En una insólita defensa de la desregulación del mercado yerbatero, que está empujando al quebranto a la mayor parte de los 15 mil productores yerbateros de Misiones, el Jefe de la Agencia Territorial de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Héctor Franco consideró que la situación de los pequeños agricultores es análoga a la de los abogados de Misiones, porque ambos sectores están cobrando valores ínfimos, sin que ninguna medida de regulación estatal lo pueda revertir.

En una extensa carta de opinión publicada en el portal La Voz de Misiones, Franco sólo escribió la palabra “molinos” una sola vez, con lo cual, su análisis no toma en cuenta el oligopsonio existente en el mercado yerbatero, donde tres empresas controlan el 60% del mercado, por lo que, en un marco de desregulación propiciado por Milei a través del DNU 70/23, pueden presionar para que los precios caigan por debajo de los costos de producción.

Para el empleado de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los productores yerbateros y los abogados matriculados en Misiones, “en apariencia pertenecen a mundos diferentes, comparten una problemática común: un mercado saturado y la urgente necesidad de reconversión.”

“Mientras los productores de yerba han dependido tradicionalmente de la intervención del Estado para fijar un precio mínimo de la hoja verde, actualmente el INYM ha desregulado el precio, llevando al sector a una crisis aún mayor. Por otro lado, los abogados deben sobrevivir en un mercado donde, aunque existen honorarios mínimos regulados, la sobreoferta hace que nadie los respete y muchos ni siquiera lleguen a ganar el 50% de la canasta básica, a pesar de haber realizado una gran inversión en tiempo y educación universitaria”, sostuvo Franco, en una controversial comparación, que es insostenible si se toma en cuenta que el mercado yerbatero está conformado por varios actores –tareferos, productores, secaderos, cooperativas, Estado y molinos–.

Para el funcionario encargado de velar por los derechos de los trabajadores en Misiones, un “mercado saturado” de abogados, la “regulación es ineficaz”, porque “si bien existen honorarios mínimos establecidos, nadie los respeta debido a la sobreoferta, lo que hace que muchos abogados cobren por debajo de los valores recomendados.”

En un marco evidentemente reduccionista, Franco considera que el mercado yerbatero “está saturado de materia prima, lo que reduce los precios que reciben los productores” y que “la eliminación del precio mínimo de la hoja verde, ha dejado a los pequeños productores en una posición de debilidad frente a los grandes molinos.”

En su carta de opinión, es el único momento en el que el funcionario del desaparecido ministerio de Trabajo habla de los molinos, desconociendo u omitiendo, que, según diversos informes, tres grandes molinos controlan el 60% del mercado y por ende, modelan el precio productivo al ponerse de acuerdo en una rebaja a niveles insostenibles, como lo permite el DNU 70/23.

Evidentemente, sin conocer que la reconversión productiva del sector yerbatero es muy compleja porque la yerba requiere de entre 5 y 10 años para cosechar hojas –entre otros puntos– Francos dijo que “falta de reconversión” y “muchos productores siguen con métodos tradicionales y no diversifican su producción, limitando su rentabilidad.”

“Ante este panorama, los yerbateros han dependido históricamente de la intervención estatal, pero ahora se ven obligados a buscar alternativas para sostenerse sin ese respaldo”, destacó Franco, en defensa de la desregulación que derivó en un conflicto como no se había visto en las últimas décadas, con miles de productores produciendo a pérdida y con riesgo de terminar malvendiendo sus chacras.

Franco apeló al sarcasmo al plantear: “¿Por qué el Estado debe protege a los yerbateros y no a los abogados?”. Y opinó que “un sector en crisis no es más importante que otro para acaparar las políticas del Estado”, poniendo al mismo nivel, la problemática de los abogados con la de los productores yerbateros, que en realidad son un eslabón intermedio entre los cosechadores (tareferos) y los secaderos y molinos.

Para Franco, es una “gran contradicción”, “que el Estado ha intervenido históricamente para proteger la rentabilidad de los yerbateros, pero deja a los abogados librados a su suerte.”

“Si el argumento del sector yerbatero es que necesitan que artificiosamente se fije un precio por encima de lo que establece el libre mercado, es porque no es eficiente y por eso necesitan regulación, podría decirse lo mismo de la abogacía. Un abogado desde que comienza a percibir honorarios tiene toda la carga tributaria nacional y provincial, gastos fijos ineludibles como lo tendría un productor; pero si hiciéramos una reflexión objetiva deberíamos concluir que existen muchos otros sectores económicos que son invisibilizados y que tienen el mismo derecho a ser tenidos en cuenta”, argumentó el funcionario nacional, planteando que si el Estado debe intervenir para que los grandes molinos no empujen a la bancarrota a los pequeños productores, también debe intervenir en el pago de los honorarios a profesionales que prestan servicios en el plano de las disputas legales.

“¿Por qué los yerbateros pueden exigir un precio mínimo mientras que los abogados deben competir libremente? ¿Por qué el Estado debería garantizar la rentabilidad de un sector y no del otro? ¿No debería fomentarse la reconversión en ambos casos en lugar de sostener artificialmente a uno de ellos?”, expresó el abogado y funcionario libertario, que trató de asimilar los bajos honorarios que perciben los abogados, con los precios viles que perciben los productores, por la presión de los grandes molinos, beneficiados por el DNU 70/23 de Milei.

Sobre el final, Franco, propone que “la verdadera salida para ambos sectores (yerbateros y abogados) no es una regulación arbitraria, sino un proceso de modernización y diversificación”.

En resumen, el funcionario parece hacer culpables a los propios productores de la crisis, porque no se modernizan ni se diversifican. De hecho, Franco termina emulando el discurso de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que rechazó restituir al INYM de sus facultades y replicó que, si la yerba no es rentable, que los yerbateros “planten otra cosa”.

Sin brindar ningún dato de un campo que, a todas luces, desconoce, Franco evitó mencionar que la modernización productiva requiere de una fuerte inversión a un sector que apenas subsiste con los precios que los molinos pagan por la materia prima, con el mercado desregulado por Milei –el precio productivo cayó en 2024, de los $370 a los $180 por kilo de hoja verde, pero los costos productivos, merced a la devaluación del 118% de diciembre del 2023, aumentaron al doble o el triple.

No obstante, quizás el rasgo saliente de la comparación forzada y pseudocientífica del funcionario libertario, es que no considera que los grandes molinos que controlan la mayor parte del mercado yerbatero, tengan ningún papel en la pulverización de los precios productivos, desregulados por el DNU de Milei. Y la desregulación tiene dos consecuencias comprobables: el desplome de la rentabilidad de los productores y el aumento exponencial de las ganancias de las grandes industrias –situación que refuta de plano, la teoría del derrame.

Por otra parte, Franco parece desconocer que una de las funciones que el DNU 70/23 le quitó al INYM, es la de limitar las plantaciones. Esta facultad permitiría evitar o atenuar al menos, la sobre oferta de materia prima al establecer cupos de plantaciones, toda vez que se constata una tendencia a la sobreproducción.

Finalmente, en su análisis de la crisis yerbatera, Franco nada dijo respecto de la apertura de la importación de materia prima que propició el gobierno del que forma parte. Esta medida también empuja los precios productivos para abajo, al aumentar la oferta de materia prima, en perjuicio de los minifundistas que se dedican a la producción yerbatera.