Política

Misiones: Exigen que la provincia se pronuncie frente al ataque del gobierno de Milei a las políticas de Memoria y de Derechos Humanos

Desde la CTA Autónoma lanzaron una convocatoria para una protesta el martes 14 frente a la Casa de Gobierno provincial, “ara repudiar el despido de miles de trabajadores de esas áreas” y para solicitar “a los funcionarios del Ministerio de DDHH de Misiones y otras dependencias similares” que “repudien las prácticas negacionistas y reivindicatorias de la dictadura genocida.”

Domingo, 12 de enero de 2025 - 18:22 hs.
Misiones: Exigen que la provincia se pronuncie frente al ataque del gobierno de Milei a las políticas de Memoria y de Derechos Humanos

Las medidas que está tomando el gobierno que encabeza el presidente ultraderechista Javier Milei, de desmantelamiento y destrucción de las políticas de derechos humanos, en especial en lo que refiere a la memoria frente a las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico militar de 1976 – 1983, están originando una importante reacción en todo el país y en Misiones, habrá una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial.

“Sin Memoria No hay Democracia”, advierten desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, filial Misiones, una de las organizaciones que convoca a la movilización del próximo martes.

“Ante el ataque del gobierno de Javier Milei a las políticas de Memoria y a las áreas de Derechos Humanos que como pueblo imaginamos y conquistamos para poner fin al proceso genocida y sus efectos en nuestra realidad hoy, nos convocamos este martes 14/01 en la Plaza 9 de Julio de Posadas a partir de las 9”, señalaron desde la CTAA.

“La Memoria no se borra, se defiende. La Memoria está en este pueblo que resiste y que no se resigna a la miseria planificada y al saqueo impune”, cuestionaron desde la Central obrera.


De acuerdo con lo difundido por la CTAA, un punto central de la movilización es lograr que el gobierno provincial fije una posición respecto de las medidas de desfinanciamiento y desguace de las áreas dedicadas a la preservación de la memoria y el castigo a los culpables de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, secuestros y apropiación de la identidad durante la Dictadura Militar.

“Nos convocamos para repudiar el desmantelamiento de las políticas nacionales y áreas de Memoria y Derechos Humanos” y también “para repudiar el despido de miles de trabajadores de esas áreas y exigir su inmediata reincorporación”, precisaron desde la CTAA.

Asimismo, “nos convocamos para exigir al gobierno provincial, a los funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos, Subsecretaría de la Memoria y otras dependencias similares se pronuncien reclamando el cese del desmantelamiento y repudien junto a nosotros, las prácticas negacionistas y reivindicatorias de la dictadura genocida”.

“Sumemos nuestros carteles, nuestras consignas, nuestras memorias, la historia de miles de luchadores de esta provincia que antes, durante y después de la dictadura protagonizaron y protagonizan luchas por Memoria, Verdad y Justicia”, finaliza la convocatoria a la movilización del martes 14.


Según indica un comunicado de la CTA Autónoma Nacional, el gobierno que encabezan Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, han propiciado el “desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa que aportaban información en los juicios que investigan y sancionan delitos de lesa humanidad y genocidio”.

Además, llevan adelante el “desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país”.

La denuncia sostiene que la administración anarco-capitalista propicia la “disolución de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, organismo que se ocupa de la búsqueda de niñas y niños robados durante la dictadura” y el “desmantelamiento de los Sitios de Memoria y áreas claves de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresada en los despidos de trabajadoras y trabajadores y en la paralización de las obras de mantenimiento y reparación.”


“De la mano de Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos de la Nación y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, el desfinanciamiento y los despidos en el área no pararon. Además de anunciar el cierre de las puertas del Centro Cultural Haroldo Conti, preocupa en particular a esta central de trabajadores y trabajadoras la situación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM)”, puntualizaron.

“Creado por decreto 1259 en el año 2003, (el ANM) se constituyó en el principal acervo para la preservación de toda aquella información, testimonios y documentos relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, que con carácter de intangibilidad debe ser conservado sin alteraciones, asegurando su integridad para las generaciones futuras. Allí se encuentran los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, advirtieron desde la CTAA, en un comunicado nacional, dado a conocer esta semana.

“Numerosas son las entrevistas con diversa documentación original aportadas por víctimas, testigos y querellantes que han manifestado su gran preocupación ante el riesgo que pueda correr este material, testimonio histórico de lo sucedido en la Argentina en los años de plomo. Todo lo cual puede atentar también respecto del resguardo de prueba que puede contribuir a la sustentación de los juicios que juzgan delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, manifestamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de dicho archivo”, revelaron desde la CTA Autónoma nacional.

“En este contexto, se ha constatado que al día de la fecha (9 de enero), y considerando el conflicto laboral de referencia, que se detalla a continuación, queda en peligro ese patrimonio documental”, apuntaron.


“Con un archivo sin autoridades designadas, con un back–up (respaldo) parcial de la información, testimonios y documentos, con más despidos, precarización y ajuste, el proceso de memoria está amenazado y en riesgo. Sobre un total de ciento tres (103) trabajadores y trabajadoras del ANM, treinta seis (36) personas fueron despedidas mientras que dieciséis (16) se encuentran sin contrato a la espera de su renovación. En tanto las personas trabajadoras que continúan sufrieron una drástica reducción salarial. En pocos renglones denunciamos la gravedad y profundas implicancias que tienen las distintas medidas, no solo en el funcionamiento sino también en los objetivos establecidos al crearse el ANM”, sentenciaron desde la central.

“Con los últimos despidos peligran el funcionamiento de sus distintas áreas. Por ejemplo, no hay quien garantice la atención en la Sala de Consultas; en Investigaciones Históricas la mitad de las personas que allí se desempeñaban fueron despedidas; en Conservación quedó una sola persona trabajadora a cargo de la conservación de cinco kilómetros (5 Km.) de documentos ubicados en trece (13) depósitos; en Respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad quedó sólo una persona al igual que en Recursos Humanos; en Digitalización dos (2) personas; en Gestión de Fondos Fotográficos y Audiovisuales, menos de la mitad del área para tareas de archivo, migración y acceso a los documentos y en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), la mitad del área para las investigaciones de víctimas y CCD y para la actualización de legajos CONADEP”, remataron desde la organización, mostrando con detalles, los alcances de la política de desguace de los organismos del Estado destinados a resguardar la memoria de la Nación.