En medio de una consecución de malas noticias para el Gobierno de Javier Milei en el Congreso y con el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado consiguió consensuar el proyecto de reforma de la Ley de DNU, la N° 26.122 que impulsara Cristina Kirchner cuando era senadora y permite al actual Presidente, gobernar por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia.
Distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado, cuya letra se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 de agosto en la Cámara alta.
De acuerdo con el portal Parlamentario, la oposición intentó que el proyecto de reforma de la Ley de DNU, se tratara el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar. Sin embargo, nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, Milei dijo que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera “un golpe de Estado”.
Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora Cristina Kirchner, viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.
La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.
De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.
“Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual”, agrega, con el fin de evitar los mega decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión. Este decreto que significó la destrucción parcial del Instituto Nacional de la Yerba Mate, sigue vigente porque la cámara de Diputados de la Nación no lo trató aún –el Senado ya lo rechazó–, y la ley de CFK establece que los DNU siguen vigentes hasta que las dos cámaras del Congreso lo anulan.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.
Sin embargo, una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados “cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”.
Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas. Esto implica una ventaja respecto de las leyes, que, por el contrario, necesitan ser aprobadas por ambas cámaras y que el Ejecutivo puede vetar, y sostener su anulación con apenas un tercio de Diputados o Senadores.
El texto consensuado en el Senado añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.
En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que “el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación”, esto “quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Además, “rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.”
Claramente, la ley 26.122 como la impulsó Cristina Kirchner, rompe con la división de poderes del sistema republicano y Milei demostró desde el inicio de su gestión, que puede gobernar mediante DNUs y blindajes de vetos, lo que convierte al poder legislativo en un órgano completamente estéril.
La modificación de la ley que regula los DNUs apunta a quitarle poder al Ejecutivo para gobernar sin ningún acuerdo parlamentario. Si Milei veta la norma, los senadores podrían insistir con su promulgación, porque es el Senado el que impulsa la modificación. Y en la Cámara alta, es mucho más complejo para el oficialismo, conseguir un tercio de “héroes” para blindar ese veto.
