Provinciales
Empresa vinculada a un excandidato a concejal, cobró $153 millones del Ministerio de Salud Pública
Se trata de Mega Seguridad SRL, la firma dedicada a servicios tercerizados de seguridad que pertenece a la familia Stanganelli. El pago por los servicios prestados en enero en el Hospital de Pediatría y otros efectores del MSP, se concretó unas 7 semanas antes de las elecciones provinciales y municipales. Desde agosto del 2024 hasta abril del 2025, la empresa acumula más de $322 millones facturados al Estado provincial.

La empresa Mega Seguridad SRL, fundada por el excandidato a concejal y subsecretario de running del Ministerio de Deportes, Cristian Stanganelli, cobró más de $153 millones el 22 de abril pasado, unos dos meses antes de las elecciones provinciales y municipales de Misiones. Así lo informó el propio gobierno provincial a través del Boletin Oficial N° 16.377, donde figura el decreto N° 688, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua.
Este decreto, como
otros similares por los que Mega Seguridad viene facturando miles de millones de
pesos en la última década, consta de dos artículos. El Artículo 1° reconoce “el
gasto de legítimo abono a favor de la firma” mencionada, por “la suma total de ($
153.916.894,11), por la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia,
durante el mes de Enero de 2.025 (…)”
En el instrumento
legal se detallan las actas de recepción y las facturas involucradas por los
servicios tercerizados que Mega Seguridad SRL, prestó, como siempre, sin licitación
pública. De acuerdo con este decreto 688/25, el pago se concretó “encuadrando
el procedimiento en el Artículo 44° de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”
Empresa de seguridad ligada a un candidato, facturó otros $84 millones sin licitación pública
Según el detalle
informado, el MSP pagó $74.278.176,26 por la seguridad prestada en el Hospital Público
Provincial de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro” de Autogestión; $31.833.504,09 por
el Hospital de Aristóbulo del Valle; y otros $ 15.963.858,54 por el Hospital Modular
de Puerto Iguazú, entre otros efectores de Salud Pública.
El Artículo 2° de este decreto 688/25 es sólo una formalidad y autoriza a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a liquidar y pagar el monto citado en el artículo 1° del presente, a favor de la firma en cuestión, con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas (…)”.
Según fuentes consultadas, Mega Seguridad SRL estaría haciendo figurar que trabajan 8 empleados en el Hospital Modular de Iguazú, cuando en realidad lo hacen, efectivamente, 3 trabajadores. Estos deben cumplir con la carga horaria que correspondería a 8 personas, con lo que su demanda laboral es mucho mayor. “Lo mismo hacen en los hospitales de Roca, San Ignacio y Santa Ana. Hacen figurar más trabajadores de los que hay en realidad. Y los revientan con carga horaria”, confiaron las fuentes, en estricto off-the-record, por temor a represalias contra los trabajadores.
Pagaron otros $16 millones a empresa de seguridad vinculada a un candidato, sin licitación pública
Por otra parte,
como en otros decretos similares, ¿se cumplió con lo que estipula el artículo
44° de la Ley de Contabilidad General? Este sostiene: “El funcionario o agente
de cualquier dependencia del Estado, en sus distintos poderes, que realizara
compra o gastos en contravención con lo dispuesto en el Artículo anterior (43°),
o de las disposiciones de esta Ley, leyes especiales, decretos o
reglamentaciones que fijan el trámite pertinente, responde personalmente del
total autorizado o gastado en esas condiciones, siempre que el gasto no haya
resultado en beneficio de la Provincia. En este caso la autoridad superior en
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos de la Constitución y
Descentralizados podrán optar por
disponer del gasto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se
hiciere acreedor.”
En tanto, el
artículo 43° de esta ley que rige las contrataciones que hace el Estado
provincial, indica, entre otras cosas que “el Poder Ejecutivo podrá disponer
reestructuraciones de créditos, conforme a las facultades y con las
limitaciones que anualmente establezcan la Ley del Presupuesto General o sus
complementarias.”
Es decir, el decreto 688/25 detalla las condiciones que se cumplieron para este reconocimiento de legítimo abono en favor de la empresa de la familia Stanganelli, pero no hay argumentación que explique por qué no se realizó una licitación pública como lo ordena la Ley de Contabilidad General, salvo excepciones debidamente fundamentadas.
Por otra parte, el decreto tiene resonancias políticas, por el vínculo de la empresa con el excandidato a concejal de Posadas, Cristian Stanganelli. Es que Mega Seguridad SRL pertenece a la familia del subsecretario de Running, quien figura en el edicto de constitución de la empresa, que apareció en el Boletín Oficial N°13531, publicado el 7 de agosto del 2013. Además, Marcelo Stanganelli –hermano del excandidato a concejal– es CEO de la firma; y los recibos de sueldo de la empresa aparecen con el sello que sostiene que Hugo Stanganelli –el padre de Cristian y Marcelo– es el socio gerente de la empresa.
En un breve análisis de los decretos de reconocimiento de pagos o de contrataciones directas que beneficiaron a Mega Seguridad SRL desde agosto del año pasado hasta principios de abril de este año, muestra que, como mínimo, la empresa cobró $168.709.346,03 –en realidad la suma podría ser mayor, porque las contrataciones directas se dan a conocer meses después de concretadas. Con estos $153.916.894,11 abonados el 22 de abril, la firma de los Stanganelli acumula la friolera suma de $322.626.240,14 facturados al Estado provincial, por servicios tercerizados.