Las últimas declaraciones del presidente ultraderechista Javier Milei muestran que el gobierno nacional ya dio por perdida la batalla en el Congreso para que se apruebe el famoso Capítulo XI del Presupuesto y lo votará sin modificaciones el viernes en el Senado. Pero Javier Milei sigue empeñado en no aplicar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, que ahora analiza anular por DNU, pese a que se trata de una maniobra de dudosa legalidad.
Según publicó el portal LPO, Milei está analizando sacar un decreto de necesidad y urgencia para anular las dos leyes, que fueron aprobadas varias veces en el Congreso, entre las sanciones y las insistencias contra los vetos. Esto sucedería una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto y comience el receso legislativo.
En una nota con el periodista ultraderechista Luis Majul, el mandatario declaró que no va a vetar el Presupuesto y que reasignará partidas para cumplir con la meta del déficit cero. Pero en ningún momento dijo si aplicará las leyes que intentó derogar. Por supuesto, Majul no repreguntó sobre el tema.
Un constitucionalista explicó a LPO que Milei sólo podría anular las dos normas mediante la sanción de una nueva ley que las derogue o mediante el dictado de un DNU. Pero en ambos casos sería inconstitucional: en el primer caso porque sería regresiva de los derechos garantizados y en el segundo porque el DNU no cumpliría los requisitos que establece la Constitución para su dictado.
Las dos leyes en cuestión fueron aprobadas y ratificadas por el Congreso tras el veto de Milei, pero el gobierno nunca las ejecutó. El problema para la Rosada es que si mantiene en esa situación, se arriesga a una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ya su antecesor Guillermo Francos tenía un pedido de censura en el Congreso por este incumplimiento.
Un abogado experto en derecho administrativo explicó a LPO que el gobierno podría hacerlo mediante un DNU e incluso respaldarlo con los números que tiene en el Congreso, pero sería más una señal política ya que jurídicamente es muy difícil que lo pueda sostener en tribunales.
Otra alternativa para el gobierno es ejecutar las partidas de la primera parte del año para que Adorni no tenga problemas judiciales y ganar tiempo para aprobar la derogación en el Congreso. Incluso podría reasignar partidas que corresponden a los gobernadores, lo que les metería presión para que lo ayuden a derogar ambas normas, que dañan a las universidades públicas y a las familias de personas con discapacidad.
