Un reciente informe de Vialidad Nacional revela que casi la
mitad de las rutas nacionales relevadas en 2024 presentan problemas de
mantenimiento, con un 29% en mal estado y un 23,5% en condiciones regulares.
Esta alarmante situación refleja un claro deterioro de la
infraestructura vial, que compromete la seguridad de los usuarios y la
eficiencia del transporte en todo el país. Sin una inversión pública sostenida
y urgente, el estado de las rutas seguirá empeorando, poniendo en riesgo la
competitividad económica y la integridad de miles de personas que transitan
diariamente por estas vías.
El estudio muestra que sólo el 47,5% de los kilómetros
relevados se encuentran en buen estado, una caída significativa respecto a
mediciones anteriores. Según el Instituto Argentina Grande, la proporción de
rutas en mal estado creció del 23% al 29% en solo dos años, mientras que las
inversiones en mantenimiento cayeron en promedio un 82% en términos reales.
Entre enero y mayo de 2025, el gasto en la red vial fue un 75% inferior al
mismo período de 2023, evidenciando un freno casi total a la obra pública en un
área clave para la economía nacional.
La falta de inversión pública, sumada a la demora en
concesionar rutas a empresas privadas o transferir su gestión a las provincias,
es la principal causa de este deterioro. Aunque esta estrategia contribuye a
que el Gobierno nacional mantenga superávit fiscal y controle la inflación, el
costo social y económico es alto: rutas inseguras, dificultades logísticas y
una pérdida creciente de competitividad para sectores fundamentales como la
agricultura, la minería y la energía.
El impacto económico de esta crisis es alarmante. Según la
Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anual necesario para el
sistema vial argentino supera los 4.200 millones de dólares, mientras que el
costo para recuperar la infraestructura en deterioro puede alcanzar los 40.700
millones. Por cada peso que se ahorra en mantenimiento, el costo de
recuperación futura se multiplica por diez, una realidad que advierte sobre la
insostenibilidad de postergar las obras de reparación y conservación.
En cuanto a responsabilidades, expertos como Eduardo
Plasencia, ex coordinador de Gestión de Vialidad en la gestión de Mauricio
Macri, señalan al gobierno nacional por la falta de acción efectiva. Plasencia
cuestiona la propuesta de contratar empresas privadas para ahorrar apenas 100
millones de dólares anuales, cuando el mantenimiento real cuesta cerca de 3.000
millones.
Además, plantea que el Impuesto a los Combustibles Líquidos,
que recauda aproximadamente esa cifra, debería destinarse exclusivamente al
cuidado de las rutas y no a financiar gastos corrientes, garantizando así una
fuente específica y sostenible para la infraestructura vial.
La precariedad de las rutas nacionales no solo es un
problema económico, sino también una amenaza para la seguridad vial.
En Neuquén, el aumento de accidentes fatales en caminos
hacia Vaca Muerta refleja las consecuencias directas del mal estado de las
vías. En Salta, los desprendimientos frecuentes en la ruta nacional 51 obligan
a los transportistas mineros a tomar caminos alternativos más largos y
peligrosos.
En Santa Fe, las autoridades provinciales responsabilizan al
Estado nacional por la falta de mantenimiento y la negativa a transferir la
gestión vial, pese al intenso tránsito de más de 2 millones de camiones durante
la cosecha, vital para la economía regional y nacional.
