Hay un número que resume bien el momento financiero que
atraviesan los hogares argentinos con respecto al crédito: 11,2%. Eso marcó la
morosidad de las familias en el sistema bancario en febrero de 2026, según el
último Informe sobre Bancos del Banco Central. Un año antes, ese mismo
indicador estaba en 2,9%.
Aunque el dato impacta, vale contextualizar: los niveles de
mora de los que partía Argentina eran inusualmente bajos. Ningún país de la
región opera con una mora de hogares por debajo del 4% o 5% de manera
sostenida. Las proyecciones del sector apuntan a que la mora se estabilice en
torno al 8% en los próximos meses, un nivel más alineado con los promedios
regionales y con una economía que volvió a expandir el crédito después de años
de contracción.
Detrás de ese número hay millones de familias con préstamos
personales o saldos de tarjeta de crédito que dejaron de poder pagar.
"Muchas familias tomaron préstamos personales, tarjetas y financiamiento
de billeteras virtuales para cubrir sus gastos básicos, pero luego tuvieron
problemas para afrontar las cuotas, en parte por el ajuste de tarifas,
alquileres y servicios, los cuales redujeron el ingreso de varios
hogares", explicó Gustavo Neffa, economista especialista en mercados
financieros.
En ese contexto, en el Congreso comenzaron a circular
algunos proyectos de ley que proponen distintas formas de intervenir:
congelamiento de pagos, quitas compulsivas, topes a las tasas de interés. Son
iniciativas todavía en etapa de debate, sin dictamen ni tratamiento en
comisión. Pero el solo hecho de que circulen ya genera un efecto concreto en el
mercado, porque los bancos toman decisiones de crédito no solo sobre lo que
existe hoy, sino sobre lo que podría existir mañana.
Lo que los números no muestran
Antes de hablar de soluciones, vale la pena entender bien el
problema. Porque la mora del 11,2% no es homogénea ni afecta a todos por igual.
Según el Informe sobre Bancos del BCRA, el ratio de
irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 6,7% en febrero, pero
al desagregar por tipo de deudor la situación es muy diferente: las familias
muestran una mora del 11,2%, mientras que las empresas se ubican en 2,9%. La
brecha es enorme y tiene una explicación concreta.
Las líneas más afectadas son los préstamos personales y las
tarjetas de crédito, que son a su vez los instrumentos que concentran la mayor
parte del financiamiento al consumo cotidiano de los hogares: el préstamo para
pagar el colegio, el saldo de tarjeta del supermercado, las cuotas del
electrodoméstico.
En el otro extremo, las grandes empresas muestran niveles de
mora prácticamente inexistentes. Y la mora de las pymes, aunque creció, se
mantiene considerablemente más baja que la de los hogares. El mismo informe del
BCRA muestra que el ratio de cartera irregular de las empresas pasó de 0,8% en
febrero de 2025 al actual 2,9%, un aumento que merece atención, pero muy lejos
del deterioro que muestran las familias.
¿Por qué esa diferencia? En parte, porque el crédito a las
pymes nunca llegó a los niveles que llegó el crédito al consumo masivo. Las
pymes no se sobreendeudaron porque no tuvieron tanta facilidad para hacerlo.
Paradójicamente, la menor expansión del crédito las protegió del problema que
hoy enfrenta la banca de personas.
Además, hay un factor macroeconómico central que explica
buena parte del deterioro. Lorena Giorgio, economista de EcoViews, lo describió
con precisión: "La fuerte volatilidad de tasas de la segunda mitad de 2025
fue determinante para el incremento de los niveles de morosidad de las
familias. Los bancos mantuvieron sus tasas activas elevadas, y el spread entre
tasas activas y pasivas llegó a superar el 250%. Incluso, muchos bancos
frenaron el otorgamiento de nuevos créditos para evitar un aumento en los ratios
de irregularidad. El costo de refinanciamiento del crédito subió por ascensor,
y los ingresos de las familias por escalera".
