En 2025, el gobierno de Javier Milei destinó más de dos mil millones de pesos solamente a reprimir a los jubilados que todos los miércoles dan la vuelta manzana al Congreso Nacional en reclamo de jubilaciones dignas. Así logró establecerlo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información oficial del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.
Según publicó el diario El Destape, cada operativo costó en promedio $48.535.094 (casi 50 millones de pesos) solamente en combustible y gastos de equipamiento, de acuerdo con la información oficial. Sin embargo, el CELS advirtió que “esta cifra es conservadora porque “el cálculo queda muy por debajo del costo real si se añade, entre otros gastos, las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados” que el Ministerio no informó.
Hubo 43 operativos entre enero y diciembre de 2025, con participación de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval. En cada represión, en promedio, participaron 915 efectivos.
Según destacó el CELS, “el presupuesto que el Ministerio de Seguridad destinó ese año para reprimir jubilados y jubiladas equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido (según el promedio de ese año)”.
De los dos mil millones de pesos informados, 35 millones fueron para combustible de los vehículos de todas las fuerzas y todo el resto (el 96% del gasto) para gastos de “equipos” de la Policía Federal. El Gobierno no aportó mayores precisiones.
De acuerdo con la información oficial, el operativo más costoso fue el 12 de marzo del año pasado, día en que el fotoperiodista Pablo Grillo casi pierde la vida al recibir un disparo de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza. Por ese intento de asesinato, el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero enfrentará un juicio oral, según lo determinó la justicia, en mayo pasado.
Aquel 12 de marzo, 1.266 efectivos de las distintas fuerzas federales participaron de la represión. Guerrero disparó la granada contra la humanidad del reportero, por los que está acusado por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” y “abuso de armas agravado”.
Aún se investiga la cadena de mando superior por su responsabilidad en las órdenes operativas. Por entonces, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, hoy senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
