Tras el cierre definitivo de las inscripciones y más de cien mil personas anotadas, la Cámara de Diputados avanzará esta semana con las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, luego de que la Justicia rechazara un pedido para suspenderlas.
El proceso, impulsado por el oficialismo ultraderechista y sus aliados, se desarrollará los días 25 y 26 de marzo bajo un esquema mixto de exposiciones presenciales, virtuales y presentaciones registradas por escrito o en video.
Consumado el plazo de inscripción, el total definitivo de anotados ascendió a 102.116 personas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Según informó el portal Parlamentario, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó la medida cautelar solicitada por organizaciones ambientales que pretendían frenar el proceso por considerar restrictiva la modalidad de participación.
De esta manera, quedó firme la realización de las audiencias convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, presidida por el sanjuanino José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por el santafesino Nicolás Mayoraz. El magistrado sostuvo en su fallo que la parte actora no logró demostrar “la verosimilitud del derecho invocado con el grado de evidencia requerido” como para suspender un acto parlamentario, y avaló así la continuidad del cronograma previsto.
Según el portal especializado en noticias parlamentarias, el esquema definido contempla un total de 360 expositores, distribuidos equitativamente entre ambas jornadas: 180 participarán de manera presencial el miércoles 25 y otros 180 lo harán en forma remota el jueves 26. Ante la magnitud del interés generado, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, será extendido para garantizar cerca de 200 intervenciones diarias, lo que demandará más de 28 horas de audiencia en total.
Para ordenar la participación de los más de cien mil inscriptos, el presidente de la Cámara baja, el ultraderechista Martín Menem, dispuso un sistema que combina exposiciones en vivo con la posibilidad de presentar ponencias a través de una plataforma digital.
Así, todos los anotados pudieron cargar un video de hasta 5 minutos o un escrito que quedará incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate. Ese material fue canalizado a través del canal oficial de YouTube de Diputados, donde los participantes debieron consignar sus datos personales, provincia de origen y el enlace a su intervención.
Las exposiciones presenciales y virtuales quedaron reservadas para los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar representación de las 24 provincias. Este criterio fue uno de los principales cuestionamientos de sectores de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que denunciaron una “exclusión” en la audiencia y promovieron acciones judiciales que finalmente no prosperaron.
La organización de las audiencias también incluyó restricciones de acceso para garantizar el funcionamiento del encuentro. Las sesiones se realizarán en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados y solo podrán ingresar los diputados integrantes de las comisiones convocadas. Cada bloque contará con un máximo de dos asesores designados por su Secretaría Parlamentaria, en función del aforo disponible.
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares llegó al Congreso durante el primer tramo de sesiones extraordinarias de diciembre pasado, impulsado a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo. Aunque quedó relegado inicialmente por el tratamiento del Presupuesto 2026, obtuvo media sanción en el Senado el 18 de diciembre y fue retomado en Diputados tras el avance de la Ley de Modernización Laboral, logrando media sanción en la Cámara baja el pasado 26 de febrero.
Durante el debate en Diputados, la oposición reclamó la aplicación de normas ambientales y constitucionales vinculadas al derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana, planteos que no habían sido invocados en el tratamiento previo en el Senado. Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto de manera inmediata.