Por qué intervenir en el crédito tiene efectos que no
siempre se ven
Acá está el núcleo del debate. Cuando se interviene en el
mercado de crédito con medidas compulsivas como topes de tasas, quitas
obligatorias o congelamientos de pagos, los bancos no absorben pasivamente ese
costo. Reaccionan. Para entender la magnitud del desafío, hay que tomar
distancia del debate coyuntural y mirar la foto estructural. Argentina tiene
hoy un ratio de crédito al sector privado sobre PBI de apenas el 13,6%, según
datos del BCRA, cuando el promedio de América Latina ronda el 45%. En ese contexto,
cualquier medida que desincentive el otorgamiento de crédito no solo afecta a
quienes hoy están en mora: retarda la construcción del sistema financiero.
Restringir el crédito formal no hace que las familias
necesiten menos financiamiento, hace que lo busquen en otro lugar menos
regulado, con menor protección y menos transparente.
Neffa fue directo al respecto: "Medidas como topes de
tasas, congelamientos o quitas obligatorias pueden aliviar temporalmente a los
deudores, pero podrían tener efectos negativos sobre el crédito. Los bancos
podrían endurecer los requisitos para prestar dinero, reducir la oferta de
créditos o aumentar las tasas para compensar el mayor riesgo. Para un pequeño
inversor u otro usuario, esto generaría un menor acceso al crédito, en especial
de parte de personas de ingresos medios y bajos o trabajadores informales".
Giorgio fue igualmente precisa sobre la dirección correcta:
"El avance con medidas legislativas como topes de tasas, congelamientos o
quitas obligatorias puede ser contraproducente en la medida en que terminen
afectando los montos ofrecidos o endurezcan los requisitos para aplicar a un
crédito. La verdadera solución sería mantener niveles de liquidez acordes al
tamaño del mercado y una estabilidad de tasas en el mediano plazo".
Hay además un efecto menos visible pero igualmente
importante: el impacto sobre los depositantes. Si circula la posibilidad de que
las reglas del crédito cambien por ley, quienes tienen plata depositada en el
sistema empiezan a evaluar si tiene sentido mantenerla ahí. Y si los depósitos
se reducen, se reduce también la materia prima del crédito futuro.
El sistema financiero, por su parte, no está esperando que
ninguna ley lo obligue a actuar. En el marco del AI in Finance 2026 (AIFI), el
encuentro que reunió en Buenos Aires a los principales CEOs y ejecutivos de
bancos y fintechs del país, varios referentes del sector coincidieron en que la
mora parece haber llegado a su pico y que el proceso de estabilización ya está
en marcha, de la mano de esfuerzos de refinanciación, reestructuración y
acompañamiento a clientes
Hay una dimensión de este debate que suele quedar fuera de
la discusión legislativa, y que sin embargo puede ser la más importante a largo
plazo: la educación financiera.
Neffa lo planteó en términos concretos: "Saber los
conceptos básicos como tasa de interés, costo financiero total, capacidad de
pago y riesgo de endeudarse podría ayudar a muchas familias a tomar mejores
decisiones y evitar créditos que luego no se puedan pagar. En un marco de baja
inflación, estabilidad laboral y reglas claras, tanto las personas como los
bancos pueden planificar a largo plazo. Pero cuando la economía es inestable y
los ingresos pierden poder adquisitivo, incluso familias ordenadas financieramente
pueden terminar sobreendeudadas".
Una persona que entiende cómo funciona una tasa de interés,
que sabe calcular el costo total de una cuota, que puede distinguir entre
endeudarse para invertir y endeudarse para consumir, toma mejores decisiones y
genera menos mora. Esa es la solución estructural que ningún proyecto de ley
puede reemplazar: no se sanciona, se construye. Con tiempo, con información y
con acceso a herramientas concretas que hoy existen, pero no siempre llegan a
quienes más las necesitan.
El crédito es una de las herramientas más poderosas para
mejorar la calidad de vida de las personas. Pero como toda herramienta
poderosa, funciona mejor cuando quien la usa sabe cómo manejarla. Ese es el
desafío de fondo, y es mucho más difícil de resolver que aprobar una ley.
