Este martes, durante un segundo turno de plenarios de comisiones en el Senado, la oposición logró el dictamen de mayoría del proyecto de ley de financiamiento universitario, con números muy holgados. Ahora el bloque Unión por la Patria busca llevar el debate al recinto este mismo jueves, pero necesitará del respaldo de otros bloques para reunir los dos tercios que se requieren para habilitar su tratamiento, sin esperar una semana entre el despacho y el recinto.
La celeridad del principal bloque opositor tiene una explicación lógica: el próximo 27 de agosto comienza la campaña electoral y será más difícil lograr conseguir quorum en el Congreso, porque muchos senadores y diputados estarán abocados a sus campañas electorales en las provincias. Justamente lo contrario pretende el oficialismo de La Libertad Avanza, dilatar todo lo posible las votaciones y así evitar que se sancione un proyecto que busca sacar a las universidades públicas, de la profunda crisis presupuestaria que atraviesan en el segundo año de la gestión del presidente ultraderechista Javier Milei.
Según información oficial del Senado, la Plenaria de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Eduardo de Pedro (Unidad Ciudadana) y Ezequiel Atauche (LLA) respectivamente, se reunieron por la tarde de hoy para abordar y poner a la firma de los senadores, la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y que establece el financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente con el objetivo de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina.
Antes de iniciar el tratamiento del expediente aprobado el 5 de agosto en la Cámara de Diputados, se acordó el nombramiento del senador Flavio Fama (UCR) como vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura. Una de las vocales de esta comisión es la senadora por Misiones, Sonia Rojas Decut, que, como es habitual, se mantuvo en silencio en el debate que se dio esta tarde en el Senado.
“Esta iniciativa actualiza, mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inversión para el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial de los docentes y no docentes, el sostenimiento de la investigación y las becas estudiantiles”, detalló de Pedro al inicio del debate.
Al referirse a los alcances del proyecto, el titular de la comisión Educación y Cultura afirmó que, “todos los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollarse a través de las universidades públicas y éste es el mejor proyecto para suplir el déficit de financiamiento que propone el Gobierno porque que hoy estamos financiando a 137 instituciones universitarias, a más de 2.350.000 jóvenes y a más de 220.000 docentes, donde el 85% de esa financiación irá al salario de los mismos”.
Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR), sostuvo que “los salarios docentes están 30% por debajo del año 2023 mientras les subieron los servicios y el transporte público mucho más que la inflación y las transferencias a las universidades están casi el 30% por debajo de lo que eran en 2023”. Además, recordó que el Gobierno nacional se maneja de manera discrecional con los recursos públicos, porque prorrogó durante dos años consecutivos, el Presupuesto 2023, sancionado en 2022.
En tanto, al referirse a la política del Gobierno respecto del déficit cero, el senador José Mayans (Frente Nacional y Popular) expresó que “el objetivo del déficit cero es a cualquier precio, siendo que en el gasto primario están incluidas las universidades, la salud, el presupuesto y la relación con las provincias”.
Por su parte, el senador Atauche manifestó que “el kirchnerismo viene a querer defender un proyecto y una forma de país que no queremos porque puede haber presupuesto con déficit o con superávit y nosotros lo preferimos con superávit. Ya tuvieron la oportunidad de gobernar muchos años y demostraron que no saben hacerlo”, dijo el senador liberticida, en defensa del ajuste contra las universidades públicas, que actualmente tienen menos recursos que la Vocería Presidencial que comanda el vocero Manuel Adorni.
“Soy producto de la universidad pública como muchos de ustedes”, declaró por su parte, el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) al expresar su acuerdo respecto en la actualización de los salarios docentes y no docentes. “Deberíamos exhortar al Poder Ejecutivo para que esta cuestión se realice y en referencia a la partida especial destinada a científicos y a más becas habría que poner como referencia al Plan de Ciencia 2030 vigente hoy y votado por unanimidad en este Senado”, señaló el habitual aliado del Gobierno ultraderechista.
En defensa del ajuste, la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) dijo: “no estoy en contra de la educación pública, soy fruto de ella, sino en cómo se está manejando hoy, y la Universidad Nacional de Córdoba hoy es una estafa para los cordobeses y los que estudian ahí ya que tiene menos del 20% de egresos, respecto de los ingresos y tal vez sea por el ingreso irrestricto, la mala gestión y porque es una caja política sin control”, comentó esta senadora cordobesa, que defiende los cupos de ingreso y sostiene la postura ideológica de calificar el valor de las universidades públicas. por el porcentaje de egresos.
La bullrichista Álvarez Rivero ya había dado la nota más temprano, cuando dijo que los niños no tienen derecho a atenderse en el Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país.
Pese a las insólitas declaraciones de Álvarez Rivero y de Atauche, el dictamen del proyecto para el financiamiento universitario logró una amplia mayoría y quedó listo para ser debatido en el recinto. Ahora la discusión pasa por cuándo se realizaría.
Al concluir la extensa reunión, según consigna el portal Parlamentario, Mayans intervino para decir: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar, y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”, dijo el formoseño. Se refería al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sentado a su lado y al que trataba de convencer.
El proyecto de financiamiento universitario recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa tiene por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC “en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.
En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. “Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”, agrega el articulado.
Además, exige que el PEN convoque “con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.
Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.
También se contempla que la Auditoría General de la Nación “realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control”. Cabe recordar que el organismo de control de las universidades es la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que está paralizado desde marzo, porque el oficialismo no define la integración del cuerpo colegiado.
