El resonante caso del profesor de informática acusado de abuso sexual agravado en el Instituto Próvolo de La Plata que permanece en el plantel docente de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 (CUISE 4007) de Jardín América, sumó otro capítulo en las últimas semanas. La diputada provincial Gladis Cornelius (UCR), vicepresidente segunda de la Cámara de Representantes de Misiones, presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo provincial informe todo lo referido a José Ángel Britez, el docente acusado de violar a niños hipoacúsicos en los años 80s y 90s en el instituto Próvolo, que hace décadas es docente de secundaria, y fue reinstalado en el sistema gracias a un fallo de prescripción de primera instancia que no está firme.
Agencia Hoy fue el primer medio en confirmar que la fiscal platense Cecilia Corfield, que investiga el resonante caso de los abusos en el Próvolo, había apelado el fallo de prescripción que benefició a Britez. Ese fallo de primera instancia fue el que el “profesor” utilizó para que lo restituyan en sus cargos en la EPET 7. De manera inexplicable, el CGE accedió a reinstalar al docente, dejando sin efecto el sumario que le abrieron en 2019, sin consultar a Corfield, si había apelado o no al fallo.
Esa fue sólo una de las múltiples irregularidades que se habrían consumado en beneficio de Britez, que es hermano de la exconcejal de Jardín América Sandra Britez: se incumplió la resolución 966/21 que ordenaba su relocalización en otro establecimiento o dependencia del Consejo General de Educación, impidiendo que esté al frente de aulas en los niveles inicial, primario, secundario y especial, sólo permitiéndosele dictar clases a adultos.
“Próvolo”, la palabra “prohibida” en el CGE y en la EPET 7 de Jardín América
El proyecto de Cornelius, que retoma las investigaciones periodísticas de Agencia Hoy, ingresó a la Legislatura y está previsto que se trate en la Comisión de Educación, el próximo martes, según indicaron fuentes parlamentarias. Esta comisión es presidida por la diputada renovadora Mabel Cáceres, quien tiene en sus manos, la posibilidad de avanzar o no con un informe exhaustivo de todo lo actuado en torno a este docente.
La iniciativa es un proyecto de comunicación que ingresó a la Legislatura el 11 de septiembre pasado y solicita “que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones, informe en qué situación laboral se encuentra el profesor Britez, José Ángel, docente de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 de Jardín América, sobre los siguientes puntos:
1. Qué carga horaria posee y si percibe haberes por las mismas,
2. Si ejerce frente al alumno en alguna institución,
3. En qué situación se encuentra acción administrativa contra Britez en la causa por los abusos sexuales agravados.”
“Es de público conocimiento –prosigue Cornelius en su proyecto– el escándalo que involucra al profesor Britez, que está acusado de violar a niños hipoacúsicos en los años 80s y 90s, y sigue cobrando por 42 horas secundarias en la Provincia de Misiones, desde que fue reintegrado en sus funciones, en base a un fallo de prescripción del caso que fue apelado por la fiscal platense Cecilia Corfield.”
Asimismo, la diputada argumenta que la directora de la EPET 7, Cecilia Borzone, “acumula más de 9 meses en silencio sobre la situación del profesor acusado de pedofilia y abuso sexual agravado, sin dar respuesta a los interrogantes de la comunidad educativa y a los medios que lo requieren.”
“Los medios informan que la acción administrativa contra Britez fue ‘reabierta’ de oficio según se reveló en un expediente a fines de noviembre del 2024, luego de que se confirmara el fallo de prescripción que benefició al profesor de informática, en la causa por los abusos sexuales agravados en el Instituto Próvolo de La Plata, que fue apelado ante la Corte Suprema bonaerense”, detalla la diputada radical en el proyecto.
Sin embargo, recuerda Cornelius, “desde entonces, no se volvió a hablar del caso y ni se hizo público, el sumario administrativo contra Britez, que está paralizado mientras el acusado de pedofilia espera que le salga la jubilación. En el sistema informático del CGE no aparece el sumario, que sigue dilatándose con el posible objetivo de permitir a Britez jubilarse”, precisa la legisladora, en referencia al mutismo absoluto de la directora general del CGE, Daniela López, que sólo habló en una oportunidad sobre el caso –en noviembre del año pasado, al día siguiente de la revelación de Agencia Hoy respecto a la apelación contra el fallo que benefició a Britez.
Cabe recordar que el Boletín Oficial N° 15.015, publicado el 27 de septiembre del 2019, informó que “el 29 de Abril del corriente año (2019), aproximadamente a las 9 horas, se hacen presentes en la Institución Escolar dos (2) agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la ciudad de La Plata a cargo del Comisario Inspector Alejandro Fabián Ojeda quienes proceden a la detención del docente (Britez)” y que “esa detención es ordenada por EXHORTO que el Juez Jorge F. Moya Panisello del Juzgado precitado envía al Juez con competencia territorial en la localidad de Jardín América, Provincia de Misiones.”
“(…) En el Exhorto cuya copia se adjunta fojas 02, se transcribe el auto que ordena la “... detención de JOSÉ ÁNGEL BRITEZ en orden a los los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador, -cumplía funciones de profesor de informática-, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores gravado por el medio comisivo y por la edad de las víctimas, los dos primeros en concurso real entre sí, y a su vez en concurso ideal con el último”, completa el edicto publicado en aquel Boletín Oficial de Misiones.
El profesor acusado de pedofilia, aparece ocupando 13 plazas laborales distintas en la EPET 7
Lo que pasó después de esa detención del profesor de informática, desafía la capacidad de asombro, pues el CGE primero reinsertó a Britez en el sistema en base a un fallo de prescripción –que no indica que los delitos no ocurrieron, sino que no se los puede juzgar–. El titular del CGE, Juan Alberto “Colita” Galarza firmó la Resolución 966/21, el 7 de abril del 2021, que “resolvió sobreseer” al docente, y excluirlo del padrón “para ocupar cargos de interinatos y/o suplencias en escuelas primarias, secundarias y especiales, quedando únicamente habilitado para enseñar en escuelas de adultos y escuela de contextos de privación de libertad. De esta forma, se evitaría tener contacto con menores adolescentes, y se otorgue una ubicación provisoria y/o definitiva al docente (Britez)”.
Además, el artículo 3° de esa resolución 966/21, facultó “a la Dirección de Educación Técnica, que proceda a ubicar provisoriamente y/o definitivamente al señor (…) Britez (…) en otro establecimiento escolar y/o dependencia del Consejo General de Educación”.
Sin embargo, esa Dirección de Educación Técnica no cumplió con la reubicación y Britez aparece ahora, ocupando 13 plazas laborales distintas, para un total de 84 horas secundarias, de las que cobra por 42 horas –el máximo posible– en las plazas n° 605371 (26 horas titulares) y n° 605372 (16 horas interino) como “Profesor Ninguna”. Curiosamente, quien nunca habló del caso y de su responsabilidad en el incumplimiento de la resolución 966/21, es la titular de la Dirección de Educación Técnica, Rossana Ayala.
Las máximas autoridades educativas de la provincia, empezando por Daniela López y el Ministro de Educación, Ramiro Aranda, jamás hablan del caso Britez. El docente acusado de abusar de chicos hipoacúsicos, ya inició sus trámites jubilatorios. Surge la interrogante de si puede acceder a una jubilación con un sumario administrativo abierto. En Misiones, todo parece posible.
