En las últimas horas, los gobernadores presentaron dos proyectos de ley para obligar a Javier Milei a repartir más fondos a las provincias y mostraron apoyo de todos los bloques del Senado para aprobar las iniciativas, con la excepción lógica de La Libertad Avanza. De conseguir la sanción de las iniciativas, sería un duro golpe político para el gobierno ultraderechista de Javier Milei, que desprecia el federalismo en su administración de recursos.

Luego de la fallida reunión del martes con el enviado del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, los mandatarios cumplieron su advertencia y presentaron este miércoles por la noche los dos proyectos de ley para que el gobierno nacional reparta los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)

El dato más fuerte de la presentación son las firmas que llevan los proyectos y que muestran un apoyo incluso de los habituales aliados del oficialismo como el PRO, el radicalismo y los bloques provinciales. Si los gobernadores mantienen ese apoyo, Milei no podrá ni siquiera sostener un eventual veto, según informó el portal LPO. Es que para blindar los vetos, el presidente liberticida necesita de al menos, un tercio de alguna de las dos cámaras del Congreso de la Nación.

Los proyectos en cuestión llevan las firmas de los jefes de bloques peronistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino; del radical Eduardo Vischi; del macrista Alfredo de Ángeli; y de aliados del oficialismo como el correntino Camau Espínola, la rionegrina Mónica Silva y la chubutense Edith Terenzi.

En el proyecto de reparto automático de ATN, los gobernadores plantean que “son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios”, por lo que la modificación propuesta no afecta las finanzas nacionales. Así, buscan voltear el argumento de Milei y Caputo, que sostienen que la iniciativa rompería con el equilibrio fiscal. De todas formas, si es que es real este equilibrio fiscal, se consigue a costa de quebrar las finanzas de las provincias.

Por otra parte, el segundo proyecto plantea la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y el Nacional de la Vivienda. El planteo es claro: como Nación no está haciendo absolutamente nada en estas áreas, sino que se queda con los recursos de los fideicomisos, estas partidas deben ser remitidas a las provincias.

Según el texto del proyecto impulsado por los gobernadores, estos fondos serán repartidos por coeficiente de coparticipación, pero en el caso de lo recaudado por el impuesto a los combustibles será un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Entre las provincias se repartirá un 25% en partes iguales y el 75% restante de acuerdo a los índices de coparticipación.

Respecto del ICL, el argumento de los gobernadores es que Nación no está cumpliendo con el destino original de ese impuesto, que es la refacción y mantenimiento de las rutas nacionales. Con deterioros cada vez más pronunciados, no sólo aumentó la siniestralidad y la muerte de ciudadanos, sino que se ve afectado el transporte de la producción y de las mercancías.

En un año electoral el retaceo de recursos a los gobiernos provinciales pone en riesgo los proyectos políticos de cada oficialismo. Es decir, es un ataque a la gobernabilidad. En 2024, para conseguir la aprobación de la Ley Bases o el blindaje a los vetos contra la reforma previsional y el financiamiento universitario, el gobierno de Milei repartió recursos a mansalva: Misiones recibió $13.500 millones sólo por los ATN, siendo la provincia más beneficiada por la administración liberticida.