En las últimas horas, el diputado nacional Esteban Paulón aseguró que la investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza con nuevas medidas de prueba y advirtió que las sospechas sobre financiamiento de viajes y evolución patrimonial “golpean el corazón del discurso de austeridad” del Gobierno de Javier Milei.
Según publicó Noticias Argentinas, Paulón explicó que la causa se originó a partir de “la investigación de cómo se había pagado el viaje de Adorni a Punta del Este” y señaló que en los últimos días se registraron allanamientos y declaraciones que contradicen la versión oficial. El diputado socialista rosarino es uno de los varios diputados que radicaron denuncias, entre otros, su par Marcela Pagano.
“El piloto del vuelo de regreso declaró que Marcelo Grandío fue el que pagó los viajes, contradiciendo al propio Adorni, que había establecido que los había pagado él”, afirmó por Splendid AM 990. Según Paulón, la pesquisa comenzó a “tirar del cordel” y podría ampliarse a otros aspectos.
En esta línea, detalló Paulón: “La jueza María Servini decidió ceder la investigación de la denuncia por enriquecimiento ilícito al juez Ariel Lijo para acumular las causas, que ya están en la fiscalía que interviene en nuestra presentación”. El diputado también mencionó que la denuncia impulsada por Pagano, se integró al expediente.
El diputado indicó que el eje inicial apunta al posible delito de dádivas. “Se investiga si aceptó el pago de pasajes y alojamiento. Él mismo dijo públicamente: ‘Me quedé en la casa de Marcelo Grandío’”, remarcó. En ese sentido, sostuvo que la ley de ética pública prohíbe a los funcionarios aceptar regalos o viajes de personas o empresas con contratos con áreas bajo su órbita.
Por otra parte, Paulón también puso el foco en el nivel de vida del funcionario. “Creemos que es importante saber cómo una persona que declaraba que su único ingreso era el de funcionario adquirió varias propiedades, no se desprendió de ninguna, realizó viajes en aviones privados y compró pasajes en primera clase. Es bastante difícil de explicar”, expresó.
Más allá del aspecto judicial, el legislador consideró que el caso impacta en el plano político. “Es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno porque Adorni era la principal cara del discurso moral de austeridad”, afirmó. Y agregó: “Cuando uno contrasta ese relato con el nivel de vida y los bienes que tiene, queda al desnudo la hipocresía y la dificultad para sostener esa narrativa”.
El diputado también cuestionó la conferencia de prensa del funcionario, de esta semana. “No aportó ninguna prueba, no despejó dudas y hasta admitió que vive en un departamento que no había declarado. Con tres o cuatro datos podría haber aclarado la situación”, sostuvo.
Para Paulón, la situación podría afectar la continuidad del jefe de Gabinete. “Pierde la naturaleza de su rol porque el jefe de Gabinete es el fusible del presidente. Cuando no tenés autoridad para dar explicaciones, se vuelve muy difícil sostenerse”, señaló, y consideró que el Gobierno “debe estar evaluando un reemplazo”.
En tanto, el legislador vinculó la causa con un contexto más amplio. “Se juntan denuncias de corrupción con un momento económico complejo y eso genera un escenario de debilidad institucional”, afirmó, y concluyó que el impacto “pega directamente en el relato libertario y en la autoridad política del funcionario”.
Cabe destacar que en el marco de esta causa, el juez Lijo dictó medidas de protección a una de las testigos clave, una secretaria que desmintió lo que dijo el Jefe de Gabinete, respecto de quién pagó por el vuelo en avión privado a Punta del Este, en carnaval.
En la víspera, Lijo ordenó una serie de medidas urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. Esta determinación técnica, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, surge tras una solicitud formal interpuesta por el Fiscal Federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, el periodista allegado a Adorni.
El magistrado ordenó de manera taxativa que Marcelo Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.
La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el fiscal Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al Jefe de Gabinete hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa: La mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Grandio.
Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados. En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.
Ante la gravedad de los hechos, el Fiscal Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.
En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Grandio no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.
El representante del Ministerio Público Fiscal justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.
Finalmente, el Juez Federal Ariel Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.
La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.
