Darío Zapata, secretario General de Ciencia y Tecnología de la UNaM y director del Laboratorio de Biotecnología habló con LT4 y AgenciaHoy sobre la marcha federal realizada esta semana, que derivó horas más tardes en el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, la cual contaba con la aprobación del Congreso nacional.

La movilización tenía como objetivo reclamar no sólo recursos para el sector educativo sino también mejora salarial para el personal docente y no docente de las instituciones. Sin embargo, Javier Milei no dio el brazo a torcer y ahora la normativa volverá a ambas cámaras, donde podrá ser ratificado el veto o la ley, y en este último caso el Gobierno libertario deberá reglamentarlo, aunque podría tomarse su tiempo para hacerlo.

Mientras miles de personas salieron a las calles para solicitar la revisión de la medida que ya había sido anticipada por el oficialismo, las universidades continúan con el funcionamiento parcial de algunos servicios básicos. 

En este contexto, Zapata analizó de manera general la movilización y resaltó "el gran apoyo de la sociedad y la necesidad de mantener nuestro sistema de universidades públicas, de defender la educación por sobre todas las cosas como una posibilidad de generar ascenso social. Un país sin educación es un país que no tiene futuro", entonces, "realmente el apoyo de la sociedad ha sido masivo para eso y de la mano de eso, está el desarrollo científico y tecnológico que necesita el país para poder avanzar".

Al ser consultado respecto a la postura intransigente de Milei, el trabajador universitario manifestó "la sociedad tiene que entender que la democracia consiste en poder sentarse en una mesa a conversar, a charlar y a debatir y de esos debates, se alcanzan decisiones que pueden gustarme o no. Ahí tenemos un punto muy importante para analizar porque cualquiera que gobierne debe entender que no es la decisión que él tome, sino que debe respetar la decisión de los gobernados. Y para eso está el Congreso que justamente establece las legislaciones, establece ese debate y acompañar lo que se propone".

"Las propuestas de gobierno no son sólo del que gobierna. Me parece que un gobierno que no sabe escuchar lo que el pueblo pide, es algo que no nos va a permitir a como país avanzar", sentenció el profesional. Y agregó "el presidente, constantemente, está con un discurso de descrédito, desde que no queremos rendir, cuando en realidad la plata sí se rinde a través de la Sigen porque eso dice la ley. Que tenemos muchos extranjeros, pero la ley argentina establece que los extranjeros cuando se radican en el país tienen los mismos derechos y privilegios que el resto de los argentinos. Que no queremos tomar ingresos, pero la ley establece que no se debe tomar ingresos, y ahora salen con esto de cómo se reparte el presupuesto que está dentro de la ley de Presupuesto". 

"Me parece que lo que tiene que pensar el Gobierno es, si quiere hacer cambios tiene que sentarse a dialogar y a proponer leyes que impulsen estos cambios, no a desacreditar a quienes con todo cariño y todo esfuerzo durante muchísimos años hemos contribuido al desarrollo del país", expresó el entrevistado.

Auditorías a universidades nacionales

Se trata de uno de los puntos de discusión planteado por el gobierno libertario en el marco del reclamo por la ley de financiamiento universitario. Según publica en sitio Chequeado, la Ley 24.521 de Educación Superior establece que "las universidades nacionales estatales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna".

Si bien este organismo ha realizado auditorías sobre universidades no lo hizo todo los años. La AGN "señala que su plan de trabajo depende de una Comisión Parlamentaria Mixta, que aprueba dónde serán las auditorías. Este año se están auditando 6 universidades nacionales".

Por su parte, "la SIGEN, que depende del Presidente, fue limitada en 2022 -durante la gestión del Frente de Todos- para intervenir en el control de las casas de estudio a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini".

Poroteo en el Congreso

Con el antecedente del blindaje al veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno repitió el uso de la facultad constitucional, aunque en este caso no tenga garantizadas, a priori, las 87 adhesiones necesarias para evitar que el proyecto de ley que incrementa las partidas presupuestarias a las universidades para este período y recompone los salarios docentes y no docentes desde el 1ero. de diciembre del 2023 conforme a los índices de inflación del INDEC, avance hacia su aprobación, así lo indica Parlamentario.com.

La oposición busca acercarse al número de 172 diputados que garanticen rechazar el veto de Milei. Este número es en caso de que la asistencia al recinto sea perfecta y los 257 legisladores se sienten en su banca. 

Entre los espacio que intentan sumar esa cantidad de votos estan los legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, gran parte de la bancada radical, casi todos los integrantes de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el monobloque de Neuquén, los santacruceños, la mitad de Innovación Federal, a los que suma la exlibertaria Lourdes Arrieta  y al menos un diputado del Pro: Álvaro González. De estas confirmaciones, suman 159 votos, es decir, estarían a 13 de garantizar totalmente el rechazo al veto.