Denuncias de pedofilia en la Escuela 617 de El Soberbio: la comunidad marchó exigiendo justicia

Mas de un centenar de padres, madres y vecinos hicieron público su reclamo para que avance la investigación penal contra un maestro de 7° grado, señalado por una veintena de niños por obligarlos a tomarse fotos en poses forzadas, bajo extorsión. Exigen la separación del docente denunciado y apuntan a una presunta connivencia de otros maestros, de directivos de la escuela y del supervisor de la zona.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - 0:21 hs.
Denuncias de pedofilia en la Escuela 617 de El Soberbio: la comunidad marchó exigiendo justicia

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Más de 100 personas marcharon en las calles de El Soberbio bajo el lema “los niños no se tocan”, en su reclamo de justicia por los casos de presunta pedofilia y grooming en la Escuela de Frontera N° 617 (CUISE 617), donde el maestro de primaria Emanuel F., está acusado de chantajear a niños de 7° grado para tomarles fotos en poses, sin calzado y medias. 

La marcha comenzó en horas de la tarde y dejó al desnudo la inacción del juez que interviene en la causa, Ariel Belda Palomar (juez de instrucción de San Pedro, subrogante en San Vicente) y de las autoridades del Consejo General de Educación y de la propia escuela, dado que habría denuncias desde junio, que se dieron a conocer a una docente, que también estaría involucrada, como cómplice.

Según contó Aldo Pérez, el padre de una de las víctimas, desde principios de junio la docente Noelia T., conoce de las conductas presuntamente abusivas de Emiliano Emanuel F. Sin embargo, no se presentó ante la justicia luego de prometer a la madre que lo denunció, que se encargaría de la situación. Asimismo, José D., otro docente, pero de informática, es apuntado por las víctimas por permitir que el acusado se encierre solo en un espacio, con un menor, para tomarle fotos.

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Fuentes consultadas señalaron que la marcha comenzó en la plaza Belgrano, para luego recorrer distintos puntos del centro de la localidad, para hacer escuchar sus reclamos. Entre los manifestantes estuvieron familiares directos de las víctimas, que sumarían más de 20, junto con amigos, allegados, familiares y vecinos en general.

La comunidad educativa de la Escuela de Frontera 617, también apuntó contra la directora Elizabeth Lopes de Moura, y contra el supervisor de zona Alfredo Antúnez, porque no brindaron respuestas sólidas sobre su accionar para impedir que el sujeto siga violentando alumnos. Asimismo, causó mucho malestar que el acusado siga en libertad y, habiendo pasado cuatro días, el juez Belda Palomar no haya ordenado ninguna orden de allanamiento. 

En ese tiempo, el acusado dispuso de muchas oportunidades para eliminar archivos incriminantes o cualquier prueba que lo pudiera complicar en una causa por presunta corrupción de menores, grooming, violación de la intimidad y abuso agravado, entre otros. Las primeras tres denuncias se radicaron el viernes pasado y la comunidad debió llevar el reclamo a los medios de prensa, para que el CGE intervenga.

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Este martes, según confió Pérez a LT4, el supervisor no se presentó a la reunión de padres y madres en la Escuela 617, donde sólo estuvieron la directora Lopes de Moura y la docente señalada por connivencia o complicidad. Las autoridades del CGE, empezando por la directora general Daniela López, y las del Ministerio de Educación que encabeza Ramiro Aranda, no se presentaron en el establecimiento para hacer frente al reclamo de justicia.

Según Aldo, habría más de 20 denuncias y, el comportamiento de presunta pedofilia del docente, se viene dando desde, por lo menos, 2022. Es presumible que, con el correr de los días, aparezcan más denuncias. 

Con el escándalo detonado y la comunidad de El Soberbio exigiendo justicia, se presentaron los primeros trámites en el CGE, solicitados por la directora. A las 11.37 hs. de este martes, unas tres horas después del inicio de la reunión de padres y madres en la Escuela de Frontera 617, la directora inició del Trámite N° 23436/25, “Informes-situación planteada con un docente”. 

Ese pedido, que llega cuatro días después de la denuncia de tres víctimas ante la Comisaría de la Mujer de El Soberbio, ya tiene 11 movimientos y se encuentra “en espera” en la Dirección de Asuntos Legales, que estaría “verificando” la documentación. El expediente ingresó a esa dirección a las 12.38 hs. de este 23 de septiembre. Coincidencia o no, el caso ya se encuentra en todos los portales de Misiones.

