Este martes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y a los estudios de Carnaval Stream en el marco de la filtración de presuntos audios de Karina Milei, por las que el juez Alejandro Marianello dictó una medida cautelar de dudosa constitucionalidad que coarta la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Según publicó el diario La Nación, el abogado Gregorio Dalbón, asesor legal de Cristina Kirchner, radicó la denuncia contra Bullrich, tras la presentación de ayer del Ministerio de Seguridad por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia. Dalbón considera que el accionar de la funcionaria de Javier Milei representa un ataque a la libertad de expresión y a la democracia en Argentina.
“Me parece que lo que hizo Patricia Bullrich es un acto de desesperación y de amenaza típico de Patricia Bullrich, quien obviamente no sabe más que hacer que reprimir y amenazar, pero ahora se ha metido con ustedes, con los periodistas y me parece que ameritaba denunciarla por abuso de autoridad. Por eso, si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella y por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad”, señaló Dalbón en Radio 10.
En la presentación, la cartera que dirige Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino –principal accionista de Carnaval– y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien fue acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.
Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini, un magistrado alineado con el Gobierno ultraderechista.
Ayer, el Gobierno de Milei pidió que se prohibiera la difusión de nuevas grabaciones. En ese sentido solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.
Esta medida fue calificada de inconstitucional, por atentar contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, por numerosos constitucionalistas argentinos, que advirtieron que se trata de una maniobra de censura previa. Los juristas plantearon que los audios difundidos, cuyo contenido se desconoce, no forman parte del ámbito privado de la funcionaria Milei.
También plantearon, entre otros argumentos, que si la Secretaria General de la Presidencia se siente agraviada, puede accionar ante la justicia con una demanda por calumnias e injurias. Sin embargo, insistieron en que no se puede prohibir la difusión de los audios.
Cabe remarcar que el juez Marianello depende del Poder Ejecutivo para no ser destituido, porque tiene ocho denuncias -de las cuales cinco son por acoso sexual- las cuales pueden ser bloqueadas por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura.
