Un puñado de trabajadores están protestando en el Hospital de Nivel I de la localidad de Comandante Andresito, porque la empresa SEGEN SRL, les adeuda el pago de los sueldos de diciembre y enero, así como también, el aguinaldo. Este lunes, una delegación de referentes de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, se presentará en el hospital donde cuatro trabajadores están reclamando el pago de haberes atrasados, desde esta semana, visibilizando públicamente, la problemática. Referentes de la CTAA, ya estuvieron con los trabajadores en el hospital, en las últimas horas.
Esta demanda por la deuda salarial de trabajadores de una empresa tercerizada, no es un fenómeno aislado, pero sí parece un caso paradigmático, por tratarse de la firma SEGEN SRL: esta empresa pertenecería al empresario José Báez, quien era el propietario de otra firma dedicada a limpieza en hospitales, SIP Armas, la cual fue condenada en 2017, por la precarización y muerte de dos trabajadores. Pese a este antecedente –el Estado provincial fue condenado por la Justicia como corresponsable de los delitos y tuvo que pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas– este empresario continuaría con redituables negocios con el Estado, a través de SEGEN SRL.
Agencia Hoy informó, en base a la información contenida en los boletines oficiales de Misiones, correspondientes al año 2025, que SEGEN SRL facturó más de $1.127 millones a través de decretos de contrataciones directas con el Ministerio de Salud Pública.
En diálogo con este medio, Leila una de las damnificadas ratificó que el reclamo a SEGEN SRL es por la “deuda salarial” y por “recomposición salarial”, dado que los haberes apenas superan los $560 mil - $600 mil, cuando el sueldo establecido por convenio es de $1.459.000 para la actividad, con 200 horas mensuales.
Consultada sobre si las autoridades del Ministerio de Salud Pública y las del Ministerio de Trabajo, están al tanto del reclamo, Leila reveló que la directora del hospital de Andresito “llamó a nuestros supervisores de la empresa”. Hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial por parte del MSP que preside Héctor González y del Ministerio de Trabajo que conduce Silvana Martínez. De hecho, la cuestionada ministra, que es hija del histórico conductor del sindicato UPCN, Jorge “Polilla” Giménez, no se presentó en el hospital.
“Seguiremos en el hospital hasta que nos paguen lo que nos deben”, sostuvo Leila, quien recalcó que continúan con la visibilización del conflicto. En cuanto a las sumas que viene facturando SEGEN SRL, Leila se mostró sorprendida y aseguró que ni ella, ni sus compañeros, estaban al tanto de los millonarios pagos a la empresa, por contratación directa o “reconocimiento de legítimo abono”.
Por otra parte, además de la deuda salarial y el incumplimiento de la grilla salarial para la actividad, Leila contó que los uniformes que están utilizando, los tuvieron que pagar los propios trabajadores de su bolsillo.
Este viernes trascendió un video en el que aparecen Leila y otros tres compañeros haciendo el reclamo público por la deuda de SEGEN SRL. “Todos somos responsables de un hogar, tenemos hijos menores, alquileres, luz, agua, todas deudas quetenemos todos los meses y contamos con nuestro sueldo. El último sueldo que percibimos fue el 12 de diciembre [sueldo de noviembre] Desde ahí no tuvimos más nada”, aseguró Leila en ese video viral.
Otro de los empleados del hospital de Andresito, a quienes SEGEN SRL les adeuda meses de sueldos, dijo que “no estaban sindicalizados”, una situación que es relevante si los trabajadores toman medidas de acción directa. De todas formas, la CTAA Misiones – filial Iguazú, se interiorizó del reclamo y apoya a los empleados de seguridad.
Según publicó en sus redes sociales, Karina Nervi, una referente de la CTAA de la zona de Iguazú, desde el 29 de enero, “la totalidad de los trabajadores de seguridad” del Hospital de Andresito, no percibieron los salarios de diciembre y aguinaldo 2025 y con “este mes enero finalizando” aún siguen “sin novedades de [SEGEN SRL] a fin regularizar la situación salarial. Los salarios oscilan desde 563.000 en trabajadores con antigüedad de 2 a 7 años”, detalló Nervi.
De acuerdo con la referente, los trabajadores de SEGEN SRL en Andresito, reclaman el pago de los sueldos adeudados de los meses de Diciembre, Aguinaldo y Enero; mejores condiciones laborales; incluir Presentismo como ítem salarial y la entrega de uniformes, por parte de la empresa. Además, según Nervi, los trabajadores piden “garantizar continuidad laboral” y que no se tome represalias por las “medidas tomadas”.
“Tras la Asamblea [del viernes] se decidió, desde el lunes manifestarse durante la mañana de 6 a 13 hs. Y mantener la voluntad de trabajar media jornada en actividades mínimas: abrir Portón y actuar en emergencias”, comentó Nervi en sus redes sociales.
En ese marco, se espera que referentes de la CTAA Misiones lleguen a Andresito este lunes por la mañana.
El gobierno provincial pagó $223 millones por una contratación directa a la empresa Segen SRL
Por el contrario, desde ATE Misiones no hubo ninguna referencia al conflicto que se está desarrollando, desde hace semanas en el Hospital de Andresito. De hecho, el 30 de enero pasado, la Comisión Directiva Provincial de ATE Misiones organizó una charla con el abogado Matías Cremonte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) sobre la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación.
Pese a que, desde el 29 de enero, ya se sabía del conflicto con los trabajadores de SEGEN SRL en Andresito, desde la CDP de ATE Misiones, no se hizo público ningún reclamo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo o a la empresa tercerizada que sería propiedad del exdueño de la desaparecida SIP Armas.
Estén o no sindicalizados estos trabajadores de seguridad, existe una relación laboral con el MSP y con el Estado provincial: así lo demostró el fallo de la justicia provincial, ratificado por la Cámara de Apelaciones en 2017, por el juicio contra SIP Armas. Para los camaristas, hubo corresponsabilidad del Estado provincial en la precarización laboral y las muertes por intoxicación, de los trabajadores que la empresa de Báez, contrataba “en negro” en 2008.
