El secretario adjunto de la Federación del Personal de
Vialidad Nacional (FEPEVINA), Fabián Catanzaro, denunció el crítico estado de
desinversión que sufren las rutas nacionales y alertó sobre el inminente
peligro que esto representa para millones de usuarios.
Según reveló el dirigente sindical, las consecuencias del
ajuste ya se palparon de forma directa durante las pasadas vacaciones de
verano, cuando miles de familias se enfrentaron al deterioro de las calzadas al
circular por el territorio argentino.
“Estamos en un triste nivel histórico en vialidad nacional,
hoy tenemos un 70% de la red vial en mal estado”, sentenció Catanzaro con
crudeza, puntualizando que el abandono presupuestario es generalizado y
transversal a toda la cartografía federal: “En todo el país no hay provincia,
ni ruta nacional que se salve”.
El impacto de la falta de insumos mínimos golpea con
especial dureza la temporada invernal en la Patagonia y las zonas
cordilleranas. Los operarios abocados al despeje de caminos hoy carecen de los
elementos básicos para garantizar la transitabilidad: “En este invierno,
nuestros compañeros que están con la actividad invernal, hoy prácticamente no
tienen ni cuchillas ni solución salina, para hacer el trabajo de despeje de
nieve”, graficó el referente del gremio.
Frente a la parálisis de la conservación de las rutas, el
dirigente explicó el plan de privatizaciones que impulsa la Casa Rosada sobre
los 43 mil kilómetros que componen la red vial nacional.
Catanzaro recordó que, previo a la actual gestión, el
sistema concesionado bajo el cobro de peajes alcanzaba los 6.500 kilómetros.
Sin embargo, el Ministerio de Economía activó un proceso licitatorio por tandas
que busca transferir, en una primera etapa, unos 9.400 kilómetros a firmas
privadas, con la ambición final de estructurar un esquema que otorgue 20 mil
kilómetros de rutas a manos corporativas.
El gremialista describió un entramado de financiamiento que
contradice el discurso del gobierno sobre el supuesto arribo de capitales
privados para la obra pública. De acuerdo con su denuncia, el Estado Nacional
utiliza sus propias herramientas financieras para subsidiar a los nuevos
licenciatarios:
“Están adjudicando las concesiones y nos dijeron que era con
inversión privada, pero metieron al Banco de Comercio Exterior que depende de
Economía, prestamistas de las empresas que tomen las obras con tasas
preferenciales o dos años de gracia para devolver la plata. A su vez, de
garantía ponen un fondo pyme de garantía”.
El referente gremial relativizó el optimismo del sector
corporativo y advirtió que “la explosión de obras que algunos empresarios están
hablando, no va a suceder”, debido a que con este esquema existen numerosos
tramos viales que resultarán económicamente inviables. En una segunda fase del
plan del gobierno, se prevén transferir corredores nacionales directamente a
las órbitas provinciales con la única finalidad de autorizarlas a implementar
nuevas estaciones de peaje, pero transfiriendo la responsabilidad «además sin
recursos”.
“Hoy hay una gran incertidumbre porque el gobierno no
plantea un esquema de gestión porque el gobierno solo plantea o traspasos a
concesiones privadas, o a las provincias”, criticó.
La parálisis de las obras se complementa con un severo
achicamiento de la planta de operarios especializados, lo que vacía de
capacidad técnica al organismo. Catanzaro precisó que Vialidad Nacional sufrió
una sangría equivalente al 25% de la fuerza laboral que registraba hacia fines
de 2023. De una plantilla histórica que promediaba los 5.600 empleados
calificados, el organismo cuenta hoy con menos de 4.200 trabajadores.
“Se han ido trabajadores especializados y capacitados. Si
sumamos la baja de personal y el recorte presupuestario, nos dejan una vialidad
nacional muy debilitada para poder salir a hacer nuestras tareas”, lamentó el
gremialista.
El dirigente vinculó el estado de las banquinas y el asfalto
con el dramático incremento de la siniestralidad en el país. En esa línea,
denunció la existencia de una maniobra de ocultamiento oficial de la
información estadística para enmascarar los efectos de la desinversión en
seguridad vial: “Hay una política decidida de dejar las rutas, pero hay también
un gran apagón estadístico. Nos quieren mostrar que no aumentaron los
siniestros y se han triplicado las víctimas fatales”.
Frente al avance del deterioro estructural y el riesgo de
vida latente en los corredores del país, Catanzaro confirmó que la federación
gremial formalizó un pedido de audiencia ante el Congreso de la Nación con el
objetivo de exigirle a los legisladores de todos los bloques que declaren de
forma urgente la Emergencia Vial en todo el territorio de la República.
