El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, advirtió sobre la erosión del sistema democrático en Argentina, promovida por el gobierno ultraderechista de Javier Milei que firmó el DNU 941/25 que habilita a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) a detener a personas sin orden judicial. Por esas facultades, no son pocos que comparan a la SIDE libertaria con la temible Gestapo [“Geheime Staatspolizei”, o “Policía Secreta del Estado”, en alemán] del régimen nazi.
A través de su cuenta en X, el abogado cuestionó la decisión del juez en lo contencioso y administrativo de CABA, Walter Lara Correa, de no habilitar la feria para tratar los amparos contra el DNU 941/2025, que es respaldado, tácitamente, no sólo por un sector de la Justicia y la Corte Suprema, sino también por partidos “republicanos” como el PRO y la UCR.
“El DNU 941/2025 habilita una suerte de ‘Gestapo posmoderna’ libertaria. Sin embargo, para el juez federal contencioso de la CABA Lara Correa y el Ministerio Publico Fiscal federal no penal, no existen causales para habilitar la feria y dar tratamiento a las causas promovidas”, denunció Gil Domínguez en su cuenta en la red social antes llamada Twitter.
En este sentido, el constitucionalista advirtió: “Los procesos de destrucción del sistema democrático no sólo se basan en gobiernos autocráticos, sino también, en la evaporación cómplice de los sistemas de control efectivos.”
Y apelando al sarcasmo, señaló que una Inteligencia Artificial llegaría a conclusiones opuestas a las del juez Lara Correa, que permite que siga vigente el DNU que permite a la SIDE, espiar a ciudadanos por motivos de ideología y hasta ordenar detenciones sin intervención judicial. “Cualquier IA con RAG de las principales piezas documentales, doctrina de la materia y un prompt no asertivo daría otro resultado.”
Cabe recalcar que producto de la Ley 26.122, o “Ley Cristina Kirchner”, todos los DNU que firma el Ejecutivo Nacional entran en vigencia, ni bien aparecen publicados en el Boletín Oficial. Esa norma sancionada en 2006, por impulso de la entonces senadora CFK, sostiene que los DNU sólo pueden ser anulados cuando ambas cámaras del Congreso los rechacen. Y sólo basta con que el Senado o Diputados la aprueben, para que los decretos queden firmes.
En consecuencia, la norma le otorga discrecionalidad al Ejecutivo de turno, que puede firmar DNUs y modificar leyes, sin acuerdo parlamentario. En 2024, el gobierno ultraderechista de Milei sostuvo todos los DNU, excepto el que le otorgó 106 mil millones de pesos a la SIDE libertaria. Con otra composición legislativa, la oposición logró anular el DNU 656/24.
Contra el DNU 941/25 se presentaron diversos amparos en la Justicia: el que firmaron los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, del interbloque Unidos; el de dirigentes radicales alfonsinistas como Leopoldo Moreau y Federico Storani; el impulsado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Llamamiento Argentino Judío y la Fundación Apolo, ligada al partido Republicanos Unidos.
De acuerdo con El Destape, los cinco amparos fueron rechazados este jueves por el juez federal Lara Correa, quien siguió el criterio que había dictaminado el fiscal Fabián Canda. En lo central, el magistrado sostuvo que resolver esas medidas implicaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, una competencia que corresponde a los jueces naturales de la causa y no a los tribunales de feria.
“Cada magistrado/a natural en el ámbito propio de su conocimiento, es el que deberá evaluar la existencia, o no, de convergencias o divergencias entre las distintas causas iniciadas a efectos de determinar el potencial proceso colectivo”, se excusó el juez de feria en el amparo de los diputados. Ante esto, el diputado Paulón, retrucó: “Hay urgencias y urgencias. Para el juez Lara Correa el DNU 941, que está vigente y suspende garantías constitucionales desde el 2 de enero pasado, no reviste ninguna urgencia para su tratamiento. Para el Gobierno sí hubo urgencia para dictarlo”, sentenció, filoso, el legislador rosarino.
Con la vía judicial demorada, será el Congreso quien tendrá la tarea de debatir cuanto antes un decreto que se encuentra vigente desde su publicación el 2 de enero pasado –Milei lo firmó el 31 de diciembre. Aunque la posibilidad de discutirlo en el recinto quedará habilitada el 29 de enero, el escenario más probable era que la sesión se realice en la primera semana de febrero, cuando todos los legisladores hayan regresado de sus vacaciones y se encuentren en Buenos Aires.
Ayer, en el límite del plazo legal, el Gobierno envió al Congreso el DNU 941/2025, con el que reformó la ley de Inteligencia Nacional en el último día del año, aprovechando el inicio del receso parlamentario. Es preciso insistir en que este decreto amplía las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia para vigilar, perseguir y hasta detener personas, algo que constitucionalistas calificaron como ilegal.
A partir del ingreso, la comisión bicameral de Trámite Legislativo tiene otros diez días hábiles para tratarlo. No obstante, pese a los reclamos realizados desde los bloques opositores, ni la vicepresidenta Victoria Villarruel ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se ocuparon de completar la conformación de esa comisión.
Milei reformuló por DNU la Ley de Inteligencia y la SIDE podrá disponer la detención de personas
Tampoco de la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que debería intervenir en este caso. Desde la Casa Rosada dejaron trascender que no planean hacerlo hasta el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo. De todos modos, cumplidos los diez días hábiles –el 29 de enero–, ambas cámaras estarán en condiciones de tratarlo con el quórum necesario para abrir la sesión.
Contra el quorum y para defender la vigilancia y detención de personas sin orden judicial, ya está trabajando la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Necesita impedir que haya 37 senadores dispuestos a debatir el tema y votar en contra del DNU en cuestión. Entre los aliados que van a convalidar este decreto, para muchos inconstitucional, estarían los tres senadores por Misiones, el bullrichista Martín Goerling y los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Una pauta de lo que harán los senadores paraoficialistas de Misiones, se puede ver en la actitud adoptada por sus espacios políticos: ni el Frente Renovador NEO, ni el PRO Misiones ni la UCR Misiones, emitieron una sola palabra, ni a favor ni en contra del DNU 941/25, que parece ser la antesala de la instalación de un estado totalitario, en el que la persecusión y detención de disidentes, sea algo habitual.
