El gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, por intermedio de sus ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), impulsan la baja de la edad de punibilidad a los 13 años, a través de un proyecto de ley que será debatido en el Congreso y que ya cosechó el rechazo de numerosas asociaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

En esa línea, en diálogo con LT4, Gabriela Stefani, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) advirtió que de aprobarse el proyecto, aumentará la reincidencia porque adolescentes y niños en pleno desarrollo serán estigmatizados al ingresar en las cárceles e institutos correccionales.

Además, subrayó que la incidencia de los casos de menores en conflicto con la ley penal es ínfima en relación al conjunto total de delitos, a tal punto que, en Misiones, de 1700 encausados, apenas 4 son chicos menores de 17 años.

“El último informe del año 2022, respecto a la criminalidad de jóvenes y menores, o sea, menores de 16 y 18 años, es solamente el 2,36% de los jóvenes que cometen delito. Ahora, la propuesta de ese proyecto de ley es justamente bajar la edad de la punibilidad que actualmente está a 16 años y esto genera que la única respuesta que el Estado dé, sea la aplicación de un castigo con una pena privativa de libertad”, advirtió Stefani.

Para la funcionaria de la CPPT, la baja de la edad de punibilidad “hace que queden por fuera todas las políticas sociales que podrían aplicarse para buscar la prevención de ese tipo de delitos con jóvenes, a tan temprana edad”, enfatizó.

Por otra parte, Stefani aclaró que el deterioro de las condiciones materiales de la mayor parte de los jóvenes y menores en Argentina, implica la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Según el INDEC, tenemos el 58,4% de los jóvenes de cero a catorce años que son pobres en Argentina. Con lo cual ahí tenemos un problema que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes”, precisó.

Sin embargo, en Misiones, los datos muestran que es ínfima la incidencia de menores que delinquen, con “apenas 25 jóvenes que están en el penal de jóvenes” y de estos, “apenas 4 son menores” de 17 años. “Los criminalizados en ese rango etario son de cuatro jóvenes”, recalcó la funcionaria, añadiendo que lo que están detectando es un incremento de los consumos problemáticos, a edad cada vez más temprana.

“La cárcel es un problema para los jóvenes, ¿por qué? Porque los jóvenes en este rango etario, si hablamos de criminalizarlos a los trece años de edad, son personas que están en pleno desarrollo cognitivo, lo que genera que sean fácilmente manipulables por adultos para cometer crímenes”, subrayó Stefani, poniendo de relieve el problema de la participación de adultos en delitos cometidos por adolescentes y niños.

En esta línea, Stefani propuso trabajar sobre el desarrollo y los contextos sociales de los menores en conflicto con la ley, “y la cárcel me parece que va a terminar fortaleciendo la reincidencia de estos jóvenes, si ingresan a una temprana edad, y si como Estado la única respuesta que tenemos es la cárcel”.

“Ahora, si la respuesta con viene acompañada de otro tipo de medidas, por ejemplo, educativas, de resocialización, de ver un lugar donde se encuentren oportunidades y una mejora de la vida, creo que eso sí podría apuntalar, la vida de estos jóvenes que lamentablemente cometen delitos”, reflexionó la funcionaria provincial.

No obstante, Stefani puso de relieve que el proyecto de Bullrich y Cúneo Libarona ya cosechó “muchísimas expresiones en rechazo. La verdad que pocas son las que escuché a favor, en general, (las expresiones) son todas de rechazo: asociaciones de magistrados, asociaciones de abogados, de penalistas”, comentó Stefani, añadiendo que una entidad inició “una campaña también por la situación de las comisarías, tenemos mucho hacinamiento de personas en comisarías.”

“Así que esto no es un debate nuevo, sino que es algo que se repite cada cierto período de tiempo y se lo intenta implantar como una cuestión de política que tiene mucho impacto. Hablar de criminalidad es algo que tiene mucho impacto social. Entonces, genera opinión pública. Por eso, cada tanto, digamos, vuelve en agenda estos temas”, explicó Stefani apuntando a la cuestión del rédito político que tienen este tipo de debates.

Asimismo, Stefani apuntó a otro problema de la criminalización de los NNyA, que es el estigma social ligado al encarcelamiento, que limita las posibilidades educativas y laborales futuras de los individuos. “La privación de libertad genera estigma social”, especialmente en “un joven que pasó por la cárcel a esa temprana edad. Ese estigma social no se lo saca nadie. Y eso promueve la reincidencia”, alertó Stefani, vinculando la estigmatización de las cárceles con la desaparición de proyectos de vida ligados a la formación y al trabajo, con su lógico anverso de la recaída en la criminalidad.