El gobierno de Javier Milei derogó la ley de emergencia territorial indígena. La norma suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus territorios. Era una herramienta para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Josefa "Kiki" Ramírez, integrante del Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (EMIPA) dialogó con LT4 y AgenciaHoy sobre el tema. "Estamos muy preocupados, si bien era esperable esto. Pero cuando uno ve los argumentos preocupa más aún, porque si bien esta esta ley viene siendo prorrogada varias veces con poco avances, poner como primordial el tema productivo y de ingreso de inversores", indicó

Y agregó "también resalta otra vez la propiedad privada y declara a los particulares como los legítimos dueños, como que se da vuelta a la cosa. Porque antes y lo seguimos sosteniendo, la realidad, es que los indígenas son los legítimos dueños de las tierras". 

Entonces, "creo que esta decisión del presidente pone en alto riesgo la seguridad de las comunidades, aumenta la vulnerabilidad y también pone a las puertas una mayor conflictividad. Creo que el gobierno se va a tener que ser responsable, de los conflictos que van a surgir, porque aún con la ley vigente, los conflictos son numerosos y aumentan, imagínate, despojado de ella", sentenció.

"Habla mucho de los desalojos también. O sea, hay sentencias que quedaron suspendidas" pero "con la derogación de esta ley, hoy tienen vía libre para seguir su curso. Eso significa que va a haber comunidades desalojadas, que va a haber violencia y que pueden los propietarios iniciar nuevas acciones judiciales contra los territorios indígenas. No importa que esté relevado y que las comunidades sean reconocidas como pre existentes", manifestó la entrevistada, 

"Nos preocupa muchísimo, no solamente por la quita de este derecho, viene dejando al pueblo más vulnerable sin protección realmente, privilegiando quizás la parte económica. Creo que un presidente tiene que tener en cuenta no solamente lo económico" y "él está privilegiando eso" porque "es de alguna manera decirle a los grandes inversores, que tienen vía libre para entrar al lugar que sea, no importa que estén ocupados por comunidades indígenas. No importa la gente sino los recursos están ahí", señaló la referente de EMIPA.

En Misiones, actualmente, el principal foco de conflictividad en cuanto a la tierra se da con las comunidades guaraníes de San Ignacio, pero también se registran inconvenientes no sólo de ocupación sino también de extración de recursos o deforestación con las comunidades de la reserva de Biósfera Yabotí, El Doradito (Montecarlo), Urunday-Ti (Profundidad) y en la zona de Mado. 

En muchas de ellas existe intervención judicial y denuncias policiales por amedrentamientos. Restará esperar que sucede con la implementación general de la medida del gobierno nacional.