Este martes, el gobierno nacional que encabeza el presidente ultraderechista Javier Milei avanzó en el desguace y virtual cierre del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), por medio de un decreto que refuerza la desregulación del mercado yerbatero, iniciada en diciembre del 2023 por medio del mega DNU N° 70.
El instituto nacido en 2002 para regular la actividad y fijar precios, sufrió un nuevo ataque por parte del gobierno ultraderechista, con el decreto 812/25 firmado por Milei que impide al INYM, realizar cualquier medida que pueda afectar la competencia en el mercado. Este decreto modificó el artículo 8 del decreto 1240 del 12 de julio de 2002, que reglamentaba el funcionamiento del Instituto creado por la ley nacional …
“El INYM deberá implementar las medidas que resulten necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y derivados”, señalaba el artículo 8° del Decreto 1240/02.
En tanto, el 812/25 de Milei, sostiene: “El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.
Según informó el diario La Nación, en los considerandos del decreto de este martes, se señala que “resulta necesaria una modernización” del INYM “de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”.
Según el decreto, el organismo tendrá 30 días para adecuar toda normativa que contradiga lo establecido en el nuevo artículo 8°. También se dispuso la derogación de los artículos 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del decreto N° 1240. Esos artículos facultaban al INYM a tomar medidas que limiten plantaciones, fijar precios, entre otras.
Este decreto 812/25 refuerza lo ya establecido por el DNU 70/23, que introdujo modificaciones sustanciales en la ley nacional que creó el INYM, donde confluyen gobiernos de las provincias productoras, los yerbateros y las empresas: le quitó al instituto, la potestad de fijar precios para la materia prima y la facultad de limitar plantaciones para evitar la sobreoferta.
Ambas medidas, el DNU 70/23 y el decreto 812/25 afectan a los productores y, por traslación a los tareferos, porque deben negociar el precio de su materia prima en un mercado donde tres empresas controlan alrededor del 60% de las operaciones de compra de hoja verde y de yerba canchada.
En ese contexto, en un oligopsonio, los productores no cuentan con un precio mínimo definido por el INYM y, ahora tampoco cuentan con instrumentos para limitar plantaciones y así evitar que exista sobreoferta y caída de precios.
