La reactivación de la Comisión de Juicio Político de la
Cámara de Diputados, que comenzó a funcionar esta última semana, reactivó
también los pedidos de responsabilidad política contra el presidente Javier
Milei. En ese marco, el diputado nacional Juan Marino presentó dos ampliaciones
de solicitudes de juicio político ya en trámite, mientras que una tercera
iniciativa fue impulsada junto a su par Pablo Todero.
El primer proyecto, firmado por Juan Marino y Pablo Todero,
solicita iniciar el proceso de juicio político contra Milei y el ministro de
Salud, Mario Iván Lugones, por presunto mal desempeño y posible comisión de
delitos en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa se centra en el
desfinanciamiento y la desatención del sistema de discapacidad, y acusa al
Poder Ejecutivo de incumplir leyes nacionales, tratados internacionales y
sentencias judiciales. Entre los hechos enumerados se incluyen la suspensión de
pensiones no contributivas, la falta de pago a prestadores, la interrupción de
tratamientos y el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, además de
decretos y resoluciones cuestionadas judicialmente.
A su vez, Juan Marino presentó una ampliación del pedido de
juicio político vinculado al caso de la criptomoneda $LIBRA. En este
expediente, el legislador incorpora como nuevos fundamentos el informe final de
la Comisión Investigadora creada en la Cámara baja y las revelaciones
judiciales y periodísticas conocidas en los primeros meses de 2026. El texto
señala la promoción presidencial del token, la presunta existencia de acuerdos
económicos con sus impulsores, comunicaciones telefónicas previas y posteriores
al hecho y documentación que indicaría pagos millonarios a cambio de la
intervención de Milei. Según la presentación, estos elementos agravan las
causales de mal desempeño y suman hipótesis de delitos como cohecho, tráfico de
influencias y asociación ilícita.
El tercer proyecto, también impulsado por Juan Marino,
amplía otro pedido de juicio político enfocado en la política exterior y de
defensa del Gobierno. La iniciativa cuestiona el respaldo institucional del
Ejecutivo a acciones militares de Estados Unidos e Israel, las declaraciones
públicas del Presidente y de funcionarios que posicionaron a la Argentina como
parte beligerante en un conflicto armado, y la firma de acuerdos y compromisos
militares sin autorización del Congreso. Además, incluye el alineamiento
argentino en foros internacionales y el voto en contra de una resolución de la
ONU que condenaba la esclavitud como crimen de lesa humanidad.
Con estas ampliaciones, la Comisión de Juicio Político
deberá analizar la admisibilidad de los expedientes y definir si avanza con la
etapa investigativa. La presentación simultánea de los tres proyectos, con
autores claramente identificados, vuelve a colocar en el centro del debate
parlamentario el control político sobre el accionar del Poder Ejecutivo.
Fuente: Parlamentario
