Un grupo importante de productores, referentes yerbateros y cooperativas mantuvo una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua este miércoles, para discutir medidas de protección al arco productivo y los trabajadores rurales, en el contexto de la desregulación del mercado que propició el DNU 70/23 y otras medidas, como el decreto 812/25, del presidente ultraderechista Javier Milei.
Tras la reunión con el gobernador, el presidente de la Fedecoop, Gustavo Hein, y el abogado Federico Padolsky, ratificaron que realizarán una presentación ante la Justicia Federal, contra la decisión de la mayoría del directorio “libertario” del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) de no fijar precios de referencia para la hoja verde, ni siquiera, como valor sugerido o de consulta.
Tras la reunión con el gobernador, el presidente de la Fedecoop, Gustavo Hein, y el abogado Federico Padolsky, ratificaron que realizarán una presentación ante la Justicia Federal, contra la decisión de la mayoría del directorio “libertario” del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) de no fijar precios de referencia para la hoja verde, ni siquiera, como valor sugerido o de consulta.
“Efectivamente nos ha recibido el gobernador de la provincia. Hemos estado planteando las dificultades por las que está atravesando el sector, que son de público conocimiento, el problema de la inexistencia de rentabilidad y la difícil situación económica que afecta principalmente al sector primario de la producción yerbatera y los plazos excesivos y todo lo que es conocido”, detalló Hein, en contacto con LT4 y Agencia Hoy.
En ese sentido, Hein contó que “se trabajaron distintas líneas de acción, distintas líneas de trabajo para ver algunas medidas que puedan ser útiles para el sector, incluso la posibilidad de alguna acción judicial que pueda permitir el restablecimiento de las actividades que fueron sacadas al INYM en su momento y que nosotros juzgamos como indispensables para que la actividad pueda estar regulada y se pueda defender al pequeño y mediano productor”, subrayó.
Repreguntado por las medidas que van a tomar, Hein ratificó que iniciarán una acción judicial, “que se va a presentar la semana que viene con algunas asociaciones de productores y que tienen como objeto eso que es obtener el restablecimiento de las facultades del INYM”.
Actualmente, “el INYM tiene un presidente designado, (pero) está funcionando con facultades residuales, que son las de publicidad y control de calidad en la materia prima, pero esas no son suficientes para lograr lo que nosotros aspiramos, que es un precio justo para la materia prima”, explicó.
De acuerdo con Hein, a partir de la desregulación del mercado, propiciada por el DNU 70/23, “se eliminó la facultad de regular precio, así que desde 2023 no se discuta el tema. Ha habido una depresión sistemática en el precio de la materia prima, un alargamiento en los plazos de pago y hoy por hoy, el productor primario está percibiendo por la hoja verde que entrega, menos del 50% del costo de producción de la materia prima”, argumentó Hein, recalcando que el precio lo rige el mercado yerbatero – en el que vale recordar, tres empresas controlan más del 60% de las operaciones.
Repreguntado, Hein contó que “el gobernador se mostró muy consustanciado con la problemática del sector y sí, efectivamente, formuló un compromiso de apoyar los esfuerzos que hagamos para lograr los objetivos”. Ese apoyo de Passalacqua, será “con la acción política, básicamente, con la finalidad de que se puedan obtener estas facultades (de fijar el precio sostén) por parte del INYM”, enfatizó Hein.
Por su parte, el abogado Federico Padolsky intervino en la conversación para aclarar que actualmente, la ley orgánica del INYM está virtualmente derogada o suspendida por el decreto de necesidad y urgencia 70/23. “Hemos estado trabajando con los productores en las medidas judiciales que la semana que viene se darán a conocer. Y lo que hay que decir es que el DNU 70/2023 lo que hace es modificar, de hecho, la ley original. O sea que la ley original del INIM ya cayó”, sostuvo Padolsky.
“Entendemos, (la del INYM) es una ley que antes era de concertación sectorial, o permitía a distintos sectores del negocio yerbatero, sentarse en una mesa y discutir y negociar y ver cuáles son los costos, el precio, etcétera, bueno, ahora no. Ahora es un instituto que está únicamente destinado a garantizar la competitividad de uno de los eslabones del negocio yerbatero que es la gran industria”, argumentó el abogado.
Con respecto a la presentación judicial, Padolsky fue cauto y no adelantó lo que impulsarán ante el fuero federal. “La semana que viene vamos a estar informando y divulgando el contenido para que todos los misioneros conozcan que es lo que han estado trabajando los productores, y entendemos, desarrollando cuáles son los problemas que genera justamente esta nueva regulación”, planteó.
“Yo me peleo con el concepto de desregulación. Lo que se ha generado con el DNU 70/2023 es una nueva regulación a favor de ciertos sectores. O sea, sacándole la posibilidad de que sean discutido los precios, por ejemplo, de la materia prima en una mesa de concertación. Ahora eso queda en manos de quien tiene el poder de compra, que se llama en la ciencia económica, digamos, un mercado oligopsónico”, explicó el abogado.
En cuanto a los perjudicados por el DNU 70/23, Padolsky fue enfático: “en primer lugar, creo que la mayoría de los misioneros, como veníamos hablando con el gobernador. La mayoría de los misioneros estamos perjudicados por este tema, no solamente los productores primarios y nuestros tareferos, las cooperativas, los pequeños secaderos, o sea, es la destrucción prácticamente de todo el modelo misionerista de yerba mate”, recalcó.
Asimismo, según Padolsky, el DNU 70/23 “ha perjudicado, por ejemplo, en la recaudación pública. (Los municipios y la provincia) no tienen hoy cómo garantizar, o se le está dificultando la recaudación para hacer los pavos de los trabajadores estatales. No está entrando plata a los negocios en el interior de la provincia, no le está llegando a los talleres, bueno, la destrucción es total”, sentenció.
Por último, Padolsky ratificó que la presentación la harán ante el fuero federal de Posadas.
Cabe recodar que el DNU 70/23 sigue vigente porque la Cámara de Diputados de la Nación no reunió a los 129 legisladores necesarios para abrir una sesión y tratar su legalidad o no. Como es de público conocimiento, el Senado ya rechazó el DNU 70/23 en el 2024, pero Diputados nunca trató la validez del decreto que reformó o derogó decenas de leyes nacionales.
Es que por la ley 26.122, o “ley Cristina Kirchner” –porque se sancionó en 2006 por impulso de la entonces senadora oficialista–, todos los DNU entran en vigencia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial y sólo son derogados cuando ambas cámaras del Congreso de la Nación, lo rechazan. Si una sola cámara lo rechaza y la otra no, los DNU siguen vigentes.
