Mientras miles de argentinos hicieron cuentas para ver si podían pagar una camiseta oficial o seguir el Mundial desde sus casas, el exgobernador misionero Maurice Closs eligió otro escenario: uno de los sectores más exclusivos del estadio donde Argentina derrotó a Egipto por 3 a 2 en un partido inolvidable.
Las imágenes muestran a Closs disfrutando del espectáculo junto a su familia. Cada uno es libre de gastar su dinero como quiera. Ese no debería ser el centro del debate. La verdadera discusión comienza cuando quien busca regresar a la política decide exhibir un estilo de vida que inevitablemente despierta una pregunta: ¿qué mensaje recibe el ciudadano común cuando ve a un exfuncionario, que pretende volver a ocupar cargos públicos, disfrutando de un nivel de vida que resulta inalcanzable para la enorme mayoría?
Porque la política no solo se juzga por lo que hace. También por lo que transmite.
Closs pretende reconstruir su imagen pública. Sin embargo, fotografías como estas parecen recorrer el camino contrario. No acercan al dirigente a la realidad cotidiana de los misioneros; lo muestran cada vez más distante de quienes llegan con dificultad a fin de mes.
El problema tampoco es el Mundial. El problema es el contexto. Durante años, Closs construyó su carrera política prometiendo representar a los intereses de la provincia. Después dejó la función pública, pero su nombre continuó apareciendo vinculado a empresas que realizaron importantes negocios con el Estado. Esos contratos son públicos y conocidos. La discusión política no pasa solamente por su legalidad, sino por la dimensión ética que supone que un exgobernante termine obteniendo beneficios económicos de un Estado que antes administró.
Del boletín oficial a los bolsillos de Closs: $2.340 millones sin control
Ese es el punto que la sociedad comienza a mirar con mayor atención. No alcanza con exhibir éxito económico. La pregunta es cómo se construyó ese patrimonio y si esa imagen fortalece o debilita la confianza pública.
En tiempos donde la ciudadanía reclama austeridad, cercanía y ejemplaridad, la ostentación suele transformarse en un problema político. Más aún cuando las entradas para ese tipo de ubicaciones pueden alcanzar cifras de miles o incluso decenas de miles de dólares por persona, un gasto completamente fuera del alcance de la inmensa mayoría de los argentinos.
Quienes conocen la política saben que las campañas ya no se ganan solamente con estructuras partidarias. También se pierden por las percepciones. Y pocas percepciones generan tanto rechazo como la sensación de que algunos dirigentes viven en una realidad completamente distinta a la de quienes dicen representar.
Si Maurice Closs quiere volver a ocupar un lugar central en la política misionera, deberá comprender que la discusión ya no pasa únicamente por su experiencia de gestión. Pasa por la credibilidad. Porque cuando un dirigente exhibe privilegios extraordinarios, inevitablemente aparecen preguntas que ningún palco VIP puede ocultar.
La política necesita dirigentes que inspiren confianza, no dirigentes que alimenten la percepción de que el poder fue el camino hacia una fortuna personal. Esa diferencia puede terminar definiendo muchas más elecciones que cualquier acto de campaña.
Justamente, sobre la impactante fortuna de Closs, del que los viajes a Estados Unidos o Europa, son apenas una muestra visible y ostentosa, vale remarcar que las empresas del exgobernador vienen facturando miles de millones por contrataciones directas y por un puñado de licitaciones públicas en el Estado.
Agencia Hoy informó, en base a la información difundide en Boletines Oficiales de Misiones, que las empresas del Grupo Closs –Petrovalle SA, Petromisiones SA, y otras–, facturaron un total de $2.340.616.978 por contrataciones directas y “reconocimientos de legítimo abono” con el Estado provincial en 2025. Y este número surge de acumular las operaciones informadas por el estado provincial en boletines oficiales publicados el año pasado.
Este año, ya se publicaron varios decretos de contrataciones directas y reconocimientos de pagos a las empresas de Closs, por la provisión de combustibles al Estado provincial concretados en 2025 –pero informados este año. Con lo que, la cifra real de lo que facturaron las empresas del grupo Closs, es mucho mayor a los $2.400 o $2.500 millones.
Empresas de Closs cobraron casi $280 millones por una contratación directa con la Policía y el SPP
Como si fuera poco, el 18 de junio pasado, apareció publicado en el Boletín Oficial N° 16.615, el Decreto N° 640, firmado el 22 de abril pasado, aprueba “en todas sus partes” la licitación pública 02/2026, “para la adquisición de combustible para el Parque Automotor Policial, Zona Capital e Interior de la Provincia por el término aproximado de (120) ciento veinte días del año en curso”.
El decreto, en su artículo 1° ordena adjudicar a Petrovalle SA “por la suma de $ 665.836.000,00 (…), por menor precio”. En tanto, también se adjudica “a la propuesta N° 2” de la empresa Raúl E. Alonso SRL “la suma de $ 76.293.600 (…) por menor precio”; y a la propuesta N° 3 Petromisiones SA “por la suma de $ 52.613.100 (…), por menor precio; encuadrándose el procedimiento en el Artículo 91° de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”
En el Artículo 2° y último de este decreto, se autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Policía y Servicio Penitenciario Provincial a proceder a la liquidación y pago de la suma de $ 794.742.700 (…), a favor de los oferentes y por los importes que se mencionan en el artículo anterior (…)”
Extienden hasta el 2026, el millonario alquiler del Ministerio del Agro con una empresa de Closs
Cabe remarcar que el Decreto 640/26 no especifica el periodo involucrado en la provisión de combustibles, y la cantidad de naftas y gasoil que estas empresas vendieron al Estado provincial. Se trata de una provisión por tres meses, por lo que, para todo el año, el combustible adquirido para la policía de Misiones, rondaría los $3.200 millones.
Además de estos negocios de las empresas de Closs con el Estado provincial, vale recordar que la esposa del exgobernador, también factura a través de contrataciones directas. En abril del 2025, a Ana María Sánchez le renovaron el contrato de locación del inmueble en el que funciona la Subsecretaría de Proyectos y Programas Especiales, por más de $15 millones (decreto 640/25) por un año.
La empresa Petrovalle SA, también le alquila inmuebles al Estado provincial. Según consta en el Decreto 1272/25, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, extendió el contrato de locación del inmueble donde funciona la cartera provincial, hasta febrero del 2026. El monto del alquiler mensual, en el primer trimestre del 2025, rozó los $4,4 millones y ese contrato de alquiler se prorrogó hasta febrero del 2026. El ministerio sigue funcionando en el mismo inmueble, por lo que ese alquiler también fue prorrogado este año.
