Las auditorias dispuestas por el Gobierno nacional respecto
a las pensiones no contributivas continúan bajo la mira de las autoridades de
Misiones, que ya adelantaron que realizarán una presentación judicial para
garantizar las prestaciones sociales correspondientes.
Este martes, se sumó a las irregularidades observadas en San
Ignacio y San Pedro, una nueva jornada bochornosa en la localidad de 25 de
Mayo, donde miles de personas fueron citadas para revalidar el beneficio en la
iglesia local, pero todo terminó de manera abrupta y en escándalo, dejando a una
gran cantidad de ciudadanos sin ser atendidos.
Tanto vecinos y como autoridades advirtieron que las
auditorías son realizadas por militantes libertarios sin formación profesional,
y que los certificados entregados fueron rechazados por la oficina de ANSES en
Oberá.
Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de
Discapacidad, durante una entrevista radial detalló que los documentos que se
están entregando a los beneficiarios no son certificados de invalidez, ni
comprobantes médicos oficiales, sino simples certificados de asistencia que
además están siendo rechazados por ANSES por carecer de validez legal, ya que en
muchos casos son solo fotocopias sin firmas ni sellos originales.
Además, la funcionaria provincial aclaró que las revisiones
no están dirigidas solamente a personas con discapacidad, sino también por
vejez y por maternidad de siete hijos, lo cual muchas veces complica los
controles.
“Las auditorías de este martes no se realizan en un
hospital, sino en una iglesia de la ciudad que no es el domicilio al que fue
citada la gente. Los reciben militantes de La Libertad Avanza. Muchos de ellos
no se identifican. Dicen ser de una empresa privada, después dicen que trabajan
para el PAMI o ANDIS. Uno realmente no sabe qué sucede porque no hay claridad
de los hechos”, manifestó Antúnez.
Por su parte, Sebastián Rodríguez, secretario de gobierno
municipal de 25 de Mayo, aseguró que la actividad se interrumpió en horas del
mediodía, cuando quienes desarrollaban las auditorías recibieron un llamado
para que se retiren del lugar, provocando enojo e incertidumbre entre quienes
todavía aguardaban por ser atendidos.
“Quedó mucha gente afuera pidiéndoles que les firmen el
certificado. Les dijeron que se tenían que ir. Y que pronto iba a venir la
gente de Nación para solucionar todo lo que haya que solucionar”, indicó el
funcionario comunal. Al tiempo que agregó que estas personas, pertenecientes a
una empresa privada, jamás se identificaron, lo cual preocupó aún más a todos.
Actualmente en Misiones existen alrededor de 75 mil
pensiones no contributivas, de las cuales 80 mil eran las otorgadas en total y
5 mil ya fueron dadas de baja, informó Benítez. La titular del área de Discapacidad
consideró necesario los controles en el sistema, pero se multiplican las
denuncias de beneficiarios y organizaciones que señalan falta de información,
ausencia de profesionales médicos y vulneración de derechos básicos de
accesibilidad.
Para aquellos damnificados que quieran aportar pruebas o ser
parte del amparo colectivo, el Consejo Provincial de Discapacidad habilitó el
número de contacto 376 473 9338, donde se recibe documentación, denuncias y
testimonios.
