En el BoletínOficial N° 16372 de este martes 10 de junio, el gobierno provincial informó sobre la adquisición por parte de la Policía de Misiones, de 25 motos a un valor de 6.500 dólares cada una. La adquisición, por un monto total de 164 mil dólares, se concretó en a principios de abril, por contratación directa, es decir, sin licitación pública, y la firma beneficiada es Cozaco SRL.

El pliego de la contratación directa detalla el tipo de vehículos adquiridos: son motocicletas Zontes U155 Trail y se incluye “formularios, flete y patentamiento” más “equipamiento adicional Sirena 30w 6 tonos”, “comando digital” y “baliza 48 LED Alto Brillo”. Además, estos motovehículos constan de un “motor monocilíndrico 200 cc de 20 caballos de fuerza y 9500 revoluciones por minuto, 4 válvulas – 50 HC – Inyección electrónica Bosch – refrigeración líquida 6 velocidades”.

Según fuentes consultadas, el valor de mercado de este de motovehículos no superaría los 3.900 dólares. Si se comprueba este dato, se habría consumado una compra con un importante sobreprecio, de unos 2.600 dólares por cada vehículo. En otras palabras, se habría pagado unos 65 mil dólares de más, que, a la cotización del dólar en abril, equivalen a unos $74 millones. De todas maneras, aún sin sobreprecios, la operación es escandalosa por no pasar por el proceso de licitación pública.

El decreto N° 631, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua el 9 de abril pasado, contiene, como otros instrumentos similares, apenas dos artículos. Y en ningún momento se argumenta, a favor de la contratación directa.

“APRUÉBASE Y AUTORÍZASE en todas sus partes la Contratación Directa N° 17/2.025, Cláusulas Particulares y Anexo I, que forman parte del presente Decreto, con la firma comercial ‘COZACO S.R.L.’, con domicilio real en Av. Uruguay N° 4.740 de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, para la adquisición de 25 (veinticinco) motocicletas destinadas al Parque Automotor Policial de la Provincia de Misiones por la suma total de USD 164.000 (…) equivalente al valor $ 154.160.000,00 (…) conforme cotización al tipo de cambio $ 940.00 de la fecha 12/07/2.024 del Banco Nación Argentina, más diferencias que puedan existir por cotización de la divisa extranjera en la fecha efectiva de pago, ajustados por única vez”, sostiene el Artículo 1° del Decreto 631/25

En el mismo artículo, se aclara que la forma de pago es al contado, “encuadrándose el procedimiento en lo establecido en el Artículo 85° apartado 3° inciso d) y último párrafo, de la Ley VII - N° 11 (antes Ley N° 2.303) de Contabilidad.”

Por su parte, el Artículo 2° del decreto en cuestión, aprueba “el gasto señalado en el Artículo anterior” y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Policía y Servicio Penitenciario Provincial a proceder a la liquidación y pago de la suma de USD 164.000 (…)”. Asimismo, este artículo reitera el engañoso monto equivalente en pesos, que no es el real, porque no incluye las diferencias entre la cotización del dólar del Banco Nación entre julio del 2024 ($940) y abril del 2025 ($1.142)

¿Qué dice el Artículo 85°, apartado 3° inciso d) de la Ley de Contabilidad General invocada en este decreto? Que las contrataciones directas se pueden concretar “cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación”.

Mientras que el último párrafo de este artículo de la citada Ley VII – N° 11 sostiene: “Las causales de excepción para realizar contrataciones directas que así lo requieran, deberán ser razonadamente fundadas, bajo responsabilidad exclusiva de la autoridad con competencia para contratar que las invoca. Esta autoridad, ejerce así la facultad excluyente de determinar el mérito, oportunidad o conveniencia del acto.”

Sin embargo, el decreto carece de esta fundamentación que habilita la compra multimillonaria sin licitación pública, una práctica habitual del Estado provincial. Nuevamente, parecen ausentes o cómplices la Dirección de Contabilidad General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de Misiones. Esta contratación no se pudo realizar sin el aval del actual ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.