk Marta, quien habría resultado beneficiada con la asignación de horas en condiciones presuntamente irregulares, ya que no contaría con alcance de título para las unidades curriculares de Ciencias Naturales”, expone la nota.
“Estas circunstancias podrían configurar no solo irregularidades administrativas, sino también posibles conductas de abuso de poder y desvío de la finalidad del acto administrativo, ya que la reestructuración habría sido utilizada no para mejorar la calidad educativa (fin legítimo), sino para favorecer intereses particulares (fin ilegítimo)”, subrayó Paul.
En esta línea, la docente remarcó: “Adicionalmente, la difusión pública de la resolución a través de medios informales como grupos de WhatsApp y estados en redes sociales, antes de la notificación formal a la interesada, constituye una vulneración del debido proceso administrativo y podría configurar también conductas de hostigamiento laboral hacia la reclamante”.
“En relación a la difusión informal de la resolución, resulta especialmente preocupante que haya sido realizada por personas sin autoridad educativa formal para acceder a dichos documentos, como la profesora Gloria Fernández, coordinadora pedagógica del Profesorado de Educación Primaria, así como la propia vicerrectora Marta Pavluk, quien expuso la resolución en sus estados de WhatsApp. Más grave aún resulta la participación del gremio AMET, del cual forma parte la vicerrectora Pavluk, en la difusión de la resolución a través de redes sociales, lo que refuerza la hipótesis de un hostigamiento sistemático hacia la docente reclamante”, advierte Paul.
En tanto, “adicionalmente a las irregularidades administrativas y procedimentales detectadas, la docente (Paul) denuncia situaciones que configurarían violencia laboral, particularmente la difusión pública de la resolución a través de grupos de WhatsApp y estados en redes sociales antes de su notificación formal, circunstancia que podría encuadrarse en conductas de hostigamiento y acoso laboral sancionadas por la normativa vigente”, precisa la nota.
“La conducta de la vicerrectora Pavluk merece especial atención, ya que además de participar en la difusión prematura de la resolución, habría resultado beneficiada con la asignación de horas en condiciones presuntamente irregulares, lo que podría configurar no solo hostigamiento laboral sino también un posible conflicto de intereses e incumplimiento de deberes de funcionario público”, sostiene la denunciante, anticipando posibles causales de una demanda penal.
Para la denunciante “el sistema de violencia laboral denunciado presenta características de sistematicidad y coordinación entre diversos actores, lo que refuerza su gravedad y su potencial lesivo para los derechos de la docente. La participación de una organización gremial en estas conductas resulta particularmente preocupante, ya que estas entidades tienen como fin primordial la defensa de los derechos de los trabajadores y no su vulneración”, remarcó Paul, en la presentación.
“La normativa vigente establece la obligación de las autoridades educativas de prevenir, investigar y sancionar conductas de violencia laboral, garantizando un ambiente de trabajo libre de hostigamiento y discriminación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las autoridades educativas podría generar responsabilidad administrativa e incluso civil por los daños ocasionados a la docente afectada”, subrayó la denunciante en su escrito a la titular del CGE.
Asimismo, “la vulneración del debido proceso administrativo se evidencia en múltiples aspectos del procedimiento seguido tanto en la reestructuración de la Planta Funcional como en la resolución del reclamo interpuesto por la docente. Particularmente graves resultan la falta de fundamentación pedagógica de los cambios implementados y las deficiencias en el sistema de notificación, que vulneran principios fundamentales del procedimiento administrativo establecidos en la Ley I-N°989 (antes Ley 2970)”, explicó la profesora.
“Existen indicios fundados de que la reestructuración podría haber sido utilizada con fines distintos a los legalmente previstos, beneficiando a determinados funcionarios (específicamente a la vicerrectora Pavluk Marta) en detrimento de otros docentes, lo que podría configurar un desvío de poder que viciaría los actos administrativos resultantes. El desvío de poder constituye un vicio del acto administrativo que se configura cuando la autoridad administrativa, aun actuando dentro de su competencia, utiliza sus potestades para un fin distinto del previsto por la ley, como parece haber ocurrido en este caso”, enfatiza Paul en el documento presentado ante el CGE.
“La confección sesgada y maliciosa de la resolución, así como su utilización por terceros para el hostigamiento a la docente reclamante, podrían configurar no solo irregularidades administrativas sino también conductas sancionables desde el punto de vista disciplinario e incluso penal, particularmente si se comprueba la existencia de falsedad en los informes oficiales o abuso de autoridad”, aclara Paul en la presentación.
“En conclusión, el análisis jurídico realizado evidencia la existencia de graves irregularidades en el proceso de reestructuración de la Planta Funcional de la Escuela (Normal Mixta) y en la resolución del reclamo interpuesto (…) Estas irregularidades no solo comprometen la validez jurídica de los actos administrativos cuestionados, sino que también configuran una vulneración significativa de los derechos laborales de la docente y podrían constituir conductas de hostigamiento y violencia laboral sancionadas por la normativa vigente”, reitera la docente.
Por último, Paul recuerda en la nota dirigida a la máxima autoridad del Consejo de Educación: “Las autoridades educativas tienen la responsabilidad de revisar las resoluciones cuestionadas, restablecer los derechos vulnerados y adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar las conductas de hostigamiento identificadas, garantizando un ambiente laboral respetuoso de la dignidad y los derechos de todos los docentes.”
