En el marco del tratamiento de un proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad, el colectivo de los prestadores precarizados, docentes misioneros, y familias de personas con discapacidad salieron a protestar frente a la Plaza 9 de Julio de Posadas, en el contexto de un paro en las prestaciones.

El sector atraviesa una crisis acelerada desde principios de este año por la Dirección Nacional de Discapacidad, que preside Eduardo Spagnuolo y avanzó con el ajuste contra los niños, niñas y adolescentes y sus familias, al desactualizar el nomenclador de las prestaciones y obligar a todos los beneficiarios a probar que los asiste el derecho por una condición médica.

Según indicaron desde el sector, los aranceles están congelados y muy por debajo de los costos reales; no se concretan los pagos por parte de obras sociales y prepagas; y se instrumentaron recortes en las autorizaciones de tratamientos esenciales. “Estamos ante un punto límite. De no cambiar esta situación, los servicios para personas con discapacidad dejarán de ser sostenibles dentro del sistema de reintegros”, confiaron los prestadores precarizados en discapacidad.

Desde la plaza 9 de julio, donde se manifiestan las familias de personas con discapacidad y el colectivo de prestadores precarizados, la activista del sector Jazmín Kinder, explicó a LT4 que todos los trabajadores del área de discapacidad están haciendo un paro. “Se nos plegaron también los docentes, y los jubilados. Hoy particularmente estamos en el marco del debate de la ley de emergencia en discapacidad en el Congreso de la Nación, tratando de visibilizar la cuestión, los salarios atrasados, y los aumentos muy por debajo (de la inflación)”, confió.

“El último aumento que tuvimos fue en mes de septiembre de 2024. Tuvimos un aumento en cuatro cuotas de 1%, 1%, 0,8% y 0,5%. En diciembre tuvimos la última cuota, del 0,5% y realmente es una burla”, cuestionó Kinder, en referencia a las recomposiciones salariales que recibieron desde septiembre a diciembre, cuando la inflación acumulada en esos cuatro meses fue de 11,3% (la pauta salarial fue del 3,3%)

Asimismo, Kinder aclaró que en Misiones, los prestadores precarizados que deben pagar monotributo e impuestos provinciales, son alcanzados por los tributos que les impone la Agencia Tributaria de Misiones (ATM, antes Rentas) “Acá en la provincia de Misiones, tenemos la particularidad del régimen de rentas que hace que una docente de apoyo de la inclusión, que factura $307 mil por estar toda la mañana o toda la tarde con un chico en la escuela, termina cobrando $290 mil de bolsillo con los descuentos de rentas”, planteó la activista del Partido Obrero.

“Por eso decidimos tomar esta cuestión que es urgente. Nuestro colectivo no está acostumbrado a hacer paros porque solemos sostener muchísimo más. Seguimos sosteniendo los tratamientos a pesar de hacer el paro, entonces realmente es una situación angustiante porque no estamos logrando cumplir con nuestras obligaciones que tenemos, monotributo, rentas, alquiler”, detalló la activista.

En esta línea, Kinder explicó que algunos deben alquilar los consultorios que utilizan para sus prácticas, lo que los pone ante la obligación de tener “un doble alquiler que pagar (el del consultorio y el de la vivienda) Entonces, realmente es muy angustiante y por eso vinimos hoy a la plaza (frente a la Gobernación), no confiando en que la solución va a ser la ley porque obviamente (el proyecto) tiene muchos agujeros, al ser una ley que se da en el marco de los consensos que se hacen entre los distintos bloques patronales que tiene el Congreso. Pero la acompañamos porque visibiliza muchísimo la situación”, subrayó la prestadora precarizada del área de discapacidad.

Repreguntada sobre si consideran que el Gobierno podría cambiar su política de ajuste contra el sector, Kinder insistió en que no hay ninguna señal en ese sentido. “Tenemos al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Spagnuolo) que ha dicho a una familia, que si tienen un hijo con discapacidad es responsabilidad de ellos y no del Estado”, fustigó.

“Y después que esta familia denunció esto, el presidente de la Nación (Milei) atacó a Ian (Moche), un niño con autismo que es activista. Ya estamos acostumbrados, a ese modus operandi del jefe de estado, atacando a personas civiles con el agravante de que este es un niño que es menor de edad”, señaló Kinder sobre el delito que comete Milei, sin que ningún fiscal lo investigue por incitación al odio y por violación del derecho a la intimidad de un menor de edad.

Según Kinder, existe “una crueldad los que nos quieren acostumbrar, pero nosotros hoy venimos a decir que no nos vamos a acostumbrar a esto y que venimos a poner un límite a esta situación”.