A raíz del largo conflicto entre los trabajadores del
hospital Garrahan y el Gobierno nacional, que se inició en septiembre del año
pasado, la oposición en la Cámara de Diputados impulsó la aprobación de una ley
que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales por un
año, a la vez que jerarquiza al nosocomio como "referencia nacional"
en atención de alta complejidad.
El proyecto, que se debatió en el recinto en la sesión de
este miércoles, obtuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones, lo
que da los dos tercios de los votos de los presentes.
De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del
Congreso, la medida implicaría un gasto anualizado de más de $133 mil millones
y no se prevé de dónde saldrá esa partida, punto de objeción por parte del
presidente Javier Milei hacia las recientes leyes aprobadas por el Congreso y
vetadas luego por él.
¿Qué prevé la ley?
El proyecto que recibió media sanción de Diputados declara
la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales
en salud de la República Argentina por el término de un año, "debido a la
grave situación que atraviesa el sistema de salud".
Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica
de alta complejidad" y establece que debe garantizarse "su
funcionamiento pleno y sostenido".
Uno de los artículos que se agregó antes de la firma del
dictamen fue el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio
de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.
Según el texto aprobado y girado al Senado, se contempla
"la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para
bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura,
medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al
cuidado y atención pediátrica en el país".
También, "la recomposición inmediata de los salarios
del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población
pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones
críticas". Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas
las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no
pediátricos. "La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en
términos reales en noviembre del año 2023", indica.
Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de
salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias
cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.
Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo
deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de
Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, "y podrá ampliar los recursos
mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias".
Por otra parte, se prevé la creación de “una comisión de
seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de
Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del
Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y
representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir
informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.
“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de
salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución
presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de
referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes,
cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade el texto.
El conflicto del Garrahan comenzó en septiembre del año
pasado, con el primer paro de médicos desde que arrancó la gestión de Milei, en
reclamo por los sueldos bajos y el retorno del impuesto a las Ganancias.
Al mes siguiente, en una de sus primeras decisiones, el
ministro de Salud, Mario Lugones, despidió a los integrantes del Consejo de
Administración del hospital, que habían dispuesto otorgar un bono de 500 mil
pesos para los trabajadores.
En los meses que lleva el reclamo por la recomposición salarial -que contó con declaraciones de descrédito por parte del Gobierno- se estima que ya renunciaron más de 200 médicos.
Fuente: Parlamentario
