Al cumplirse un nuevo aniversario del día de las mujeres, la
tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la
de los varones (70,1%), según un informe del centro CEPA.
Además, la brecha en la tasa de desocupación es de 1,5
puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.
La brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos
porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).
Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayores
que los ingresos de las mujeres; esta brecha se amplía al 40% entre
asalariadas/os informales.
Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la
pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos.
Los sectores más feminizados son los de menores ingresos: la
participación de las mujeres en el trabajo doméstico es de 98,8%.
Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más
pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año
anterior.
A medida que avanzamos en los deciles, observamos una
relación inversa: a medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se
diluye hasta caer al 37,0% en el decil superior. Este fenómeno nos permite
hablar de la feminización de la pobreza.
Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el
mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más
por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones.
La contracara de la feminización de la pobreza es la
masculinización de la riqueza: el 63,0% del sector de mayores ingresos son
varones.
Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de
impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales —que
el gobierno redujo a su mínima expresión— y el 30,0% de quienes pagan impuesto
a las ganancias.
A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que los de
los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en
el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con
perspectiva de género iniciado en 2024.
Esto es, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir
brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente
eliminados.
Brecha de ingresos: se registra un fuerte ajuste en la
Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las
Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%).
El único programa con crecimiento real es la AUH (+74,64%),
utilizado como estrategia de contención social ante el ajuste general.
Brechas laborales: los tres programas principales destinados
a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar
Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026.
Brecha de violencias: a pesar de las dificultades para hacer
comparaciones interanuales producto de las reestructuraciones administrativas y
la absorción, por parte del Ministerio de Justicia, de funciones que antes
formaban parte de otras áreas, el conjunto de programas destinados a proteger a
víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a
2023.
La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025
registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física
para 2026 79,1% inferior a 2023.
Brechas de salud: la Educación Sexual Integral (ESI) fue
desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026.
Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y
Procreación Responsable, el ajuste alcanza un 20,9%. En el programa Respuesta
al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se observa un crecimiento del 11,2%
y un crecimiento en las metas físicas que no se condice con la ejecución
registrada en los ejercicios 2024 y 2025.
Por último, el Plan 1000 Días presenta el crecimiento más
significativo (+360,6%), lo cual permite inferir que forma parte de la
estrategia de contención mencionada en el caso de la AUH.
Durante 2025, no se distribuyó un solo preservativo bajo el
programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.
Brecha de cuidados: debido a la decisión del gobierno
nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social,
del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes
fueron virtualmente eliminados.
Para 2026, no se proyecta construir un solo jardín de
infantes. El programa en cuestión no solo fue eliminado, sino que el resto de
los programas del Ministerio de Capital Humano no contemplan ninguna meta
física asociada a la construcción de jardines de infantes;
Las consecuencias del modelo económico de Javier Milei
tienen un impacto diferencial según género:
Trabajo en casas particulares: entre noviembre de 2023 y
noviembre de 2025, se perdieron 22.436 puestos en el sector y hubo una caída
del 35,2% en el salario real;
Educación: con una feminización del 73,1%, las docentes
sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del
Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del
salario;
Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste
total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del
congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima —donde las mujeres
se encuentran sobrerrepresentadas—;
Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima (con bono)
se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a
noviembre de 2023;
El veto a la extensión de la moratoria previsional implica
que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas
a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años
más que la jubilación ordinaria femenina);
La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene
una batería de reformas que buscan la desregulación del mercado de trabajo, el
debilitamiento de la representación colectiva y una transferencia de recursos
desde los trabajadores hacia el capital:
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): compuesto por aportes
mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5%
PyMES del salario de cada trabajador, financiados con una rebaja equivalente de
las contribuciones patronales al SIPA. Un costo fiscal para el sistema
previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional
que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”;
Despidos por embarazo: la reforma elimina la posibilidad de
que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su
reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada;
Banco de horas y flexibilidad: permite que las horas extras
se compensen con tiempo de descanso en lugar de pagarse, lo que genera
incertidumbre horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la
gestión de tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre mujeres;
Debilitamiento sindical y ataque directo a la negociación
colectiva: al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en
riesgo —entre otras cosas— derechos como las licencias extendidas de maternidad
y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación
colectiva.
Teletrabajo: la derogación de la Ley N° 27.555 elimina la
única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la
relación laboral;
Fuente: NA