De acuerdo con el portal La Voz de Misiones, ayer, lunes, la Policía de Misiones informó que, por disposición de la Justicia, al docente denunciado se le incautaron dos celulares para pericias y además se lo citó a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, de acuerdo con Aldo Pérez, el sospechoso Emiliano Emanuel F. (29) se encontraba en su casa esta mañana, sin que se realizara ningún allanamiento en su vivienda.

En un comunicado difundido este domingo, la Jefatura habría señalado a algunos medios de prensa, lo siguiente: “Las actuaciones se encuentran en trámite judicial y el acusado quedó bajo investigación, mientras continúan las pericias sobre los dispositivos electrónicos para determinar el alcance del presunto material registrado”. Este comunicado, choca de plano con lo que dicen los padres y madres de las víctimas, que revelaron que, al no percibir ninguna medida por parte del juez Belda Palomar, intentaron lograr que intervenga la gendarmería.

La descripción de los hechos, es realmente cruda y da cuenta de una vulneración de derechos verdaderamente atroz. Aldo Pérez sostuvo a LT4 esta mañana, que se enteró de los ultrajes el viernes pasado, “donde la madre de una compañera del grado de mi hija se acerca a nuestro domicilio y entre lágrimas nos comenta que la hija dijo que le había pasado algo grave en la escuela, que le había pasado una vez más le dijo, otra vez pasó.” 


“Cuando nos empieza a relatar lo que pasó, era que el docente tomaba pruebas sorpresa primero, y luego tomaba recuperatorios porque la mayoría de los niños no alcanzaba y (ante) el recuperatorio, él le proponía, no hacer la prueba de recuperatorio, a cambio de si hacían ‘el reto’”, detalló Pérez, en una descripción que se asemeja a las prácticas en las que incurren pedófilos. 

“El ‘reto’ implicaba quitarse parte de la ropa, en este caso las medias y las zapatillas, y ponerse en posiciones que él le decía, que él le pedía, ‘ponete así’, ‘ponete asá’. Las posiciones eran arriba de la mesa, boca arriba, boca abajo, poner los ojos en blanco y hacerse como que está muerto (el niño/a). Y él tomaba fotografías y lo hizo con más de 15 chicos, 20 chicos y no sabemos cuántos más que nos han contado la historia”, reveló el denunciante a este medio, esta mañana, antes de que la directora de la Escuela 617, inicie el trámite 23.436/25

Además, Pérez reveló que los propios niños habían desarrollado estrategias para protegerse entre sí, de manera tal que el acusado, no pudiera estar por mucho tiempo a solas, con las niñas a quienes habría fotografiado en poses forzadas.

Cabe subrayar que las autoridades educativas, es decir, Daniela López y Ramiro Aranda, ya tienen otras acusaciones por presunta inacción en casos de pedofilia. Basta recordar el escándalo suscitado en noviembre del año pasado, cuando Agencia Hoy ratificó con la fiscal de La Plata, Cecilia Corfield, que no estaba firme la prescripción que benefició al profesor José Ángel Britez en la causa por abusos a niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la capital bonaerense.

El acusado de violar a niños con hipoacusia en los años 80s y 90s, que fuera detenido en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 de Jardín América, en abril del 2019, fue reinstalado en el sistema educativo con un fallo de primera instancia en 2021. Pero ese fallo fue apelado por la fiscal Corfield y, como la Corte Suprema Bonaerense no se expidió, la prescripción de Britez no está firme.

Con el escándalo y la presión social, Daniela López tuvo que reabrir el sumario contra Britez, que nunca debió ser reinstalado en la EPET 7, porque la resolución 966/21 del CGE ordenaba reubicar al acusado en otro establecimiento y prohibía que esté al frente de aulas en los niveles inicial, primario, secundario y especial. Hasta la fecha, no se resolvió el sumario y Britez –que es hermano de una exconcejal de Jardín América– figura como titular o interino en 84 horas secundarias en la planta nominal de esa escuela. 

Estos comportamientos de las autoridades educativas, contrastan notablemente con la actitud de tomaron frente al resonante caso de pedofilia por el que están presos, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, el primero de los cuales era diputado provincial hasta que fue destituido y luego, condenado, en un juicio que fue noticia nacional, en abril de este año.

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