En diálogo con AgenciaHoy este domingo, la abogada laboralista Andrea De La Mata, no dudó en señalar que el proyecto de ley que declara a la educación como “servicio esencial” no resiste el control de constitucionalidad y debería ser declarado inconstitucional por la justicia argentina.

El proyecto que obtuvo media sanción el jueves, con los votos de los diputados por Misiones, Martín Arjol (UCR), Florencia Klipauka (Activar - LLA) y los renovadores Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, “limita el goce pleno de derechos sindicales reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Para mí no pasa el control de constitucionalidad y así debería declararlo la justicia ante un posible escenario de amparos colectivos”, subrayó De La Mata.

Consultada al respecto de la ventaja que obtendría la patronal docente, que en la mayoría de los casos, son los estados provinciales, De La Mata aseguró que el beneficio es directo: “disciplinamiento y mayor precarización laboral”

Asimismo, en contra de lo que expone el proyecto presentado por el exministro macrista y actual diputado nacional Alejandro Finocchiaro, para De La Mata, “no existiría ninguna ventaja educativa, más allá” de un aseguramiento forzoso “de la tarea de cuidado de los alumnos”.

“Es decir, con esta ley (si se sanciona en el Senado de la Nación) usted tiene un trabajador precarizado, al que no le brinda las herramientas necesarias para desarrollar su labor (infraestructura, capacitación, etc) y, ¿se pretende lograr un producto (la educación) eficiente?”, planteó la abogada.

Repreguntada sobre la incongruencia del proyecto votado por casi todos los diputados nacionales por Misiones, que pretende asegurar las escuelas abiertas, pero no garantiza los insumos para mantener los comedores escolares, De La Mata, fue lacónica: “Es que esta ley no tiene ese objetivo. Su objetivo es disciplinamiento y el control social”, disparó.

“La educación no es servicio público esencial según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajos (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional”, precisó la abogada.

Y amplió: “El Comité de Libertad Sindical en reiteradas oportunidades ha señalado que sólo pueden considerarse como tales aquellos cuya interrupción pueda acarrear ‘una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población’ y ha establecido que la educación no es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.” 

En esta línea, De La Mata recordó que, en 2017, “la Corte Suprema de Justicia ya declaró inconstitucional un decreto que declaraba la educación básica e inicial como esencial, cerrando la discusión legal”. Cabe recordar que por entonces, el ministro de educación era justamente Finocchiaro, durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Pese a la declaración de inconstitucionalidad de su decreto, el exministro ahora devenido en diputado alineado al gobierno ultraderechista de Milei, presentó este proyecto y consiguió el apoyo de los bloques de LLA, del PRO, de Innovación Federal (donde está la Renovación), de casi todos los radicales y parte de Encuentro Federal (antes Hacemos Coalición Federal).